Con la recesión económica profundizándose a causa de la pandemia del coronavirus y los problemas de caja del Poder Ejecutivo, se empieza a poner el foco en el gasto público, y sobre todo en lo que le insume al Estado pagar sueldos. Si bien el Gobierno ya dispuso recortes salariales, solo ha sido de funcionarios. Por eso, algunas cámaras empresariales han comenzado a pedir un "ajuste del Estado" mayor e incluso dentro del oficialismo provincial en la Legislatura hay iniciativas que proponen la baja de salarios estatales.
El titular del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Francisco Pagano, le aseguró a Los Andes que "el sector privado se está ajustando constantemente" por lo que "por lógica el sector público debería hacer un ajuste de igual o mayor medida".
"Las actividades están muy golpeadas y muchos no pueden afrontar sueldos, por lo que hay despidos y bajas de salarios. Y si las empresas no pueden pagar sueldos, tampoco impuestos, por lo que el Estado no tendrá los recursos para afrontar los salarios del erario público. Creemos que sería una acción correcta e imprescindible ajustar el costo del Estado frente a esta situación, porque no hay manera de soportarlo", agregó.
Y reconoció que el ajuste "lamentablemente deberá ser a todos: privados y públicos. Si la economía no genera los recursos suficientes todos debemos sufrir el ajuste".
Por su parte, Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), expresó que el Estado debería proponer medidas para ser más eficiente con el gasto y así ahorrar más recursos, incluso con menos empleados.
"Hay que reducir el costo del Estado. Hace 10 años que Mendoza no crece", dijo, y agregó que la UIM no está en contra de los empleados públicos, sino que "la concepción debe ser que no se gaste más de lo que se tiene".
En tanto, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), puso el foco más en el ajuste "que debe hacer el Estado Nacional" y destacó que si la Provincia puede hacer un ajuste "es importante, pero el ejemplo lo tiene que dar primero la Nación".
Recorte de emergencia
En la Legislatura, una aliada del oficialismo presentó un proyecto en este sentido la semana pasada. La diputada Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista, integrante de Cambia Mendoza), propone una reducción de sueldos públicos del 1 al 30%, que abarcaría no sólo a funcionarios sino a gran parte de los empleados de forma progresiva por tres meses (en principio) La legisladora solo deja afuera de la rebaja de salarios a los agentes de la Salud, Seguridad y Educación.
Canale fundamenta su prouesta en que los estatales "al tener el salario asegurado y la mayoría estabilidad en el empleo, en el escenario de la pandemia tienen una situación privilegiada, por lo que resulta oportuno y razonable que hagan un aporte transitorio para ayudar a los trabajadores privados que se han quedado sin ingresos".
El piso de los descuentos (escalonados) sería para los salarios desde $ 20.000, "hasta una suma que podría alcanzar $ 100.000". Cabe destacar que a fines del año pasado el sueldo promedio de un empleado público (en total son 95 mil agentes) era de $ 35 mil.
No obstante, en la misma Legislatura hay otro proyecto contrario a esta iniciativa, de la senadora peronista Cecilia Juri, que insta al Poder Ejecutivo "a resguardar las fuentes de trabajo dependientes del Estado Provincial y a no implementar políticas públicas que impliquen un recorte de los salarios de los y las empleadas públicas".
Otra diputada del oficialismo, Mercedes Llano (del PD), ya había propuesto en diciembre (antes de la pandemia) una reducción del 30% de los salarios de los legisladores y asesores legislativos.
En tanto, desde el FITvienen insistiendo en reiteradas oportunidades en la reducción de las dietas de todos los diputados y senadores y que cobren como un docente, algo que todo el arco polítco ha rechazado.
El Gobierno, por ahora no
Salvo la rebaja (primero obligatoria y después voluntaria, ver aparte) del sueldo de los funcionarios, por ahora el Gobierno no ha dado señales de que avanzará en un recorte de sueldos hacia abajo de la pirámide salarial. Y desde el entorno de Suárez le aseguraron a Los Andes que no está en los planes.
Sin embargo, el propio gobernador y sus ministros vienen lanzado alertas públicas sobre las dificultades que está enfrentando la Provincia para pagar los salarios de los empleados del Estado.
Primero fue el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien hace dos semanas reconoció que con la estrepitosa caída en la recaudación provincial (más la de la coparticipación nacional) no hay certeza sobre cómo ni cuánod sepagarán los sueldos de mayo y junio.
Y en su discurso en la Legislatura el 1 de mayo, Suárez habló de la necesidad de "austeridad extrema" que se viene remarcando que los recursos del Estado "no son infinitos". En ese sentido, le envió un mensaje a los estatales: graficó que el "gasto en personal representa el 54% de las erogaciones corrientes del gobierno provincial" y -en línea con el proyecto de Canale- agregó que los empleados públicos "gozan de salarios en promedio un 30% superior a los que se registran en el sector privado y de una estabilidad laboral superior, sin riesgo de quiebra por parte de su empleador, que es el Estado provincial".
La voz de los gremios
Desde el sector gremiale reclamaron un "gesto político" de los funcionarios, pero obviamente no están de acuerdo con una reducción de salarios de los trabajadores.
La secretaria gremial de Ampros, Claudia Iturbe, sostuvo que están reclamando mediante "cintas negras" que van a llevar los profesionales de la Salud "por las injustas diferencias entre los políticos y ellos que se enfrentan a la muerte para salvar vidas".
En tanto, Sebastián Henríquez, del SUTE, opinó incluso que "es demagógico solamente discutir la reducción de gastos de la clase política porque ellos no dependen de ese salario para poder vivir, porque tienen vínculos con el poder económico y además son salarios altísimos. Deberían discutir el impuesto a las grandes fortunas y el pago de la deuda externa".
El caso de los funcionarios
A diferencia de lo que ha ocurrido a nivel nacional, en Mendoza desde comienzos de año se le puso un freno a los sueldos de los funcionarios. El 2 de enero, con la provincia y el país ya en recesión, el gobernador Suárez decidió congelar su sueldo y el de sus funcionarios por seis meses, norma a la que se sumaron los poderes Legislativo y Judicial, y también de la mayoría de los municipios.
Después estalló, en marzo, la pandemia del coronavirus y el Gobierno decidió un recorte para los funcionarios, por lo que ninguno cobró más de $ 50 mil ese mes, al que se sumaron legisladores e intendentes, mientras que en la Justicia se dispuso una donación voluntaria que iba del 25 al 50% del salario.
Ese recorte, en abril, se convirtió en una donación voluntaria del 20%. Al igual que antes, la mayoría de los funcionarios y también todo el arco legislativo aceptaron la medida.
Para mayo (y los meses que vienen) el Gobierno aún no ha oficializado si este recorte voluntario seguirá.
