La actividad agropecuaria de Mendoza ha recibido ayuda, desde que se reinstauró definitivamente la democracia en 1983, con la sanción de 78 leyes que contribuyen a sostener al sector. Así se desprende de una recopilación de esas normas que hoy circula por la Legislatura provincial y que cuenta, además, seis disposiciones que fueron promulgadas en la época de la última dictadura, entre 1978 y la primera parte de 1983, incluyendo el Decreto-Ley 4.304, que le da marco a las condiciones necesarias para declarar una emergencia agropecuaria y que hasta la fecha continúa siendo citada.
Se trata, según los entendidos, del paquete de leyes más grande de todos los que existen para asistir a los diferentes sectores económicos de la provincia, algo que suele generar no pocas polémicas, ya sea porque sus representantes defienden a veces con contundentes medidas de fuerza sus requerimientos de ayuda estatal, porque en los otros ámbitos se ven desplazados, o por las presiones que la clase política suele recibir para promover estas normas.
De hecho, hace apenas una semana, los legisladores debieron tomar una decisión que contó con todos los condimentos de estas situaciones, desde los caravanazos de los productores hasta encontronazos por la discusión para tomar nueva deuda, algo recurrente en todos estos años, que terminó por habilitar, al menos en parte y con autorización previa, un endeudamiento de $ 100 millones para las tareas culturales del Plan Poda de productores del Sur y del Este afectados por las heladas de 2013.
Apoyo a la producción
En realidad son 76 las leyes que se aprobaron en Mendoza entre el 26 de octubre de 1983 (cuando se promulgó la 4.967, régimen de deducción del impuesto a los ingresos brutos para cooperativas agropecuarias) hasta el sábado pasado (cuando se autorizaron los $ 100 millones para el Plan Poda).
A todas esas hay que agregarle la ley 6.071, de octubre de 1993, que creó el Fondo para la Transformación y Crecimiento, herramienta destinada a asistir con distintas líneas de crédito a diversos sectores, pero que ha tenido, y tiene, a los representantes agropecuarios y de la agroindustria como principales beneficiarios.
Y también la 7.378 que permitió crear Mendoza Fiduciaria, entidad que desde 2005 constituye un instrumento alternativo en los fondos para el desarrollo productivo.
Del total de esas leyes democráticas, el 83,33%, es decir 65 normas, tiene que ver con algún tipo de ayuda directa en cuestiones financieras, ya sea creando líneas de crédito, fondos financieros o fideicomisos, o promoviendo prórrogas de vencimientos, reestructuración de deudas o, en muchos casos, refinanciaciones.
En tal sentido, muchas conforman actualizaciones del estado financiero de integrantes del ámbito agropecuario que no pudieron, de modo recurrente, mantenerse al día o saldar créditos.
Un caso curioso lo constituye la ley 6004, de abril de 1993, cuando gobernaba Rodolfo Gabrielli. Esa norma autorizó al Ejecutivo “a tomar en crédito y/o otorgar el aval de la provincia a los Bancos de Mendoza y Previsión Social” hasta un importe de 80 millones de pesos (estaba vigente la ley de Convertibilidad peso-dólar), para asistir financieramente a los productores afectados “por las inclemencias climáticas en el ciclo agrícola 1992/93”.
Apenas un mes después, la ley 6.019 hizo cambios en aquella norma: entre otros aspectos, dejó como único agente financiero al Banco Mendoza, pero en uno de los anexos se observa que en lugar de “pesos” introdujo el signo del dólar para los montos a devolver. Una década más tarde, y tras la devaluación de 2002, la ley 7.148 inició una sucesión de medidas recurrentes como postergaciones de cancelaciones, renovación de los términos de los compromisos y prórrogas, que en algunos casos implicaron amortizaciones que llegan hasta diciembre de este año (leyes 7.176, 7.392, 7.437, 7.831 y 7.882).
Distintas visiones
Más allá de los pormenores, no son pocos los que cuestionan esta asistencia prácticamente permanente que el sector recibe desde el Estado, sobre todo cuando abarca poco más del 6% del Producto Bruto Geográfico provincial y cuyos integrantes suelen hacer ruidosas protestas, entre caravanazos, cortes de ruta y reclamos directos a los gobernantes.
“Hay importantes sectores como el comercio, la industria, el turismo o el petróleo que no reciben este apoyo y no generan conflictos”, cuestionó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien aseguró que “siempre” vota a favor de estos proyectos, pero que siempre les recuerda “los recurrentes apoyos”.
Los representantes del sector en tanto no cesan en sus reclamos. “En 20 años se han perdido 20 mil unidades productivas en Mendoza, eso es por las malas políticas. La asistencia nunca es suficiente”, declaró el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, quien ejemplificó su crítica: “Recién ahora disponen la plata para el Plan Poda, cuando los frutales ya están en floración. Es tarde”.
Similar posición tomó el titular de la Asociación Productores en Acción, José María Llaver. “Podría haber más de 100 leyes, pero lo que fallan son las políticas económicas”, indicó el viñatero de San Martín, que también se quejó por la demora con el plan de poda.
Por su lado el alvearense Carlos Achetoni, de la Federación Agraria de Cuyo, apeló a la tarea conjunta. “La clave está en el Fondo Solidario y su perfeccionamiento, porque con un seguro fuerte, se terminarían las ayudas reiteradas y casi todas tienen que ver con las contingencias climáticas que nos han afectado”, dijo.
Alguna de las leyes
4.304 - 5 de diciembre de 1978. Ley marco sobre informes de contingencias climáticas para declarar la Emergencia Agropecuaria.
4.697 - 26 de octubre de 1984. Primera ley de la etapa democrática. Régimen de deducción del impuesto a los Ingresos Brutos para cooperativas agropecuarias.
6.071 - 21 de octubre de 1993. Crea el Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la transformación y el crecimiento socio-económico de Mendoza.
7.378 - 31 de mayo de 2005. Autoriza la constitución de la Sociedad Anónima Mendoza Fiduciaria.
8.694 - 16 de julio de 2014. Es el Plan Poda. Subsidia con $ 3 mil por hectárea (hasta 10 hectáreas por productor), por un total de $ 100 millones, en base a las condiciones de Emergencia Agropecuaria que plantea la ley 4.304.
