Después de 18 años de sancionada la ley 6.730 -que lo creó y dispuso su implementación progresiva- finalmente en octubre de este año, el Código Procesal Penal logrará regir en toda la geografía mendocina y unificar así el sistema judicial de la Provincia.
Días atrás, el obsoleto sistema "inquisitivo" dejó de existir en la Segunda Circunscripción judicial del Sur de Mendoza y se instaló el "acusatorio", como hace décadas ya funciona en el Gran Mendoza y en el Este provincial. Hoy sólo resta que el Valle de Uco adecue sus cargos, oficinas y procedimientos al CPP vigente y esto ocurrirá dentro de dos meses.
Celeridad en los procesos, seguridad en el acceso y protección de las pruebas en las primeras etapas de la investigación y una equidad judicial en Mendoza -que hoy no es tal- son los beneficios que, a primeras, traerá la reestructuración que está terminando de pulirse en la Cuarta Circunscripción Judicial del Valle de Uco.
Actualmente, existe sólo un juez de instrucción -Oscar Balmes- que recibe todas las causas penales que se originan en una población de más de 115 mil habitantes, que es la que tiene el Valle de Uco y que está en franco crecimiento. Pero la base del problema no radica en la alta demanda, sino en que hoy este magistrado -a la vez- lleva adelante la investigación y resuelve sobre los casos.
"En el actual tipo de procedimiento acusatorio, la figura del fiscal cobra relevancia. Nosotros estamos trabajando en la reingeniería, algunos letrados seguirán cumpliendo las mismas funciones y otros se sumarán; para lo cual ya se han preparado y concursado", explicó el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, quien reconoció que -por "cuestiones de recursos"- la ley 6.730 no se implementará con la estructura ideal, sino sumando algunos cargos posibles. Así las cosas, Balmes pasará a ser juez de Garantías y se sumarán dos defensorías y tres fiscalías (una de Instrucción y las otras dos con competencia en lo civil y en lo penal).
En 2015, se trataron más de cuatro mil causas sólo en el ámbito penal en la región.
Actualmente, sólo existen estas dos últimas fiscalías, que son multifueros. "De esta manera, queda asegurado todo el proceso acusatorio: el fiscal que investiga, el juez que garantiza el proceso y resuelve y el defensor público, que patrocina al acusado que no puede afrontar los costos del proceso", explicó el funcionario.
El nuevo mapa se completa -quizás sea su aporte más interesante- con la incorporación de quince ayudantes de fiscal, quienes tendrán sus oficinas en las seis comisarías del Valle de Uco. Allí trabajarán en la toma de las denuncias, en garantizar la recolección de pruebas en las etapas iniciales de la investigación y asistiendo al fiscal en las distintas instancias del proceso.
Estos ayudantes ya fueron evaluados y nombrados y serán asignados a las comisarías de la región, según lo indiquen las estadísticas delictuales de cada zona. En 2015, se trataron más de cuatro mil causas sólo en el ámbito penal en la región.
Ahora, los policías trabajarán codo a codo con los ayudantes de fiscal en la búsquedas de las pruebas y demás acciones que mande el fiscal en las etapas iniciales del proceso. La ley que dispone la implementación del CPP en el Valle de Uco y el Sur fue sancionada en diciembre del año pasado y daba todo el plazo de este año para ejecutarla. Este mes, el sistema acusatorio comenzó a regir en la Segunda Circunscripción Judicial (los tres departamentos del Sur) y en dos meses será el turno del Valle de Uco.
Los letrados de la región están esperanzados en los cambios. Habían formulado algunas modificaciones al proyecto inicial, alguna de las cuales fueron tomadas incorporadas y otras no. Plantearon en un momento cambios en la Cámara del Crimen.
"Se implementó de la manera más ágil y posible", sostuvo D'Agostino, quien destacó la decisión política de la actual gestión para llevar adelante este cambio postergado por casi dos décadas.
