Con Juan Franco Ferraris, abogado criminalista y docente de Derecho Penal de la Universidad Maza, ahondamos la temática.
El mes de febrero arrancó con un importante debate en materia de seguridad a nivel Nacional y es que la Cámara de Senadores dio media sanción y aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal Federal e introduce la figura de ‘’reiterancia’’ como supuesto para lograr la prisión preventiva. Con Juan Franco Ferraris, abogado criminalista y docente de Derecho Penal de la Universidad Maza, ahondamos la temática.
Para entender de qué se trata el debate que se encuentra de nuevo en agenda, es necesario comprender la diferencia entre los conceptos mencionados, ya que, aunque ambos implican la comisión de más de un delito, la reincidencia y la reiterancia son figuras distintas dentro del derecho penal en Argentina.
La ‘’reincidencia’’ ocurre cuando una persona es condenada por un delito después de haber cumplido una condena anterior; esto implica un agravamiento de la pena (porque demuestra que el condenado no se ha rehabilitado), y consecuencias legales como la imposibilidad de acceder a beneficios como la libertad condicional.
La ‘’reiterancia’’ también sucede cuando se comente más de un delito, pero sin que haya una condena firme entre uno y otro; por lo tanto, no impide el acceso a beneficios penitenciarios ni tampoco tiene el mismo impacto que la reincidencia en cuanto al aumento de la pena (aunque podría influir en la valoración del juez).
Antes de la aprobación de esta Ley, para definir la prisión preventiva de un acusado, el juez se basaba en la posibilidad de fuga y/o entorpecimiento de la causa. A partir de ahora se incorpora un tercer supuesto: la condición de reiterante, aspecto que no se consideraba una causa automática de prisión preventiva, aunque sí podía ser justificante ante el riesgo de que el acusado siguiera delinquiendo. Si alguien es detenido por tercera vez en un mes por robos similares, aunque no tenga condena firme previa, el juez puede interpretar que seguirá cometiendo delitos si lo deja en libertad y ordenar la prisión preventiva, sostiene el Dr. Ferraris.
Lo que despierta la polémica en torno a esta reforma es que como no hay una sentencia firme entre un delito y otro, la culpabilidad de la persona aún no ha sido completamente demostrada en
cada hecho. Es decir, hasta que no se dicte una condena definitiva, sigue rigiendo el principio de ‘’presunción de inocencia’’, lo que significa que legalmente aún no se puede afirmar que la persona es culpable de esos delitos. Por eso, la reiterancia no tiene el mismo impacto en la pena ni impide el acceso a beneficios penitenciarios como sí lo hace la reincidencia.
Sobre el endurecimiento de las penas que se propone, el docente de Derecho Penal señala que, en casos de múltiples condenas, la pena aplicable sería la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos, con un límite máximo de 50 años de prisión. Esto implica que quienes acumulen varias sentencias enfrentarían un castigo más severo, evitando que las penas se unifiquen en una condena menor.
Otro de los puntos que genera mayor debate es su posible impacto en el derecho a la protesta. Si se amplían los criterios para considerar a una persona como "reiterante", se podría usar esta figura para justificar la detención preventiva de manifestantes que participen en varias protestas con denuncias o detenciones previas, sostiene el profesional. El endurecimiento de penas podría aplicarse a quienes sean acusados por "entorpecimiento del tránsito" o "resistencia a la autoridad", delitos comúnmente imputados a manifestantes.
Esto abre un debate sobre los límites entre la seguridad pública y el derecho a la protesta, especialmente cuando en estas detenciones suelen surgir acusaciones cruzadas.
En cuanto a la efectividad de medidas como el aumento de penas y la incorporación de la ‘’reiterancia’’, el abogado penalista señala que la evidencia empírica, tanto nacional como internacional, demuestra que estas políticas no necesariamente reducen el delito de manera efectiva. En países como Estados Unidos, con las leyes de "tres strikes" (que aplican una pena agravada tras una tercera condena), no se ha observado una disminución significativa en los índices de criminalidad; de hecho, en algunos casos, la población carcelaria ha aumentado sin que se haya logrado una mejora real en la seguridad pública.
En contraste, naciones como Noruega han optado por sistemas centrados en la rehabilitación y la reinserción social, alcanzando tasas de reincidencia más bajas. Asimismo, un informe del ''National Institute of Justice'' (EE.UU.) concluye que el endurecimiento de penas tiene un impacto limitado en la disminución del delito, ya que muchos de estos son causados por factores estructurales como la pobreza, la exclusión social o las adicciones. De manera similar, estudios en Argentina y otros países de América Latina revelan que aumentar las penas sin políticas de reinserción solo agrava la sobrepoblación carcelaria, sin un efecto claro sobre la reincidencia.
Aunque la percepción pública a menudo asocia el endurecimiento de penas y el encarcelamiento con la reducción del delito, la evidencia sugiere que estas medidas, por sí solas, no logran una reducción sostenida del crimen, sino que en muchos casos, terminan generando un sistema penitenciario colapsado sin abordar las causas estructurales de la delincuencia.
Según el análisis del especialista, los factores clave para reducir el delito incluyen una inversión en prevención, en educación, empleo y asistencia social, así como reformas en el sistema penitenciario que apunten a la rehabilitación y a la reinserción social. Además, la mejora en la eficacia policial y judicial es fundamental para evitar la impunidad. Por lo tanto, aunque las políticas punitivas pueden generar resultados inmediatos, no garantizan una disminución sostenida del crimen si no se abordan los factores subyacentes que lo provocan.
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