Los 230 empleados públicos que cumplen tareas en áreas vinculadas a la atención de tierras fiscales, ordenamiento territorial, protección ambiental y recursos naturales renovables comenzarán a trabajar dos horas más por día, a partir del 1 de marzo.
Muchos de ellos cumplen tareas de control y fiscalización y son profesionales. Otros cumplen tareas administrativas dentro de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial que tiene a cargo Humberto Mingorance.
La extensión de la jornada laboral cuenta con la aprobación del personal. Es parte de un acuerdo con el Ejecutivo provincial que puso en vigencia un convenio específico del sector negociado por cinco años y dos gobiernos.
El escalafón es de 2015, fue firmado y homologado durante el gobierno de Francisco Pérez y publicado en el Boletín Oficial en 2016 . Y -ahora- puesto en vigencia por la gestión de Alfredo Cornejo.
No están incluidos ni los guardaparques ni el personal de parques y Ecoparque, que ya cuentan con convenios propios anteriores.
"Se trata de un blanqueo del sueldo que pone fin a adicionales propios del sector y que incluso deja a la antigüedad dentro del básico", afirma Joaquín Tolosa, el representante paritario sindical del área.
“El nuevo convenio deja de lado las 13 clases de la administración central y establece sólo dos niveles por responsabilidad jerárquica y funciones específicas”, destaca el delegado. Y arriesga que esta nueva estructura “podrá ser una referencia para el resto de la Administración Central”.
Tolosa es integrante de la actual conducción de ATE, que encabeza Roberto Macho. El gremio transita una sorprendente transformación que -de un año a otro- lo llevó de ser el de las mayores confrontaciones, al más acuerdista.
“Estábamos necesitando agilizar nuestra tarea mientras el personal defendía el reclamo histórico de un convenio propio”, destaca Mingorance. Y subraya que la salida acordada da una respuesta a las dos partes.
La aplicación de la nueva estructura salarial fue aprobada por los empleados en el plebiscito que llevó adelante ATE el viernes pasado en la Administración Central.
Este punto -junto a algunos de otras áreas- fue parte de la ‘propuesta integral’ que ofreció el Ejecutivo con la suba del 17 por ciento en dos veces y reapertura de paritarias en octubre, condicionada a la marcha de la inflación y la recaudación.
De un total de 4.500 empleados en condiciones de votar, 1.500 acudieron a las 18 urnas preparadas por ATE. Y entre los votantes 1.350 (el 90 por ciento) se inclinó por la aprobación de la oferta.
El aumento de ingresos por la ampliación de la jornada laboral es ‘proporcional’. Y será aplicado en dos veces (marzo y julio), al igual que la suba general de sueldos del 17% no acumulable.
La extensión de la jornada de trabajo por dos horas redujo otro tanto las ‘mayores dedicaciones’ aún existentes.
Según trascendió, se dispuso un ítem especial reparatorio a aplicar en los ocho casos en los que la jornada de siete horas significaba una disminución de ingresos.
Todo en el marco de una política general del gobierno provincial tendiente a la disminución y desaparición de las ‘mayores dedicaciones’.
Éstas fueron inicialmente suspendidas por Cornejo en todo el ámbito de la administración pública, en el marco de la emergencia dispuesta tras su asunción. Implicaban un ingreso adicional de hasta un 80 por ciento del básico, en los casos en los que se cumplían hasta 4 horas y 45 minutos adicionales a la jornada ‘normal’.
Con la extensión en dos horas del trabajo diario, las pocas ‘mayores dedicaciones’ existentes en el sector, se redujeron 120 minutos.
La jornada de trabajo en el Estado mendocino era históricamente de siete horas, hasta que -durante el gobierno de José Bordón- se redujo en dos horas en medio de la crisis inflacionaria de 1989 y como 'respuesta' a una imposibilidad de aumento salarial.
Paritarias y horarios en el Estado
La jornada habitual de trabajo de siete horas (de 7 a 14) que se cumplió en el Estado provincial hasta el gobierno de Santiago Felipe Llaver (UCR) se redujo a cinco (de 8 a 13) durante José Octavio Bordón.
Por entonces, la Argentina sufría la hiperinflación de la última etapa de Raúl Alfonsín y la primera de Carlos Menem (1989). El gobierno mendocino se inclinó por reducir la jornada de trabajo, ante las dificultades para actualizar sueldos. Aunque sentó las bases del comienzo de las negociaciones salariales en el Estado provincial.
Sin embargo, las paritarias del sector público no fueron convocadas por Bordón, ni por sus sucesores Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla (PJ), ni por el radical Roberto Iglesias.
Las primeras comenzaron en 2004 con Julio Cobos (UCR). Desde entonces no han faltado propuestas sindicales de volver a las siete horas, apuntando a mejorar los ingresos de los empleados públicos.
