Es evidente que si bien la empresa y el empresario están estrechamente vinculados -más cuando se trata de empresas de familia-, son dos cosas distintas. Las acciones de las personas físicas juzgadas por el derecho penal no son las mismas que las acciones de las personas jurídicas, cualquiera sea la forma societaria que adopten.
De lo anterior surge que en el futuro pueden discurrir por caminos diferentes la vida de las empresas y la de los empresarios. Es cierto que desde el punto de sus consecuencias económicas y sociales, lo más importante es lo que ocurra con las empresas, aunque en muchos casos es difícil separar las acciones de las personas jurídicas de las físicas. Por ahora se sabe lo que ocurre con estas últimas, mientras poco se sabe de qué está pasando en las empresas.
Conviene pues reparar en las características de las empresas y más aún en las constructoras de obras públicas. Se trata de organizaciones que reúnen capital, recursos humanos y naturales, además de conocimientos. La combinación adecuada de todos ellos, tarea propia del empresario, es la que genera un producto material o un servicio.
Por cierto el tamaño, las características, la trayectoria, la antigüedad, es muy variada. En el caso de las constructoras de obras públicas, son en general empresas complejas, que por su tamaño están entre las más grandes de nuestro país. Cuentan con gran cantidad de capital en equipos y maquinarias, cuyo valor se cuenta en millones de dólares.
Esos equipos, cuando no se usan, producen pérdidas y en los casos de las empresas implicadas en asuntos de corrupción (donde los jueces han trabado embargos millonarios de esos equipos) es posible que se estén deteriorando, quedando obsoletos y no pocas veces expuestos a robos. Por lo tanto es un desperdicio económico para la empresa, pero también para la sociedad.
Debe además tenerse en cuenta que la mayor parte de las obras públicas ejecutadas en los últimos veinte años se licitaron sin proyectos; éstos debieron realizarlos las empresas adjudicatarias. En consecuencia, en las empresas hay dotación de recursos humanos especializados que convendría preservar.
Estos factores impulsan la idea de que las empresas deberían seguir funcionando, que las obras en ejecución deberían continuar su curso. Por cierto separando a aquellos directores y funcionarios imputados en hechos de corrupción (en algunos casos ya han renunciado).
El gobierno en principio había expresado que las obras seguirían. Ahora bien, cabe preguntarse si la empresa como organización, como persona jurídica, está exenta de responsabilidad. La respuesta es que no pude estar exenta.
Al respecto dos situaciones afectan a las empresas en esta condición.
Uno es el llamado riesgo reputacional, cada vez más importante en la vida económica. El nombre, el prestigio de la empresa, o de una marca, frente a un hecho de corrupción, quedan afectados, se devalúan. La opinión pública se forma una opinión negativa de la empresa, su valor cae. Si cotiza sus acciones en Bolsa el riesgo es mucho mayor, la caída de valor se registra a diario. La pérdida de reputación de la empresa afecta fuertemente su acceso al crédito. Los bancos están sometidos a severas normas regulatorias que impiden prestar a empresas incursas en hecho de corrupción. Las sanciones a los bancos son fuertes.
Pero además en nuestro país, en noviembre del año pasado, se sancionó la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de cohecho, concusión y otros. Incluye el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, balances e informes falsos. Estas conductas de las empresas pueden ser penadas con multas o suspensión para participar en licitaciones estatales de obras y servicios públicos.
Pudiendo llegar a la disolución y liquidación de la personería. Nada se sabe sobre qué podría ocurrir con la aplicación de esta norma.
De todos modos, detrás de muchos de estos problemas está la falta de transparencia, la oscuridad de buena parte de las empresas, el secretismo, las contabilidades ad hoc. Hay que empezar, de una vez por todas, a imponer transparencia. Ello ayudaría significativamente en la lucha contra la corrupción.
