El último cuarto de siglo, como en tantos aspectos de la Argentina pendular, se destaca con características propias: el proceso de privatización de empresas estatales, su nueva estatización y la aparición de numerosas empresas formalmente privadas pero que subsisten por los subsidios del Estado.
Se debería agregar varios cientos de las denominadas “empresas recuperadas”, que también reciben aportes del Gobierno. El déficit de las empresas del Estado y los subsidios explican la casi totalidad del cuantioso y creciente déficit de las finanzas públicas.
Las empresas del Estado, al igual que la intervención de éste en la economía, ocupan un lugar central en nuestra historia económica y política.
Ambos han contado, y cuentan, con el beneplácito de amplios sectores de la población. El nacionalpopulismo, que se expresa en la creencia de que el Estado debe manejar en forma directa los denominados sectores estratégicos de la economía, es anterior al primer gobierno de Perón.
Su origen es, más bien, la combinación del nacionalismo de sectores civiles católicos y su rechazo de la economía liberal, coincidentes con las ideas que desde fines de los años ’30 del siglo pasado alimentaron la estrategia de las Fuerzas Armadas.
Autarquía económica, desconfianza o rechazo del comercio internacional, tienen fuerte y largo arraigo, producen buenos resultados electorales, aunque el país se atrase.
El resultado de estas ideas fue que a lo largo de varias décadas la cantidad de empresas estatales nacionales y provinciales, bajo diversas formas jurídicas, crecieron sin pausa. El transporte ferroviario, marítimo y aéreo; la producción y distribución de energía, incluida la explotación del petróleo, la producción de hierro y acero; las comunicaciones; el servicio de agua potable y cloacas; la industria naval y aérea, quedaron en manos del Estado.
Estas empresas, que en los primeros tiempos parecían producir buenos resultados, a poco de andar iban mostrando las habituales falencias en un país como el nuestro, donde los criterios de buena administración son escasos. Hay ejemplos a montones: pensemos en la nacionalización de los ferrocarriles a fines de los ’40, por entonces una de las redes más extensas del mundo, pero ya bastante envejecida. La burocratización y la politización de su administración llevaron a un progresivo deterioro de la infraestructura, a un servicio cada vez más deficiente y a un cuantioso déficit.
El servicio ferroviario había dejado de existir mucho antes de la privatización de los ’90; por cierto, ésta no mejoró nada. YPF, una de las más antiguas empresas del Estado, nunca logró el autoabastecimiento petrolero. Hubo que hacer contratos con empresas internacionales para alcanzar ese objetivo, durante del gobierno de Frondizi.
Durante la década de los '80, la crisis de las empresas estatales llevó al colapso servicios como electricidad y teléfonos, entre otros. Hubo un intento de privatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alfonsín que impidió la mayoría peronista en el Congreso. El déficit de las empresas públicas, cubierto con emisión monetaria, es el origen de la inflación y de la hiperinflación.
La crisis terminal de las empresas del Estado llevó a la privatización, más allá de que las ideas económicas imperantes fueran en esa dirección. Lo cierto es que la etapa de privatización duró poco y, a partir del gobierno de los Kirchner, se ha retornado a una situación aún más grave que la de fines de los ’80. No sólo se han estatizado las principales empresas que se había privatizado -como AA, YPF, el Correo-; se han creado muchas nuevas y, sobre todo, una variada gama de empresas proveedoras de servicios dependen totalmente de subsidios estatales para su funcionamiento, tales como servicios de transporte de pasajeros, producción y distribución de energía.
Las empresas son deficitarias y refugio de una nueva oligarquía o nomenklatura que medra con ellas; son otra vez el apetecible botín político, ya ni siquiera del partido gobernante sino de una facción del mismo.
Las provincias participan activamente en el festival. La nuestra estatizó Obras Sanitarias, creó una empresa de energía sin funciones y ahora hasta un municipio amenaza con crear una empresa minera. Nuevamente las empresas del Estado son una sangría para el país.
