Días pasados, ante una situación planteada en un colegio de Godoy Cruz, el gobernador de la Provincia anunció el pronto envío a la Legislatura de un proyecto de ley que agrava las penas -incluyendo la prisión por 10 días- para quien agreda a un docente. La iniciativa oficial podría ser calificada de coherente y necesaria, en razón de que en los últimos tiempos se habían multiplicado los hechos de agresión en los establecimientos educativos.
Habría que comenzar recordando que décadas atrás en la Argentina se había instalado una cultura de absoluto respeto hacia la autoridad escolar. Se partía de la base de que el docente "siempre" tenía razón y, ante cualquier denuncia del chico, los padres concurrían a la escuela para pedir explicaciones dentro de un marco de convivencia entre el colegio y el resto de la sociedad. Con el correr de los años y muy especialmente como consecuencia de la instalación de una política de contención del alumno en la escuela, aquella política de respeto fue haciéndose más laxa, más permisiva, hasta llegar a situaciones inconcebibles e inaceptables, como el caso de que una docente agredida demoraba más en volver a dictar clases por las heridas recibidas que la sanción del alumno agresor.
Los datos que se conocen son alarmantes. Según un estudio realizado por la Federación de Educadores Bonaerenses, un docente por día es víctima de agresiones verbales en la provincia de Buenos Aires, mientras que se registran entre dos y tres episodios de violencia física hacia educadores semanalmente. El trabajo determinó que las agresiones físicas que los docentes padecen son golpes, empujones, tomadas de cuello, tiradas de cabello, cachetadas o cortes con elementos y la violencia verbal viene con insultos, descalificaciones y amenazas, mientras que también se registran casos en los que se raya el auto o rompen las cubiertas a los coches propiedad de los maestros. Luego de indicar que además del golpe físico el docente tiene un daño psíquico y emocional, el estudio indica que la problemática debe ser abordada desde "múltiples lugares" porque es la violencia en la sociedad la que se traslada a la escuela.
En el caso de Mendoza, si bien no existen datos específicos, debemos advertir que la provincia no escapa a la generalidad aunque, también es dable destacarlo, existe menor virulencia que en algunos sectores bonaerenses. Días pasados, una docente de Godoy Cruz sufrió una agresión física, situación que motivó una inmediata reacción de parte del Gobernador. Días antes, durante el III Pre Foro de Calidad Educativa, Alfredo Cornejo había asegurado que en Mendoza "tenemos un recurso humano muy valioso", en relación a los docentes y pidió a los padres que se sumen a la educación, no sólo para quejarse o recriminar. Con posterioridad y con el hecho de agresión consumado, el mandatario endureció el discurso anunciando el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que contempla penas de hasta 10 días de arresto para aquella persona que agreda a un docente. Destacó que también se contempla la creación de la figura del "defensor del docente", para que los responsables del aula cuenten con un abogado gratuito que los asista en la denuncia, aplicando el Código Penal. Se indicó que otro artículo incita a las autoridades escolares a comunicar la situación de presunta violencia, maltrato o abuso, destacando que todo quedará en manos de un asesor judicial para evitar cualquier represalia que el docente pueda sufrir.
Se trata de medidas atinadas y coherentes, de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo. Es necesario recuperar aquella cultura de respeto a la autoridad escolar, adaptada a la época, porque la necesidad de generar cambios en la sociedad debe partir de la base, en este caso la educación, aspecto en el que todos tenemos una cuota parte de responsabilidad, desde los funcionarios hasta los padres de los alumnos.
