Esta es una historia narco-capitalista. Del mismo sistema que produce bienes, combustible y energía en territorio fértil y luego transporta todo a través de las fronteras para que llegue a Europa por barco de bandera diversa.
El problema es que con el diesel vienen toneladas de cocaína de máxima pureza en tránsito desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y ahora la justicia argentina investiga la maniobra en la que están involucrados un contratista de Yacimientos Petrolíficos Fiscales de Bolivia (YPFB), su hija, y unos cuantos choferes -cuatro por ahora, dos condenados a penas de entre seis y siete años de prisión en Salta y otros dos procesados por tráfico de estupefacientes-, que atravesaron el límite de Yacuiba rumbo a los puertos de Rosario y Campana.
Desde allí el destino final era Francia, donde se encargan de separar químicos y cocaína con el fin de venderla a altísimo precio. La información conocida en Salta y que reproducen medios de todo el país, hace referencia a que del entramado criminal participan un funcionario aduanero de Bolivia y la familia de un importante empresario de transporte.
Líder liberado y en rebeldía
Se trata de José Luis Sejas Rosales, quien está en rebeldía con la justicia federal salteña, porque fue liberado bajo la condición de que se presentara una vez al mes en un control de Gendarmería, algo que jamás hizo y tiene pedido de captura internacional. Sucede que como Bolivia no tiene tratado de extradición con nuestro país, el hombre sigue en libertad y también haciendo negocios.
Según el Diario La Nación, este hombre tiene cinco empresas con 275 vehículos; en once de ellos secuestraron drogas y precursores químicos, que se utilizan para fabricar estupefacientes; el destino era Rosario y Campana.
El "negocio"
El salto de José Luis Sejas Rosales fue rápido, sin escalas intermedias: pasó de ser un simple chofer de la región del altiplano boliviano a empresario y dirigente “exitoso” en Santa Cruz de la Sierra. En menos de seis años se transformó en un hombre “influyente” en ese país y sumó una flota de 275 camiones repartida en varias empresas que poseen contratos millonarios con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para trasladar combustibles, que se importan desde Argentina.
Por el caso, la Procuraduría de la Narcocriminalidad pidió se recuse al juez Federal de Orán Raúl Reynoso, quien dejó en libertad al empresario boliviano ligado a causas de tráfico de drogas.
El fiscal Federal Penal de Orán José Luis Bruno al igual que el fiscal general de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Adolfo Villatte, apeló y pidió la nulidad de la resolución del juez.
