La nueva normalidad con la que se buscará apuntalar la reactivación económica tras el parate que se instaló con la cuarentena surgirá de las negociaciones, cada vez más intensas, entre el Gobierno nacional y los empresarios.
En esa mesa se discuten problemas del corto plazo, como el pago de salarios de junio y el medio aguinaldo sobre lo cual aún el Gobierno no definió si habrá ayuda estatal, y los históricos reclamos del sector productivo.
Ayer, sin aviso previo, el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; y autoridades de Aluar, Javier Santiago Madanes Quintanilla; de Arcor, Luis Pagani; de Grupo Murchison, Roberto Murchison; de Accenture, Sergio Kaufman; de Molinos Río de La Plata, Luis Pérez Companc; Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; Mariano Bosch, de Adecoagro, y Daniel Herrero, de Toyota.
Estuvieron también los ministros de Interior, Eduardo de Pedro y de Economía, Martín Guzmán, y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y General de la Presidencia, Julio Vitobello, además del jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos.
Al salir, Acevedo dijo que no se habló de salarios ni aguinaldos y el gobierno comunicó que "se analizó el avance de la economía en el contexto de las medidas aplicadas para mitigar al coronavirus".
Los contactos, no obstante, son fluidos y abarcan un amplio abanico de cuestiones. Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, autorizó el pedido de los industriales para que se prorrogue el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que el Estado cubre hasta el 50 por ciento del salario neto de los trabajadores, cuando esa suma no supere el equivalente a dos salarios mínimos, es decir, $ 33.750.
Según confirmaron fuentes del Gobierno a este medio, la medida se adoptó tras los contactos que mantuvieron los referentes de la UIA con los ministros de Trabajo, Carlos Moroni, y con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Datos de AFIP indican que más de 193.000 empresas accedieron la ATP en mayo y el Estado pagó parte del salario de 1,8 millones de trabajadores del sector privado, con una inversión de 37.000 millones de pesos.
Cuando finalice el procesamiento de la información referida a los sectores del transporte, la enseñanza privada y salud que fue elaborada por los distintos ministerios, el universo de trabajadores superará los 2 millones, un tercio del sector privado formal.
La pretensión de los industriales es que el Gobierno cubra también parte de la primera cuota correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2020, que deberá acreditarse a fines de este mes. Según supo este medio, en la Casa Rosada esa posibilidad sigue en estudio.
José Urtubey, vocal de la UIA, dijo a Los Andes que "se necesita ir viendo alguna solución para las empresas que estuvieron paradas o en actividad pero con problemas operativos y, sobre todo, para las que todavía están cerradas".
El plan B de los empresarios, y que demandará una tensa conversación con los representantes sindicales, es recurrir a las variables legales que permiten pagar el aguinaldo en cuotas. La CGT ya expuso su malestar al advertir que no son generalizados los problemas para pagar el aguinaldo.
A Marcó del Pont los industriales ya le pidieron la ampliación de la moratoria vigente, tanto a las pymes como al universo de las personas jurídicas no incluidas en la Ley 27.541, la continuidad del ATP y la implementación de la cuenta corriente fiscal, que permita la utilización de saldos disponibles a favor en el pago de otros impuestos, contó Urtubey a este medio.
"Hay que establecer un norte productivista. Y para eso, en lo impositivo hay que hacer algunas reformas y obviamente que en lo financiero también, para apuntalar", resumió el empresario salteño.
