En la larga década kirchnerista los empresarios y las entidades que los representan han tenido actitudes diversas frente a las políticas del gobierno. En los primeros años, aproximadamente hasta el 2007, hubo en general un consentimiento explícito o implícito de las medidas de avances del Estado sobre la actividad privada, unos por los beneficios que obtenían, otros por precaución.
La brutal devaluación de 2002, gobierno de Duhalde, beneficiaba a los sectores exportadores y los que sustituían importaciones. Una combinación que cae bien a la mentalidad empresaria argentina. La pesificación de las deudas, que implicó una enorme transferencia de recursos a los deudores, como siempre tuvo consenso, dado que existe un sentimiento bastante extendido de que los deudores son buenas personas, que “tienen voluntad de pago” pero el despiadado sistema financiero quiere esquilmarlos y quedarse con sus bienes.
La confiscación de los ahorros en dólares de centenares de miles de personas y familias tampoco mereció el repudio amplio que merecía. Posiblemente porque los ahorristas son vistos como una especie de avaros que no quieren “consumir”, lo que, según una creencia extendida, es lo que “mueve la economía”.
Por cierto, el congelamiento de las tarifas de gas, energía eléctrica, agua, combustibles, etcétera, también mereció el aplauso de muchos, porque castigaba a las empresas privatizadas, parte de ellas de capital extranjero, que habían hecho negocios en la “infame década” de los noventa.
En fin, en el gobierno de Néstor Kirchner se había recuperado la autoridad política, la economía crecía a altas tasas, los negocios prosperaban; había restricciones severas a la libertad de empresas, pero eran tolerables después de lo que había ocurrido en 2001.
En esos años fueron muy pocas las voces que señalaban las inconsistencias del modelo y sus consecuencias futuras. Sin duda fueron las entidades agropecuarias, nucleadas en la Mesa de Enlace, las que ante las altas retenciones a las exportaciones levantaron la voz y alertaron sobre las consecuencias negativas sobre la producción. No es necesario recordar la reacción del Gobierno y desenlace final del conflicto que culminó en 2008 con el rechazo al intento de aplicar retenciones móviles, más altas que las vigentes entonces.
Una voz que nunca calló sobre los errores que se cometían sobre el sector de energía y combustibles fue el presidente de la empresa Shell, Juan José Araguren, quien debió soportar escraches, boicots a su empresa instigados por el Gobierno, además de un medio centenar de denuncias en tribunales, a las cuales el empresario refutó una por una. Hubo también economistas e instituciones, los ex secretarios de Energía entre ellos, que en forma prudente pero constante advirtieron que el destino era un nuevo fracaso económico.
Otro de los empresarios que mantuvo severos enfrentamientos con el Gobierno y soportó represalias fue Paolo Roca al frente del grupo Techint, empresa a la cual el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, amenazó con llevar a la quiebra. Ha sido ahora otra vez Roca quien -en el Seminario Pymes que organiza el grupo- ha puesto en evidencia, con respeto pero sin tapujos, los graves problemas que afectan a la economía y a las instituciones del país.
Resumió los problemas en la enorme dimensión e ineficiencia del Estado. Destacó el inconcebible incremento que ha tenido la presión fiscal en la última década, que ha pasado del 21% del PBI a casi el 38%, y si agrega la emisión monetaria para cubrir el déficit (impuesto inflacionario) alcanza el 42%. Se trata, ha dicho, de un cambio estructural que afecta y pesa sobre las empresas. Agregó conceptos que explican en forma rotunda los que está ocurriendo: “Es muy difícil para todos nosotros invertir sobre la discrecionalidad del funcionario. Necesitamos invertir sobre las reglas de juego”.
Sin duda que el reclamo por recuperar la competitividad, gravemente deteriorada por el crecimiento de la presión fiscal y el atraso del tipo de cambio, es hoy generalizado en las entidades empresarias. Pero no está tan claro que la mayoría de los empresarios quieran realmente vivir en una economía de mercado abierta y competitiva. Y si no es así, el populismo siempre tiene espacio para la destrucción económica.
