El Estatuto del Empleado Público (decreto ley 560) data de 1973. El escalafón del empleado público (Ley 5.126) se sancionó en 1986 (modificó el decreto ley 561, también de 1973).
La antigüedad de ambas normas frente a lo que debe ser una administración pública moderna es considerada razón suficiente por el gobierno de Alfredo Cornejo para modificarlas.
Aunque también influyen en ese razonamiento los numerosos cambios que se han generado en todos estos años, fundamentalmente luego de 2007, cuando las sucesivas discusiones paritarias promovieron no escasas variaciones.
“Los diferentes acuerdos generaron cambios innumerables y crearon nuevos escalafones que es necesario ordenar”, dicen en el Ejecutivo. Es por eso que buscan el “aggiornamento” de ambas normas.
A tal punto es así que el cornejismo quiere que 2018 sea “el año de las modificaciones" de estatuto y escalafón”. La decisión está tomada y se planteará “después de las paritarias del año que viene”. Aunque ya hay borradores en los que trabajan los asesores legales de Cornejo.
Entre los cambios se destaca un nuevo criterio para los concursos del Estado. “Hoy los concursos son de clases pero hacen falta perfiles, como en las empresas privadas”, dicen.
En tal sentido, se buscará generar precisamente un perfil para un determinado cargo. Y luego usar ese criterio dentro de la Administración Pública, para llamar al concurso correspondiente.
También se busca simplificar los bonos de sueldo. “Hay ítems desactualizados, muchos se crearon como 'parches'”, se quejan en el Gobierno.
Además, entienden que varios de esos ítems terminaron dejando diferencias mínimas entre las clases. “Hoy a casi nadie le interesa concursar porque hay apenas entre $ 200 y $ 500 entre cada clase”, cuestionan. Por eso buscarán modificarlos.
Otro planteo es, más allá de los escalafones generales, “definir escalafones particulares”, es decir, aquellos vinculados a un tipo específico de tarea.
“No es lo mismo alguien que trabaja en una oficina de la Administración Central que el que lo hace en Turismo o en Cultura, con horarios en fines de semana”, ejemplifican.
Otro punto fundamental en esta escalada de cambios será el rol que cumplirá el IPAP (Instituto Provincial de Administración Pública).
Ese organismo de capacitación, creado por esta gestión, va rumbo a convertirse en el principal filtro para los nuevos agentes estatales.
De hecho, en el concurso de 49 nuevos trabajadores públicos que se abrirá en los próximos días, aparece la exigencia de “hacer el curso” que ese ente hoy ofrece. “La intención es que en el futuro el IPAP sea el único ámbito que permita el ingreso al Estado”, dicen.
Es más, el planteo va más allá y apunta a que en el IPAP haya una especie de banco de potenciales empleados. “Ante la necesidad de cubrir cargos, la idea es que haya una lista de gente debidamente capacitada en el Instituto.
Y que si tiene que entrar al Estado, lo haga por el orden de mérito logrado en esa capacitación”, destacan los impulsores.
Si bien por ahora sólo están las ideas en general, el Gobierno dice que buscará una discusión “profunda”, principalmente con los sindicatos. “No queremos bajar pisos laborales, sino darle un nuevo enfoque al empleo público”, aseguran.
En detalle
Algunos de los cambios principales propuestos para el Estatuto y el escalafón del empleado público son:
Concursos por perfiles. Más allá de que se concursa para acceder a una clase, se definirán "perfiles" para cada puesto.
Simplificación de bonos. Se buscará actualizar el bono de sueldo con la modificación de varios ítems.
Escalafones particulares. Definirán tareas específicas en la Administración Pública.
IPAP. El instituto capacitador tendrá un rol fundamental, al ser el filtro de ingreso al Estado.
Banco de agentes. Base de datos de agentes capacitados en el IPAP disponibles para ingresar al Estado.
