Legisladores peronistas han presentado dos proyectos que pretenden reimpulsar el desarrollo minero en Mendoza, y han cobrado trascendencia tanto a favor como en contra.
Si bien desde el Gobierno afirman que analizarán estas iniciativas, admiten que las leyes restrictivas, como la famosa 7722, "amputaron la minería" y que luego de 11 años (la ley se aprobó en 2007) "han cambiado las condiciones", por lo que la provincia estaría en condiciones de ampliar la minería con los controles correspondientes.
Ayer hubo una reunión entre los dos senadores peronistas autores de los proyectos, Juan Agulles y Alejandro Abraham, con representantes sindicales (CGT) y de sectores mineros y metalúrgicos (Uocra, Asimra, UOM y AOMA) para explicar los alcances de los proyectos. No obstante, también participó, en representación del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú.
El funcionario afirmó que analizarán los dos proyectos, pero señaló que hay una "decisión del Gobierno de que es necesario hacer algo con la economía de Mendoza" y que dentro de ese ámbito se encuentra la ampliación de la matriz productiva con el desarrollo minero.
Guiñazú, quien comentó que la instrucción del gobernador Alfredo Cornejo es "que se estudie el tema", aplaudió que se abra nuevamente en la Legislatura este debate y apuntó a que luego de 11 años en el que se sancionó la llamada ley "antiminera", el país y la provincia tienen las herramientas necesarias para controlar proyectos de minería sustentable.
"Hace 10 años existía un determinado set de herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes, buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años", argumentó el funcionario.
Además se preguntó: "Si la minería es exitosa en muchísimos lugares del mundo, ¿por qué no puede serlo en Mendoza?". En este sentido, opinó que la ley 7722 (que propone ahora reformar el senador Abraham) "tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista. La pregunta es: ¿hoy Mendoza está mejor o peor que en 11 años?".
Finalmente, respecto a que ha sido la oposición la que ha presentado estos proyectos para reformar la 7722, Guiñazú expresó que "es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Si las fuerzas políticas están con la intención de tratar el tema con seriedad y no con especulación, aplaudimos la iniciativa".
Mientras tanto, Luis Márquez, titular de la CGT a nivel local, afirmó que si la minería está controlada y no afecta de manera negativa el medio ambiente, sería una buena noticia ya que ampliaría la cantidad de puestos de trabajo.
"No vamos a estar en contra si hay controles. Según informes, en el corto plazo podríamos tener unos 10.000 puestos de trabajo directos más con la reactivación de la minería", destacó el metalúrgico Márquez, y aclaró que también se mejorarían los demás sectores con la mano de obra indirecta.
Qué propone el peronismo
El proyecto de Alejandro Abraham propone modificar la ley 7722 y especifica las restricciones de uso de las sustancias para practicar la minería metalífera. Si bien se sigue prohibiendo el cianuro, mercurio y el ácido sulfúrico, el proyecto elimina la frase "y otras sustancias similares", lo que reduce el universo de restricción.
Asimismo, crea controles multisectoriales, tanto de la Legislatura como de Irrigación.
Con los mismos controles aparece el proyecto del senador y ex intendente de Malargüe Juan Agulles. A diferencia de Abraham, no pide modificar la 7722 sino que crea la figura de parques industriales mineros controlados, en los cuales "cada municipio decidirá qué hacer con su territorio. Los que quieran hacer minería, lo podrían hacer, como establece la ley de Uso de Suelos".
El dato es que dentro del parque industrial minero "no regiría la 7722". Las áreas que podrían utilizarse serían una parte de Malargüe, otra de Las Heras y una de Luján.
Se viene una grieta transversal con la modificación de la 7722
La modificación de la 7722 hace crujir las identidades de las fuerzas políticas. Es que la grieta entre mineros y antimineros es transversal, hay de los dos bandos en todos los espacios.
Hasta ahora los únicos que abren el paraguas son los intendentes dónde la licencia social de la minería es escasa o nula. Particularmente en el Valle de Uco está la resistencia más fuerte. Allí hay dos intendentes de Cambia Mendoza: el sancarlino Jorge Difonso y tupungatino Gustavo Soto.
Difonso repite a los cuatro vientos "la 7722 evitó que fuéramos Jachal (nota de la redacción: alude a los 3 derrames de cianuro de Veladero). La reforma pone en riesgo el agua de Mendoza, en su cantidad y calidad". Y recuerda que el lunes habrá "consejo consultivo ciudadano", una suerte de encuentro popular para ratificar el rechazo de los sancarlinos a la minería.
Soto también rechaza, con un matiz, que la minería se haga en otro lado, no en el Valle de Uco: "Entiendo que tenemos que cambiar la matriz productiva, pero en los lugares en que realmente se pueda realizar. Acá en el Valle de Uco no hay discusión, porque no hay cantidades de agua como para que la actividad se pueda realizar".
Estos intendentes por ahora no tienen un problema serio, porque Alfredo Cornejo no se ha pronunciado a favor del proyecto del senador PJ Alejandro Abraham.
En Tunuyán gobierna el peronista Martín Aveiro. Si bien Abraham es de un sector interno distinto al del intendente, no deja de ser un dirigente del PJ el que quiere modificar la 7722.
El secretario de Gobierno Martín Hinojosa dijo que no tiene opinión del proyecto, pero que "apoyamos la 7722".
