El dato aún retumba en el debate por la legalización del aborto. Fue el que lanzó el ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein en el plenario de comisiones de Diputados: 47.063 hospitalizaciones por aborto en Argentina durante 2016. Ese es el último dato disponible; en los cuatro años anteriores la cifra fue similar.
Los datos parecen concluyentes por sí mismos, pero también ocultan algo. Sucede que esas internaciones por complicaciones derivadas de la realización de abortos clandestinos fueron relevadas en el sistema público de salud. De acuerdo al Código Penal, cualquier funcionario público que esté en conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciarlo, pero en los poderes judiciales de las provincias no parecen existir tales denuncias.
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2016 hubo apenas 13 condenas en causas judiciales vinculadas al aborto. Ambos datos son oficiales y correctos, dónde está la incongruencia: la única explicación posible es que en la práctica el delito de aborto ha sido despenalizado.
O las denuncias son pocas, o las justicias provinciales están más ocupadas en otros delitos. De acuerdo a la comunicación oficial del Ministerio de Salud, durante 2016 hubo 43 defunciones por causa de abortos, de las cuales cuatro fueron en la provincia de Mendoza.
De acuerdo a la tabla publicada por la cartera, cinco de esas muertes fueron de adolescentes de entre 15 y 19 años, 12 de mujeres entre 20 y 24 años, ocho muertes de mujeres entre 25 y 29, diez fallecimientos de pacientes entre 30 y 34 años, seis decesos mujeres entre los 35 y 39 años, y dos entre 40 y 44 años.
Otro dato es que 33 de esas muertes se produjeron en establecimientos oficiales, seis en no oficiales, 3 en el domicilio particular y una en un lugar no identificado.
Ordenando las 43 muertes por provincia, cuatro ocurrieron en nuestra provincia, 3 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 en Provincia de Buenos Aires (13 de ellas en el conurbano bonaerense). Salta suma 5 decesos, Catamarca y Tucumán 3, Formosa y Santa Fe 2, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y Tierra del Fuego 1 muerte.
Estos son los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud respecto de fallecimientos en el Ministerio de Salud sólo para 2016.
Pero el dato de las internaciones es el más impresionante. Los ingresos al sistema de salud no están discriminados por provincia y en el Ministerio de Salud reiteran que desde 2011 a 2015 fueron internadas en nosocomios públicos entre 44 mil y 53 mil mujeres por año debido a complicaciones en la realización de aborto, lo que implica un importante gasto de los efectores de salud para intentar reparar lo que las prácticas clandestinas provocan.
El aborto en Argentina es un delito previsto en el Código Penal de la Nación. La figura está desarrollada en cuatro artículos, del 85 al 89.
Lo que se discute en el Congreso ahora justamente es que deje de ser un delito sólo en el caso de que la interrupción del embarazo se haga hasta la semana 14 inclusive. Es decir lo que se discute es una modificación del Código Penal y un programa específico para atender en el sistema de salud público esos casos que se produzcan, en caso de sancionarse la ley.
Otra vez se recuerda que los funcionarios públicos que tienen conocimiento de un delito tienen la obligación de denunciarlo. En este caso, los médicos son funcionarios públicos y deberían haber un sinnúmero de denuncias con prueba relativamente sólida para avanzar en una investigación judicial.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia la Nación informa oficialmente 13 condenas por aborto durante 2016. Siete de los condenados son hombres y seis mujeres. Cinco de las sentencias fueron aplicadas por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tres en Santa Fe, una en Chaco, Jujuy, La Pampa, Misiones y Tucumán.
Once de esas sentencias fueron de hasta 3 años, es decir que excarcelables, una a cinco años y la restante a ocho años de cárcel.
Los datos hacia atrás que entregó el Ministerio de Justicia a Los Andes son con menor cantidad de detalle, pero sí está claro que la cantidad de condenas judiciales en casos de aborto no siguen una tendencia: en 2007 y 2008 fueron siete sentencias, en 2009 cinco, en 2010 salta a 10 la cantidad de fallos judiciales; en 2011 vuelve a caer a siete, 2012 son cuatro, en 2013 apenas dos, 2014 seis condenas y 2015 otra vez dos.
Claramente no hay relación entre la persecución penal del aborto que releva Justicia y la cantidad de casos que se atienden en el sistema de salud.
Esa falta de relación permite establecer que en realidad el aborto ya está despenalizado de hecho.
Argumentos
El cruce de datos entre lo que informan los ministerios de Salud y Justicia podría tener múltiples interpretaciones. Los antiabortistas podrían decir que si está despenalizado de hecho, no hace falta el debate o, todo caso avanzar en la despenalización definitiva de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo.
La idea de la despenalización ronda las cabezas de los senadores antiabortistas como una salida intermedia, para evitar la legalización.
Pero si es tan escasa la condena judicial ante la cantidad de casos que se atienden en el sistema de salud, también podría argumentarse que es insostenible el planteo en contra del aborto, ya que prácticamente es letra muerta en el Código Penal Argentino, que sólo sirve para una tranquilidad meramente simbólica de quienes se consideran defensores de las dos vidas.
Y queda un argumento inapelable: esa letra muerta, que la Justicia casi no aplica para castigar, para lo único que sirve es para sostener el carácter clandestino del aborto.
En Mendoza hay datos de salud, pero no judiciales
EL 17 de junio Los Andes publicó datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia. Durante el 2017 en los efectores públicos de la provincia se produjeron 1.650 egresos por abortos. Estos se debieron a embarazos anembrionados y ectópicos, abortos espontáneos, y otros no especificados. La cifra está por debajo de los 2.023 registrados en 2015 y los 1.761 informados en 2016. En esos números claramente no son todos por abortos clandestinos.
El Hospital Lagomaggiore tiene la maternidad más grande de Mendoza; el domingo 24 de junio, el director de ese nosocomio Mario Bustos Guillén, dijo a Los Andes que en 2017 se hicieron 727 legrados y que este año se realizan en ese establecimiento 3 de esas intervenciones por día.
En esa entrevista, Bustos Guillén dijo que “nosotros tenemos la obligación de dar aviso a la Policía”.
Sin embargo, en el Ministerio Público Fiscal, la pregunta de Los Andes consiguió una respuesta escueta: "No hay datos de causas por aborto".
