Por Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
Distintas personas, siempre cercanas al poder político, se ocupan de gestionar beneficios para el sector que representan a través de alguna organización gremial empresaria, y a veces de paso operan algo para alguna firma concreta de la entidad que representan (muchas veces usando como excusa el bien común). Otras personas lo hacen directamente en representación de algún empresario en particular.
Ya nos hemos referido a esta situación, puntualmente en el sector vitivinícola, pero obviamente sucede lo mismo en los distintos sectores de la economía. Es así como los diferentes funcionarios del Estado a cargo de áreas clave, son “visitados” por personas que se dedican a “gestionar” intereses, los famosos lobbistas. También sucede que directamente un grupo económico coloque al funcionario que le va a garantizar ventajas. El lobby no es malo por sí mismo, lo que preocupa es que no sea transparente, como sucede en otros países.
El gobierno nacional está avanzando en un proyecto de ley que regule la “gestión de intereses” y para eso ha tenido encuentros con referentes de distintas entidades empresarias: desde la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), hasta la Sociedad Rural Argentina, según informó el diario La Nación. La idea es regular el lobby en los tres poderes del Estado. Nuestro país no tiene ley que regule el lobby, sólo detalles menores que se dan en el decreto 1172 que obliga a registrar audiencias. La revolución pop kirchnerista no se ocupó de avanzar en transparentar estas actividades precisamente porque le convenía lo canuto, lo oculto. Veremos si los Pro aguantan el desafío.
Hasta ahora buscan acordar que se considerará una audiencia de gestión de intereses a la reunión personal o por videoconferencia entre un sujeto obligado por la ley y quien pretenda influir sobre el proceso de toma de decisiones de un funcionario público a favor de un interés propio o ajeno. Van definiendo también qué procesos de toma de decisiones son objeto de regulación: El curso y resolución de expedientes administrativos, la elaboración de un anteproyecto o proyecto de ley o cualquier otra norma en sentido general, el procedimiento de contratación de bienes y servicios, la elaboración e implementación de políticas públicas y el procedimiento para acuerdos senatoriales.
Estarán obligados también a mantener actualizados registros on line de las audiencias de gestión de intereses que se mantengan. Además del lugar, fecha y quiénes asistieron, también deberán agregar el nombre o razón social de la persona, cuyos intereses se gestionaron y para qué se reunieron. También están discutiendo las sanciones para los funcionarios que no cumplan con la información que la ley les obligará a dar.
Fue un acierto que los asesore Rodrigo Mora Ortega, referente del Gobierno de Chile en materia de transparencia. Ese país, además de ganarnos dos finales de la Copa América y de avanzar en mercados internacionales con sus vinos y desplazar a los nuestros, ya tiene su ley de lobby y los funcionarios la cumplen.
¿Y en Mendoza? Sabemos que políticos y funcionarios locales desde hace años no se destacan por haber generado políticas institucionales de avanzada. La institucionalidad está cada vez más vaciada de contenido.
Los temerosos legisladores y funcionarios -en mi barrio los llaman de otra forma- no se animan a regular nada y las cosas siguen igual.
¿Alguien sabe con quién se junta el titular de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), Alejandro Donati, para que los morosos de siempre paguen sus deudas con la provincia? ¿Cualquier ciudadano tiene idea de cómo y quién negocia contratos para obra pública? ¿Con quién y cuándo se reúne el ministro Vaquié por el destino de las áreas petroleras? ¿Qué bodegueros, productores y actores de diferentes actividades piden subsidios y para qué? ¿Con quién se reúne el delegado regional de AFIP o el titular del INV?
Las dudas surgen en cualquier área del Estado. Al no ser transparente, la gestión queda sospechada, porque distintas administraciones han dado motivo para que eso suceda. Además, la política pierde terreno y ganan los de siempre. ¿Es común que un dirigente vitivinícola ofrezca trompadas a un legislador, o que un empresario bodeguero llame al Ministerio de Economía a los gritos porque se pretenden realizar modificaciones en las políticas del sector? ¿Eso es institucionalidad? Por ahora, parece que así se “gestionan” los intereses en Mendoza.
El lobby también es fuerte en las comunas y más allá de que no existe regulación, algo bueno que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y que deberían imitar otros municipios, es la banca del vecino. Igualmente eso no impidió que salieran ordenanzas aprobadas a medida para beneficiar a empresarios, como ha sucedido en varios de los Concejos Deliberantes. Hay que mirar con atención donde hay actividad económica, y sabemos que no siempre es en el Gran Mendoza ni en comunas muy grandes.
Mientras los legisladores locales no avancen, o el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, la “gestión” de intereses en secreto con funcionarios locales seguirá igual. Si se animan los legisladores, tendremos que estar atentos al lobby que habrá en la redacción de esa ley.
