El gobernador Alfredo Cornejo, por tercera vez en su gestión, puso en vigencia una norma para limitar la contratación de personal y controlar, entre otros aspectos, los asesores que puedan contratar sus funcionarios. El filtró será su firma.
En total, hay 1.423 personas que facturan para el Estado, número que se distancia de los 2.669 que había en 2.015. Según las declaraciones de la Administración Central en cumplimiento a la ley de Responsabilidad Fiscal, en 10 años sólo queda 37% de agentes estatales bajo esta modalidad de empleo.
Otra novedad es que se dieron de baja a casi dos mil líneas de celulares oficiales. En diciembre de 2015 había 6.089 líneas activas, mientras que ahora hay 4.113. La mayoría está en el Ministerio de Seguridad. El decreto delimita quiénes podrán tener celulares y pone un plazo para que los devuelvan aquellos que dejan las funciones.
Ayer, salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 2.544 de "restricción de gasto público", que tendrá validez durante todo el año. Pero la norma no es nueva: su antecesor, Francisco Pérez, la implementó en sus años de gobierno con la intención de "congelar" el crecimiento de la planta del Estado, aunque la cantidad de estatales se incrementó de todas maneras. Entre las incorporaciones hubo varios funcionarios.
La norma que firmó Cornejo, entre otros aspectos, restringe la contratación de gente a través de la locación de servicio y establece que sólo se podrá hacer con la firma del gobernador y del ministro de Hacienda, Miguel Lisandro Nieri. Es decir, las nuevas incorporaciones a través de contratos deberán pasar por el segundo y cuarto piso de la Casa de Gobierno.
En su sentido práctico, la norma pretende limitar el "sueño" de los secretarios, directivos y ministros de tener asesores y gente a su cargo a través de los contratos de locación, figura por la que se suele emplear a abogados y contadores, aunque también hay otras profesiones dependiendo del área.
“Lo que hace es restringir de alguna manera el ‘libre albedrío’ de contratación de gente del Estado, además de los adicionales, las subrogancias, las mayores dedicaciones y hasta las misiones especiales. Todo esto pasa ahora por un control anterior que hace el Gobernador”, explicó Paula Allasino, directora General de Presupuesto.
En total, en el gobierno provincial hay 1.423 contratos de locación y para este año se proyecta destinar $ 565.154.406 a este tipo de empleo.
“De 2.669 contratos que existían al comenzar la gestión en diciembre de 2.015, hubo una disminución a 1.566 a diciembre de 2016 y a 1.423 a diciembre de 2017, lo que representa un total de 1.246 contratos menos, es decir una reducción de al menos un 45%”, afirmó el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez.
Cubrir las obligaciones de los contratos de locación significa una erogación de más de 565 millones de pesos para el Estado provincial.
Un decreto para controlar
La “restricción del gasto público” lejos de ser una medida para sortear una crisis, es una herramienta de control para el Ejecutivo. “No sé si la gestión anterior cumplía con el congelamiento de la planta, pero desde que estamos nosotros es un mecanismo para afinar el gasto”, explicó Allasino.
Según la funcionaria, el cumplimiento del decreto les permite “cruzar datos” y así “tener un control de la planta de locaciones” para verificar que ninguna persona reciba dos retribuciones del Estado, a partir de pertenecer a la planta y ofrecer un servicio aparte.
A su vez, permite controlar que cada área gaste mensualmente lo previsto y que “el gasto no crezca más allá de lo que la Legislatura autorizó en el Presupuesto”, explicó Allasino. El decreto también establece que toda contratación de bienes de capital debe pasar por la firma de Cornejo y Nieri. Es decir, cada vez que una dependencia quiera comprar una computadora, por ejemplo, tendrá que tener la autorización mencionada.
“Hay situaciones en las que se compra más de lo que necesita. Esta norma nos sirve porque nos refresca la memoria sobre lo presupuestado y sirve para tener un control más amplio del Estado, para ver cómo y porqué están comprando, además de las formas”, señaló la directora de General del Presupuesto y comparó la tarea a la que hace Tribunal de Cuentas, pero en una etapa previa.
Una práctica cuestionada
Cuando se habla de la cantidad de agentes estatales, suelen quedar afuera del recuento los contratos de locación de servicio, ya que sólo se registra a los trabajadores de planta permanente y temporaria. Para este año se prevé 83.190 agentes, entre permanentes y temporarios. Pero en los hechos, las tareas que suelen cumplir pueden ser la mismas, más allá de la modalidad de empleo.
Según cuentan, además de ser una forma de precarización laboral, se trata de una práctica discrecional de los gobiernos como una forma de devolver ciertos favores políticos. A diferencia de un empleado de planta permanente o temporal, los contratados son proveedores del Estado que deben inscribirse en el monotributo y facturar.
En este punto, en los sindicatos destacan el ingreso y ascenso por concurso, modalidad que se implementó en 2016. “Esto evita el ingreso por el dedo político o el amiguismo. Cualquiera que ingrese hoy lo tiene que hacer por un concurso abierto. Nuestro pedido en paritarias es que los que tienen contratos y prestaciones tengan un puntaje a la hora de concursar”, señaló Joaquín Tolosa, paritario titular de la Administración Central por ATE.
