Los salarios de los empleados estatales de Mendoza están ampliando la brecha con relación al sueldo promedio de los trabajadores privados. La diferencia se debe a que los primeros siguen de cerca a la inflación (gracias a la cláusula gatillo), mientras que los segundos tienden a evolucionar por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectados por la caída de la actividad económica.
Analizando la evolución de las remuneraciones, se puede reconocer con facilidad la diferencia entre un caso y otro. De acuerdo a estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, actualizadas por el Ieral (Fundación Mediterránea), en diciembre del 2018 los trabajadores del sector privado mendocino ganaban en promedio $ 25.008 de bolsillo. Tras las negociaciones de paritarias, el ingreso ascendió a $ 33.022 netos en setiembre de este año (32% de variación).
Los estatales, en cambio, lograron un ajuste de 35,1% durante ese mismo período. Para llegar a ese dato, se tuvo en cuenta la remuneración promedio informada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para lo trabajadores cubiertos por la ART de los empleados públicos (Provincia). Los números, que luego fueron confirmados por el Gobierno de Mendoza, indican que en el último mes del año pasado los estatales cobraban en promedio $ 25.771 de bolsillo, mientras que en setiembre percibieron $ 34.808 netos.
Eso significa que al finalizar el 2018 existía una brecha salarial del 3% a favor del sector público y hoy, la diferencia llega al 5,4%.
Cabe aclarar, que en ambos casos se está hablando de promedios, pero las comparaciones resultarían diferentes si se analizaran algunos sectores en particular. No es lo mismo comparar lo que cobra un maestro del Estado con un empleado del sector petrolero o un policía con un empleado de comercio.
De todas formas, es un hecho que las paritarias de los trabajadores estatales han conseguido mejores acuerdos que las negociaciones privadas, salvo por algunas excepciones puntuales.
La desigualdad
De acuerdo a los especialistas, el agrandamiento de la brecha entre los salarios públicos y los privados se debe esencialmente al poder de negociación que han tenido los gremios este año.
El economista Jorge Day, del Ieral (Fundación Mediterránea), observó que "el nivel de actividad económica ha caído mucho durante 2019" y en ese escenario, "es lógico que los salarios del sector privado no puedan seguir el ritmo de la inflación".
Se mostró de acuerdo el economista Pablo Salvador, quien indicó que "casi el 60% del empleo privado es creado por pymes, que ante la profunda recesión que atraviesa el país, tienen poca capacidad para otorgar ajustes salariales. "Sin ventas, es muy difícil que las empresas puedan pagar salarios que sigan a la inflación. Los trabajadores, por su parte, aceptan esta situación por miedo a perder el empleo. Saben bien que no es un buen momento para salir a buscar un nuevo lugar en el mercado laboral", indicó.
La situación ha sido muy diferente para los asalariados del sector público, que se han visto favorecidos por los acuerdos de paritarias con cláusula gatillo, que obligan al Gobierno a equiparar los sueldos con el avance de la inflación. "Esa diferencia lleva a que los empleados de la parte privada quieran pasar al sector público", apuntó Day.
Coincidió con esa lectura Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía de Mendoza. "La intención de los trabajadores del sector privado de migrar hacia la parte pública hace que el Estado pueda tener personal más calificado", analizó.
En relación a los acuerdos de paritarias de los trabajadores estatales, Laza señaló que "Cornejo ha logrado dar un impulso a la economía por el lado del consumo". Desde su punto de vista, la aplicación de la cláusula gatillo "ha sido un gran esfuerzo de Hacienda, que ha sido posible gracias a un manejo muy prolijo de las cuentas públicas por parte del Gobierno de Mendoza".
En tanto, Pablo Salvador, consideró que la brecha entre salarios públicos y privados se seguirá agrandando en los próximos meses, debido a que el Gobierno debe cumplir obligatoriamente con la cláusula gatillo, mientras que "el sector privado probablemente seguirá profundizando la caída de la actividad y, por tanto, seguirá teniendo dificultades para mantener el poder adquisitivo de los sueldos".
