Como un elefante en un bazar, la mole de 3,4 millones de empleados públicos que creció al calor del kirchnerismo, merodea inquieta por los pasillos del Estado ante un posible cambio de mando después de las elecciones de octubre en la Argentina.
En una economía estancada y con un déficit fiscal acuciante, el futuro de la plantilla de trabajadores estatales, tras la mayúscula expansión que experimentó en la última década, es una de las más delicadas herencias que deja la presidenta Cristina Fernández a su sucesor.
Además, una ola de sugestivas incorporaciones de familiares y militantes oficialistas en la administración central, justo en el ocaso de la actual gestión, agregan un condimento político al escenario.
El frente más urgente es el de los más de 600.000 contratados, a quienes a fines de año se les vence el vínculo laboral. Se trata de una cantidad de trabajadores similar a la población de la provincia de Formosa, cuyo destino quedará en manos del próximo Gobierno. Según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), unos 320.000 son empleados provinciales; unos 210.000, municipales; y unos 70.000 dependen de la administración central.
“Una de las cosas que deja el kirchnerismo como deuda es la estabilidad en el empleo público", sostiene Julio Fuentes, secretario general de ATE. Agrega: “Hay una precariedad enorme, sobre todo en las provincias y municipios que, al final, también dependen del financiamiento del Estado nacional”.
Según denuncian los trabajadores estatales, la mayoría de estos 600.000 contratados fueron incorporados para realizar tareas transitorias o estacionales pero en la práctica llevan entre dos y 15 años de antigüedad. “Existen muchas formas de contratación de empleo público flexibilizado: ingresan de becarios, por cooperativas o como prestadores de servicios que facturan para terceras entidades que, por lo general, son universidades del conurbano”, se quejan desde el Ministerio de Economía, donde habría cerca de 4.000 trabajadores fuera de planta permanente.
Si bien la ola de contrataciones durante la última década hace que sea casi imposible cuantificar la dimensión exacta de la masa laboral, algunas cifras obtenidas por este diario reflejan el carácter elefantiásico del Estado.
Mientras los trabajadores públicos registrados, es decir, los que figuran en planta permanente, suman 1.722.000 según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, las estimaciones privadas revelan que si se contabilizan los empleados contratados y otros prestadores de servicios, la cifra se duplica. Un trabajo de FIEL de finales de 2014 calculó que el Estado empleaba a 3.440.000 trabajadores.
Entre 1998 y 2014, mientras el empleo privado aumentó un 50%, el público lo hizo en un 85%. Así las cosas, hoy el sector estatal representa el 26% del total del mercado laboral, según un análisis de Abeceb.com. Eso no es todo: si se toma en cuenta, además de los empleados públicos, a los jubilados y a los beneficiarios de planes sociales, la dependencia del Estado alcanza a 15,1 millones de personas.
Se trata de un 36% de la población del país. En 2006, esa proporción no superaba el 20%.
"Cuando el empleo privado deja de crecer por falta de inversión y de dinamismo, se genera un aumento de empleos en el sector público", dice Dante Sica, director de la consultora. Agrega: "Este escenario se ve en la administración nacional pero fundamentalmente se verifica en las provincias y en los municipios".
En el interior del país, la situación es aún más elocuente. Un trabajo de la consultora NOAnomics estima que la dotación de trabajadores provinciales aumentó un 43% entre 2003 y 2014. En el podio se ubican Tierra del Fuego (111%), Catamarca (85%) y Salta (68%). También por arriba de la media se encuentran Chubut (64%), Santa Cruz (62%), Corrientes (56%) y la provincia de Buenos Aires (55%). En total, la planta pública provincial en 2014 fue de 1.997.000 trabajadores.
“Es una situación peligrosa porque se trata de mucha gente que puede responder a intereses políticos”, opina al respecto el economista Jorge Colina, de Idesa.
Refugio
Desde los albores del kirchnerismo, el Gobierno hizo del empleo uno de sus bastiones y hacía allí orientó su política económica. Sin embargo, en los últimos años, la merma en la actividad y la falta de inversión hicieron que la creación de puestos de trabajo privado se desplomara. Fue entonces cuando se echó mano al sector público para dar refugio a cientos de miles de trabajadores.
Según datos de Idesa, aproximadamente 8 de cada 10 de los nuevos empleos generados durante 2014 en los grandes aglomerados urbanos, correspondieron al aparato estatal. Colina advierte que a medida que “el déficit fiscal se vuelva más insostenible, se impondrá la informalidad como último recurso para subsistir”.
Por su parte, Marcelo Capello, titular del Ieral, define a la política de empleo del kirchnerismo como un “keynesianismo asimétrico más bien parecido al populismo”, por haber privilegiado el aumento del empleo público tanto en los años económicamente malos como en los buenos. “Esta estrategia siempre privilegió el sector público por sobre el privado, hasta que el primero terminó ahogando al segundo”, dice Capello.
A pesar de tratarse de una prioridad para el modelo K, la caída en el nivel de actividad durante 2014 generó que 2.260.000 personas finalizaran el año con problemas de trabajo, ya sea como desempleados o como subempleados demandantes, especifican en Abeceb.com. Son 266.000 más que en 2013 y el aumento no fue mayor porque hubo un ajuste por precio: el poder adquisitivo de los salarios cayó en 2014 un 4%.
Capas geológicas
El problema del empleo público se suma a la lista de desafíos que deberá enfrentar el próximo Gobierno en materia económica y también social. Fuera de micrófono, los equipos de los principales candidatos al sillón de Rivadavia lo reconocen, pero coinciden en que no sabrán cuántas nuevas capas geológicas heredarán tras una década larga de fuerte protagonismo estatal. “Recién cuando asumamos sabremos con certeza qué nos están dejando”, resumen.
Los 3,4 millones de trabajadores estatales representan cerca de un 11% del padrón electoral, con lo cual las promesas de cada candidato pueden ser determinantes de cara a octubre. Al respecto, una encuesta de Cadal encargada a Carlos Fara & Asociados ya indagó en la opinión pública.
Ante la pregunta de qué debería hacer el próximo gobierno “con la cantidad considerable de nuevos empleados públicos”, un 41% de los consultados sostuvo que se deberían “revistar todas las contrataciones y designaciones”. En tanto, un 21% optó por “dar continuidad a los cargos tratando de que cumplan mejor sus funciones en el Estado”, y apenas un 11% instó a “recortar masivamente los puestos públicos para reducir el gasto”.
“Ahora hay que estar atentos a que no ocurran ingresos extraordinarios al Estado en los últimos meses de gestión del actual Gobierno”, señala Capello, del Ieral.
“El próximo Gobierno deberá analizar la situación con detenimiento. Hay sectores donde los recursos son escasos como el sanitario, el educativo y el de seguridad”, sostiene Sica. Concluye: “También tendrá que estudiar los contratos existentes y tener en cuenta que las plantas permanentes no pueden alterarse”.
