El déficit fiscal aumenta, se financia con emisión monetaria y la alta inflación es la consecuencia de este proceso. La situación se agrava cuando se advierte que el componente principal del gasto público está dado por el aumento de la cantidad de empleados y las remuneraciones que superan a las del sector privado.
Diversas instituciones (Iaraf, Idesa, NOAnomics, Ieral), que siguen con regularidad este tema, aportan datos que revelan con claridad una situación que, tarde o temprano, de no corregirse producirá una crisis económica y política de envergadura.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos empleados públicos hay en el país, porque tampoco está claro dónde termina el sector público. En los últimos años han aparecido diversas instituciones que no figuran en los organigramas de la administración pública, pero cuyos gastos son cubiertos total o parcialmente con recursos del Estado.
Similar situación ocurre con la contratación de servicios tercerizados, como limpieza y mantenimiento de dependencias públicas. No se trata de algún caso aislado sino de un proceso sistemático que, mirado de cerca, implica la apropiación de alguna porción del Estado y sus funciones por grupos de poder, o protegidos del poder político de turno bajo un camuflaje que hace parecer privados.
Algunos datos, con la salvedad hecha al inicio, señalan que el empleo en las 24 jurisdicciones provinciales sería de 2.000.000 de empleados, computando la administración central. A este número hay sumar los municipios, el Gobierno nacional, las numerosas empresas nacionales, provinciales y municipales.
Es posible que, en definitiva, estemos hablando de una cifra cercana a los 3.000.000 de empleos. Otros datos son más precisos y elocuentes de la tendencia del problema, especialmente en las provincias, por eso uno de los estudios habla de una “bomba de tiempo”.
Por ejemplo entre 2003 y 2008 el crecimiento del empleo privado duplicaba al público; desde la última fecha hasta ahora la relación se ha invertido. La tasa de crecimiento del empleo público duplica al sector privado, 3,1% anual versus 1,6%.
Las provincias y municipios han sido los principales impulsores del empleo público. Otro dato ilustrativo de la magnitud del asunto: en la década, el empleo público en las provincias creció 43%, mientras el aumento de la población fue del 10%. Es difícil justificar un crecimiento del empleo público que cuadruplica el de la población. Por cierto no es necesario hacer referencia a que las prestaciones estatales, como seguridad, educación, salud, no parecen haber mejorado; más aun, se percibe lo contrario.
En el caso de nuestra provincia, el censo recientemente realizado ha identificado unos 94.000 empleados, sin municipales. Entre 2007 y 2013 la administración central se habría incrementado en 33% (prosiguiendo una tendencia que ya venía de los años y gobiernos anteriores) en tanto los organismos descentralizados (Dirección General de Escuelas, hospitales y otros) crecieron 37%.
La directora de la DGE acaba de informar que su planta es de 44.000 personas. Otro dato llamativo que corrobora el crecimiento del empleo es que más de 50% de los empleados tiene entre 19 y 40 años de edad.
Otra forma simple de comprobar el aumento, para las personas que tengan experiencia de algunos años, es una recorrida por las dependencias de la Casa de Gobierno, donde se han ocupado hasta los pasillos, y ver la cantidad de inmuebles incorporados.
Ahora bien, con estos datos de empleo el problema económico y político recién comienza, porque el verdadero problema reside en el gasto que esto implica. Según diversos estudios, con números coincidentes en general, muestran un fenómeno nuevo surgido en los últimos años, y es que la remuneración promedio en el sector público supera cómodamente a la del sector privado. Algunos casos: Formosa 83%, Córdoba 66%, Mendoza 57%.
Que las remuneraciones públicas superen a las privadas es un incentivo más para preferir ese empleo que, además, tiene ventajas como menor cantidad de días trabajados, menos horas, estabilidad, pocas exigencias. En resumen, cantidad de empleados por remuneración es igual a un presupuesto cuyo único ajuste se hace por la inversión. En este contexto hay que poner el tema de las “paritarias” de los estatales provinciales.
