El decreto que dispone una reducción impositiva para YPF y la condonación de una deuda millonaria ingresó ayer a la Legislatura. Y ni bien entró el texto, comenzaron las repercusiones.
Tal como lo adelantó ayer Los Andes, el acuerdo que cerraron hace casi un año el gobernador, Francisco Pérez, y el CEO de la petrolera nacionalizada, Miguel Galuccio, fue publicado en el Boletín Oficial de ayer y ya está listo para dar el paso siguiente: la ratificación legislativa, es decir, lograr que ambas cámaras lo aprueben por simple mayoría.
Para esto, lo primero es lograr la sanción en Diputados, cámara por la que entró el texto y en donde el peronismo está ajustado en números, ya que tiene 22 legisladores contra 26 opositores (de ese total, 21 son de la UCR ).
En la principal bancada de la oposición, por ahora, hay cautela y no adelantan nada. Ayer, los legisladores radicales comenzaron sus acciones y redactaron dos pedidos de informes para que, con toda la información a cuestas, puedan dar un sí o un no a la jugada que comenzó Pérez hace un año.
En el FIT, a priori y con la salvedad de no haber leído aún la letra fina, anticiparon un posible bochazo, mientras que en el PD cantaron, por adelantado, su voto negativo.
“Hoy la posición que tenemos es que estamos en el medio. Vamos a ver cómo está y cómo viene jurídicamente”, supeditó su definición Néstor Parés, presidente del bloque de diputados y una de las voces de Alfredo Cornejo, gobernador electo, en la Legislatura. Con esto, quedó al menos relativizada la negativa que podría suponerse del radicalismo, que cuestionó duramente al Gobierno el año pasado cuando se confeccionó la nueva ley de Hidrocarburos.
“Fuimos críticos y seguimos siendo críticos”, aclaró Parés y volvió a apuntar a la necesidad de información. “Hace 11 meses fuimos convidados de piedra y ahora también. La diferencia ahora es que hace unos meses, ganamos las elecciones”, remarcó el diputado.
Pero más allá de las críticas, lo cierto es que en tiempos de transición y una tregua entre el oficialismo y la UCR, necesaria para poder sentarse a hablar, nadie asegura que se vaya a votar en contra, aunque las diferencias están planteadas.
Una de ellas tiene que ver con las deudas y un ‘perdón’ provincial. Según declara el decreto 1.326, a cambio de que YPF realice una serie de inversiones y desarrolle el potencial hidrocarburífero, se reducen los compromisos a $ 150 millones “por todos los conceptos incluidos en el acuerdo” en lo referido a “la regularización de las deudas (de la petrolera) existentes con la Administración Tributaria Mendoza”. Esto se extendió hasta el 31 de julio del 2014.
El tema es que Pérez había admitido, en junio del año pasado, que la deuda ascendía a los $310 millones, mientras que en el radicalismo, con números propios, hacían cuentas y estimaban para ese entonces $ 900 millones. Este pasivo se compone por la diferencia entre el 2% de regalías que por decisión unilateral pagó YPF en concepto de Ingresos Brutos a Mendoza y los porcentajes que se fueron fijando en la provincia, a través de las sucesivas leyes impositivas aprobadas: 4% para 2012, 6% para 2013 y 5% para 2014.
“¿Cuál es el monto actualizado que YPF SA le debe a Mendoza por todo concepto?”, interroga uno de los pedidos de informes y requiere “discriminar para cada caso el concepto que motiva la diferencia en el cálculo”, es decir, Ingresos Brutos, la liquidación del canon por renta extraordinaria y la Responsabilidad Social Empresaria.
Este pedido fue elaborado por el diputado radical Jorge López y está dirigido al ministro de Hacienda, Juan Gantús, con la intención de saber, justamente, los alcances de la deuda. Otra misiva será enviada por la UCR al ministro de Energía, Marcos Zandomeni, con la intención de conocer cuáles son las compensaciones que YPF hizo en obras.
Otra de las diferencias está en el porcentaje de la alícuota de Ingresos Brutos. El 5% quiere llevarse al 3%, según el acuerdo firmado con la petrolera estatal. “El problema es que otras empresas pueden pedir lo mismo, que se les baje la alícuota de Ingresos Brutos”, cuestionó López.
Fuera de estos requerimientos, quedan otras cuestiones que pasan por la discusión política del tema. “Se plantea en el acuerdo una necesidad imperiosa de recuperar la soberanía hidrocarburífera y el decreto se manda casi un año después.
Acá se quiso esquivar el debate profundo sobre la potestad de la Provincia sobre los yacimientos hidrocarburíferos”, agregó López y consideró: “Si se quiere incentivar la inversión, como plantean, ya existen señales hacia adentro en este sentido. Si hoy una empresa realiza este tipo de incrementos y desarrollos, tiene una reducción del 5% al 3.5% en la alícuota. Eso es incentivar la atracción de capitales”.
En el PD argumentaron su voto en contra. “Hay otras actividades que pidieron lo mismo y no tuvieron respuesta, como es el caso de la vitivinicultura y la fruta. Acá hay una decisión que tenía que ser a referéndum de la Legislatura y en ningún momento se nos informó de lo que se firmó. El Gobernador nunca se reunió con nosotros para explicar el por qué de la rebaja”, dijo Rómulo Leonardi, uno de los dos diputados demócratas.
"Benefició a Mendoza y a las próximas gestiones"
El gobernador, Francisco Pérez, salió en defensa del convenio firmado el año pasado con YPF por la cancelación de deudas de Ingresos Brutos: “Esto benefició a la Provincia y beneficiará a las próximas gestiones, atento a que a pesar de la caída estrepitosa del precio del barril del crudo a nivel internacional, se sigue invirtiendo”.
Pérez dijo que el convenio vino a solucionar una disputa judicial, aunque cabe recordar que lo primero que se supo acerca de la diferencia fue una intimación administrativa que hiciera la ATM a fines de mayo de 2014 por 310 millones de pesos por la diferencia en el pago de ingresos brutos.
“Hoy hay más de 110 pozos y estamos hablando de 300 trabajadores por pozo, además de todos los servicios tercerizados y que sacar crudo aumenta la producción de Mendoza y las regalías”, justificó el mandatario.
"Impericia o mala fe"
Quien será a partir de diciembre vicegobernadora y, por lo tanto, presidente provisional del Senado, también cuestionó el decreto de Pérez. Laura Montero, en un comunicado, se sumó a las críticas de la oposición.
“Aquí hubo un hecho que es gravísimo por donde se lo mire; o fue impericia para la negociación del convenio o mala fe porque claramente la postura de YPF es híper ventajosa. Es decir, si le ratifican la baja de Ingresos Brutos por ley, adiós a la deuda existente al 31 de julio de 2014. Si al 31 de agosto de 2015 la Provincia no ratifica por ley la baja, el pago de los 150 millones de pesos se considerará como pago a cuenta de los Ingresos Brutos y/o regalías a futuro”, cuestionó.
