Un manotazo de ahogado para mantenerse a flote hasta diciembre. Así puede considerarse para las cada vez más complicadas finanzas provinciales el último plan de facilidades de pago de la gestión de Francisco Pérez, lanzado ayer, que en base a seis cuotas y quitas de interés de hasta el 98% busca regularizar deudas de impuestos provinciales y garantizar fondos frescos para las vacías arcas públicas antes de fines de agosto. Y así afrontar gastos corrientes como sueldos y proveedores.
Se trata de la segunda avanzada recaudatoria que impulsa el Ministerio de Hacienda a través de ATM (Administración Tributaria Mendoza) en menos de un año, en este caso para deudas vencidas al 31 de marzo de 2015 tanto de Ingresos Brutos como de Inmobiliario, Automotor y Sellos, con color de moratoria por sus ventajas. Cabe recordar que en octubre de 2014 había lanzado una iniciativa similar, con plazos de más de 12 meses y quitas del 85% que se prorrogó hasta fin del año pasado.
Tras eludir cualquier cifra sobre la meta a alcanzar, el director de la ATM, Claudio Gil, consideró que “es una herramienta para mejorar la recaudación actual. Cerca de fin de mes vamos a analizar si se cumplió la expectativa y si amerita extenderla o no”.
Con ese norte, las condiciones varían mínimamente según el impuesto a regularizar. Para los patrimoniales, la reducción de intereses arranca en 65%, si se opta por cuatro a seis cuotas, hasta el 93% por pago contado, con cuotas que no pueden ser inferiores a los $ 150. En cambio, si se trata de Ingresos Brutos o Sellos, el rango va de 70% a 98%, con recorte de multas y una cuota mínima de $ 200. Además, en cualquier situación se puede acceder al débito bancario vía CBU.
Además de definirlo como una “medida contracíclica para el desarrollo de las empresas”, y de la necesidad de que los deudores se pongan al día, en el decreto 1325 se menciona una solicitud expresa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para el otorgamiento de facilidades.
“Lo que hemos planteado es la situación acerca de la presión impositiva. Hay un tema político y otro económico, pero también se debe tener en cuenta la situación de las empresas que están al borde de cortar la cadena de pagos. Y en un contexto inflacionario tiene incidencia”, afirmó Eduardo Marroquín, presidente del consejo, para quien el anunciado plan de pagos puede ser un paliativo.
Aunque los funcionarios suelen ser reacios a la definición, la pregunta es si se trata de un plan de pagos o de una moratoria. Según el profesional, “pagar deuda impositiva a valor histórico es pagar menos. Por lo tanto, no resulta erróneo considerarlo moratoria”.
Pero Gil rechaza que se trate de esto, por cuanto no se perdona capital, sino sólo intereses.
Para el especialista en impuestos Mario Comellas, su instrumentación apunta a dos blancos: deudas recurridas administrativamente “y a evitar sanciones o multas por las inspecciones”.
No obstante, la medida puede convertirse en otro factor de tensión política, uno más, entre el gobierno saliente y el entrante. Y al parecer el tironeo ya empezó.
“Hay obstáculos desde lo institucional, económico y legal. Por un lado, la ley exige a ATM un plan anual de recaudación, con un detalle ante la Legislatura, cosa que aún no lo ha hecho, sobre deudores, quiénes incumplieron, multas y expectativa de recaudación”, recalcó Enrique Vaquié, referente financiero de Alfredo Cornejo.
La Ley de Responsabilidad Fiscal es otro de los argumentos esgrimidos para sostener que en los últimos tres trimestres de una gestión no se puede modificar el costo fiscal teórico (perdonar deudas ni eximir impuestos).
“Por lo tanto, debió haber salido por ley y será tarea de legisladores reclamarlo. En otro orden, es una medida genérica y el Código Fiscal obliga a un acuerdo con el contribuyente y el aval de Fiscalía de Estado”, añadió Vaquié.
Desde lo económico-financiero viene el cuestionamiento más fuerte, por considerar que con el plan “se desfinancia el patrimonio público: una moratoria debería ser excepcional y llevamos una por semestre. Al hacerse costumbre cercena la voluntad de pago, ya que resulta más fácil financiarse con el Estado”.
La herencia que le dejará Pérez a Cornejo es, a criterio de Vaquié, el factor político: “Pérez decide que Cornejo empiece su gestión con una moratoria, en una prueba más de un Gobierno que intenta sobrevivir solamente hasta el 10 de diciembre, sin importarle la conflictividad social”.
Para el intendente capitalino, Rodolfo Suárez (UCR), en tanto, “es por demás inoportuno e improvisado, ya que busca fondos rápidos para resolver los problemas de pago a los proveedores ‘amigos’ con los cuales no han podido cumplir su promesa”.
