Lo ocurrido en Mendoza, con el freno a la habilitación de la actividad minera a gran escala, encendió una luz de alarma en la Casa Rosada, dado que el gobierno nacional quiere impulsar con fuerza al sector para la llegada de inversiones y el aumento de las exportaciones, que podrían pasar de los actuales 3.900 millones de dólares al año a 6.000 millones en cuatro años.
El presidente Alberto Fernández sigue el minuto a minuto del conflicto con llamadas cruzadas con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y con la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Ayer, después de conocerse que el gobernador Rodolfo Suárez frenó la reglamentación de la nueva ley minera, en la Casa Rosada terminaron de tomar dimensión sobre la situación por los proyectos que tiene en carpeta el secretario de Minería, Alberto Hensel.
El funcionario que viene de ser el ministro del área en San Juan aún no fue oficializado.
Pero desde el 10 de diciembre está trabajando en línea directa con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
Según dijeron fuentes oficiales a este diario, Fernández está decidido a "impulsar la actividad". Aseguran que puso dos condiciones: el acuerdo social y el respeto a las normas ambientales. En los pasillos de la Rosada hablan de extender el "modelo sanjuanino" y destacan que es una de las claves para "fabricar dólares".
"La minería es una fuente de riqueza y hay que explotar los recursos naturales para sacar a millones de argentinos de la postergación", dijo ayer a este diario un miembro del Gabinete nacional. Este diario intentó asimismo dialogar con Hensel, pero desde su entorno respondieron que no iba a hablar porque aún no fue oficializado en el cargo.
En el Gobierno nacional entienden que Suárez y todo el arco político mendocino, incluyendo al Frente de Todos, cometieron errores: "Primero tendrían que haber explicado al detalle la viabilidad, la impronta sustentable, llamar a todos los sectores y luego hacer una consulta popular".
Luz amarilla
Lo que llamó la atención en Buenos Aires fue que la manifestación social se levantó a pesar, dicen, de un artículo incorporado a la reforma legislativa por impulso del peronismo: la participación ciudadana en el control ambiental por medio de la Red de Vigilancia Ambiental.
Tras escuchar a los manifestantes, Cabandié dijo ayer que el Gobierno nacional había decidido "bregar por el cuidado y la protección del agua". Si bien la Nación no tiene competencia sobre los recursos minerales, sí lo tiene sobre el agua.
Las leyes que habilitan a la Rosada a interferir son la de Glaciares y la de Gestión Ambiental del Agua. Y aquí, según Cabandié, se pone en juego la cuenca del río Desaguadero, un área de 360.000 kilómetros cuadrados que integra a La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Entre los principales intereses del Gobierno de Fernández está el desarrollo del litio y el silicio. Tienen los ojos puestos en Mendoza ante el interés por el potasio. Además, destacan la investigación realizada por la UNCuyo y el Conicet para extraer litio a partir de rocas minerales.
Incluso, la minería fue uno de los sectores a los que Fernández benefició con una baja del 12% al 8% en las retenciones a las exportaciones. La Ley de Emergencia económica lo faculta a reducir aún más las alícuotas en la reglamentación de acuerdo al grado de valor agregado que incorpore el sector.
La industria en números
La industria minera pasó de tener exportaciones por 2.210 millones de dólares en 2015 a 3.900 millones en 2018. La impulsó la quita de retenciones y la liberación del mercado cambiario, lo cual daba la posibilidad a las empresas a girar utilidades a sus casas matrices.
El año en que más facturó desde que comenzó el siglo fue 2004, con exportaciones por 6.353 millones de dólares. Durante el kirchnerismo creció, pero muchos proyectos entraron en jaque a partir de 2011 por el cepo cambiario. Ahora, en el Gobierno estiman que se puede alcanzar ese récord en cuatro años.
En la Argentina hay actualmente 77 proyectos mineros: tres están en construcción; 15 en previa económica (buscando financiamiento); 27 en exploración avanzada; 11 en factibilidad y prefactibilidad; uno en proceso de cierre y uno en reingeniería; y 15 en plena producción.
De todos ellos, uno es de carbón y uno de hierro; doce de cobre; veinte son de litio; veinticuatro de oro; nueve de plata; uno de plomo; dos de potasio; y siete de uranio. De todos ellos, tres están en Mendoza (la provincia del conflicto), donde hay potencial en uranio, oro y potasio.
Según datos del sector, hay 850 empresas mineras con operaciones en el país, muchas de las cuales trabajan asociadas en distintos eslabones de la cadena dado que nueve de cada diez son pymes que concentran el 40% del empleo del rubro.
La minería es el cuarto complejo exportador de la Argentina. Pero para algunas provincias su desarrollo es clave. De acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), este rubro explica el 80% de las de las exportaciones de Catamarca, el 74% de las de San Juan y el 71% de las de Santa Cruz.
“La Nación va a bregar por proteger el agua”
El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, aseguró que el Gobierno nacional va a "bregar por el cuidado y la protección del agua", porque tiene competencia para hacerlo. Pero aclaró que los únicos que pueden frenar la situación de convulsión social en Mendoza son el gobernador Rodolfo Suárez y la Legislatura.
"La ley mendocina que habilita la minería evidentemente no está obteniendo consenso social. Es un tema que tienen que resolver el gobernador y la Legislatura", dijo.
Cabandié aclaró que eso no indica que su postura sea “en contra de la minería” sino que Mendoza debería “rever el tema” por la falta de consenso social y la escasez de agua.
