La firma del acuerdo Mercosur-UE, obliga a todos los actores económicos y políticos a tomar conciencia de la necesidad de concretar profundas reformas económicas y sociales largamente postergadas. Son las reformas que han llevado al país a un largo estancamiento y retroceso económico.
No es el acuerdo el que nos obliga a las reformas; es la realidad económica la que reclama medidas. El convenio lo que nos dice es que si no las hacemos por las buenas, un día las vamos a tener que hacer de mala manera. En primer lugar se debe adaptar el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, organismos descentralizados y autárquicos, empresas y otros entes. Es imprescindible definir con claridad y precisión cuáles son las funciones que debe cumplir, sin duda mucho menores que las actuales, y qué deben hacer los privados. Pero a su vez que haya funciones que ayuden al crecimiento del país y al bienestar de todos los habitantes y no de unos pocos.
Esa transformación de la organización estatal debe confluir en una considerable reducción del gasto y de la carga tributaria y paratributaria. Hay que alcanzar una relación gasto público/PBI y presión fiscal/PBI como la que teníamos hace dos décadas atrás. Sin conseguir esos objetivos será imposible controlar la inflación, reducir el endeudamiento público, tener una moneda sana, menos aún lograr los niveles de inversión que aseguren crecimiento sostenido. No hay duda que llevar a cabo una reforma como la que se necesita para desbloquear a la sociedad no será una tarea indolora; los grupos de interés que existen dentro del aparato estatal y en torno a él, son muy fuertes. Un proceso de reforma a fondo requiere de un gobierno que le hable claro a la sociedad, que muestre la realidad tal cual es.
Por otra parte, sin voluntad política, claridad de ideas y convicción sobre la necesidad y conveniencia de las reformas será difícil poner en marcha estas políticas. Hay que modificar hábitos culturales muy arraigados y los gobernantes tendrán que tener capacidad pedagógica para persuadir a la población.
Pero no es sólo el sector público, el Estado, el que debe cambiar. El sector privado, o buena parte de él, también y mucho. En primer lugar hay que introducir la competencia en todas las actividades económicas, terminar con los privilegios y protecciones que impiden la competencia. Es la competencia la que, en definitiva, junto la reforma del Estado, va a dar competitividad a toda la economía.
Hay que establecer reglas claras y estables que estimulen el ahorro y la inversión productiva, que primen ambas sobre el consumo inmediato.
Y también se debe desterrar el concepto de que la única inversión es la financiera. Estimular la inversión productiva requiere reformas de la legislación laboral y previsional; el trabajo y la producción han cambiado dramáticamente. en el mundo.
El desafío es enorme; no encararlo es condenarnos a la mediocridad en que estamos y a la pobreza de un tercio de la población.
