Comencemos citando esta, por demás interesante opinión sobre el tema que nos ocupa: “La satisfacción de apreciar un ave y poder identificar, saber cómo se comporta, de qué se alimenta, dónde nidifica o reconocer su canto es el resultado de la dedicación y los conocimientos acumulados y la base para apreciar a estos seres extraordinarios que nos brinda la naturaleza”.
La frase pertenece al connotado biólogo mendocino Virgilio Germán Roig, próximo a cumplir 90 años, y está contenida como prólogo en una guía de campo de la década del ’90, que realizaron el sueco Claes Chr. Olrog (ya fallecido) y Elba A. Pescetti, “Las aves del Gran Cuyo”.
La hemos utilizado como introducción para considerar en esta columna la acertada medida del Ejecutivo provincial, de proponer la declaración de monumentos naturales a ocho especies de la avifauna mendocina, de los cuales sólo tres son alados, como el cardenal amarillo, el águila coronada y el popularmente conocido como siete cuchillos, Saltator aurantiipostris, y los demás son otros animales componentes de la fauna silvestre y acuática.
Reiteramos que es muy ponderable la intención del gobierno provincial de establecer una protección y cuidado sobre estos ejemplares, básicos para la jurisdicción que habitamos y muchos de los cuales son sometidos a la caza indiscriminada y varios de ellos se encuentran como mercancía de los cazadores ilegales, que luego los venden clandestinamente.
Se trata de ocho animales que se sumarían a los seis que ya están contemplados en el artículo1° de la ley 6.599, entre los que se encuentra el cóndor andino.
Las nuevas especies que pasarían a formar parte de las especies “monumento” son, además de los ya nombrados, el piche, la ranita de Pehuenche, el gato andino, la lagartija de El Nihuil y el bagre otuno.
Si se concreta esta iniciativa, que descontamos tendrá aprobación en las dos cámaras legislativas, habrá que ver cómo se consigue frenar, o por lo menos disminuir, el flagelo del comercio ilegal, el contrabando, la caza furtiva, la captura o recolección de especies en peligro de extinción, todas situaciones que desnaturalizan la vida silvestre protegida.
Como con esta declaración se apunta a la protección total de estos componentes de la fauna silvestre, habrá que ver de qué manera se pueden reforzar los componentes del valioso servicio de los guardaparques, custodios irrestrictos de este patrimonio, procurando que dispongan de más elementos para su trabajo, mejores movilidades y medios de comunicación, y en lo posible aumentar sus planteles en atención a la inmensidad del terreno que deben cubrir.
Afortunadamente la reforma del Código Penal consiguió incorporar bajo su jurisdicción los delitos contra la fauna vernácula y dispuso penas de prisión y multas para quien cace o pesque ejemplares protegidos y en peligro de extinción.
Pero para localizar y aprehender a los cazadores furtivos hay que disponer de logística y medios de manera que los procedimientos sean exitosos y desalienten a quienes quieran seguir incurriendo en prácticas prohibidas.
En síntesis, se dispone de leyes de protección, se aumentaron las penas por cometer estos delitos, por lo que ahora es el turno de apuntalar lo más que se pueda el trabajo esforzado de los hombres y mujeres de la Dirección de Recursos Naturales que combaten a las personas que atentan contra estas valiosas especies.
