En 30 horas de declaración, Pérez Corradi no aportó ningún dato revelador

El ex empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi volverá a Tribunales durante la feria judicial que se inicia mañana para seguir declarando sobre su rol en la red de tráfico de efedrina que integró hace más de un lustro y en el Triple Crimen de General Rodríguez, de agosto del 2008.

Acusado de ser el "autor intelectual del asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina", para eliminarlos de la competencia en el mercadeo de esa droga, requerida por los carteles mexicanos, Pérez Corradi lleva casi treinta horas de indagatoria desde su extradición de Paraguay, el 5 de julio, pero aún no habló de ese crimen, cuya responsabilidad niega.

En cambio, admitió y comenzó a describir operaciones de compra y venta del precursor de drogas sintéticas, aunque los datos que ha volcado hasta acá distan de constituir la incriminación categórica de ex funcionarios kirchneristas que prometieron sus abogados y algún funcionario, cuando descontaron que iba a "apuntar para arriba".

"El miércoles dijo que al 'número uno' de la Sedronar había que pagarle 50 mil dólares por cada embarque de mil kilos de efedrina que entraba al país, pero nunca estuvo con él ni lo vio sino que dice que se lo dijeron", reveló a Télam uno de los funcionarios judiciales presentes en la cuarta jornada de indagatoria.

Hablaba de José Ramón Granero, el ex jefe de la agencia gubernamental de control del narco, bajo cuyas barbas la importación de efedrina del Oriente se multiplicó por diez, sobrepasando otro tanto las necesidades de la industria local.

Granero ya fue procesado hace dos años como "partícipe necesario" de la introducción de esa droga al país por la jueza María Romilda Servini tras la investigación del fiscal Juan Pedro Zoni, los mismos que ahora lo indagan en la misma causa de "la ruta de la efedrina", donde el rol del ex funcionario sería haber omitido los controles a los que estaba obligado.

En la primera jornada ante la jueza, Pérez Corradi había afirmado que "la Morsa" que mencionó Martín Lanatta cuando ya estaba condenado por los tres homicidios era Aníbal Fernández, pero aseguró que eso se lo había contado Forza, lo que generó el primer desencanto en Comodoro Py.

La propia jueza le aclaró durante una de las jornadas de la indagatoria que no le alcanzaba con "relatos" sino que lo se buscan eran "relaciones de hechos precisos y contrastables".

En la jornada posterior de la indagatoria aseguró que Ricardo Echegaray sabía que se contrabandeaba efedrina porque era jefe superior de la Aduana, aunque explicó que ese dato también lo oyó "de un tercero".

En lo que va de sus declaración, Pérez Corradi buscó dejar sentado que no fue un "zar de la droga" local, como se lo pinta, ya que no importaba la efedrina sino que la compraba al laboratorio Fasa, propiedad del ya condenado Alfredo Abrahan y del prófugo Josue Fuks, que importaron la mitad de las 20 toneladas de efedrina que ingresaron al país en 2008, año pico del ingreso.

Negó también haber sido el proveedor de los carteles mexicanos que fabrican drogas de diseño, como asegura un informe de la justicia norteamericana que le adjudicó capacidad para venderles mil kilos mensuales de efedrina, ya que aseguró que sus compras se las entregaba a su vez a un exportador.

Aseguró que su negocio era "mover" el producto pero dentro del país, aunque negó haber sido proveedor de Jesús Martínez Espinoza, un narco mexicano que instaló un laboratorio en Maschwitz.

"Todo lo que dice un acusado de delitos graves es un descargo de su situación penal, de modo que los roles que adjudica a los diversos protagonistas apuntan a mejorar esa situación y pueden tener un valor indiciario pero los tomamos con pinzas y deben ser corroborados", dijo un vocero judicial.

El interrogatorio se desarrolló hasta ahora bajo la modalidad de declaración espontánea interrumpida con algunas preguntas pero ninguna de las respuestas motivó hasta ahora medidas de prueba urgentes.

También desaparecieron las espectaculares medidas de seguridad con comandos y hasta francotiradores que lo acompañaron desde su detención en Asunción a su llegada al país, cuando declaró por primera vez en el edificio Centinela de la Gendarmería, donde permanece detenido.

Pérez Corradi estuvo cuatro años prófugo en Paraguay y dijo temer por su vida, por lo que pidió y logró que el Ministerio de Justicia lo ingresara al programa de testigos protegidos, tanto para él como para su familia que dejó en Paraguay.

Todo se encamina a que, tras concluir la indagatoria, Servini lo procese y que siga detenido hasta el juicio oral, donde tendrá una reducción de la pena si se considera que sus revelaciones facilitaron la investigación.

A su vez, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, debería reactivar un juicio de extradición pedida por Estados Unidos por el envío de miles de pastillas de oxicodona, un derivado del opio, trámite que se inicia preguntando al requirente si aun desea que se concrete el pedido.