El Tribunal de Cuentas emplazó al Estado provincial -en la figura del Ministerio del Gobierno- a que gestione la debida rendición de fondos que se destinaron a las elecciones de 2015, hace casi dos años.
Se trata, principalmente, de fondos que entregaron a los partidos políticos -en convenios de subsidios- para que imprimieran sus boletas en las votaciones provinciales del 19 de abril (PASO) y del 21 de junio de ese año (general). También de las que se hicieron en Godoy Cruz (primarias del 27 de setiembre y general del 29 de noviembre).
Según la auditoría del organismo de control hecha para el ejercicio 2015, hay irregularidades en las rendiciones de esos fondos que suman más de $ 15 millones.
Responsabiliza por esas falencias a los partidos políticos que no cumplieron con la adecuada rendición. Pero también al Ejecutivo provincial, en las figuras de la Dirección de Administración y del Ministerio de Gobierno, de las gestiones de Francisco Pérez y de Alfredo Cornejo, por no tramitar debidamente esas presentaciones.
Asimismo, el “pliego de observaciones” enviado por el Tribunal alerta a la propia Junta Electoral por la falta de rendiciones.
Según explicaron en el Gobierno, en los partidos hubo “una confusión”, ya que las rendiciones con facturas originales se enviaron a la Junta Electoral y no al Tribunal.
Lo cierto es que todos los organismos -y sus responsables- ya fueron notificados y tienen hasta el próximo miércoles para presentar la documentación respectiva.
De lo contrario, los dirigentes, pero también los funcionarios, como el ex ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, o el actual, Dalmiro Garay, podrían ser sancionados.
Esas sanciones serían multas o “cargos”, los que, cuando se aplican, hasta pueden ser millonarios, ya que generalmente coinciden con el monto de la falta detectada, este caso, los $ 15 millones que suman las rendiciones no hechas.
Una sanción adicional será la imposibilidad de ejercer como funcionario público mientras no se haya saldado la deuda que se contrae al ser sancionado -o que lo absuelva la Suprema Corte de Justicia-.
Detalle de las faltas
Cabe aclarar que en más de un caso, los partidos han hecho las rendiciones, pero no de la manera adecuada. “Hay varios casos en los que las agrupaciones presentaron fotocopias o duplicados de las facturas y eso es un error. Lo que se exige es el original de la factura”, explicaron desde el Tribunal de Cuentas, donde atribuyeron esa falta a “simple desconocimiento” de los responsables partidarios.
Pero también hay casos en los que directamente no hubo rendición. El ejemplo más notorio es el del Frente para la Victoria, partido gobernante en aquel tiempo, que adeuda las rendiciones de casi la mitad de todos los fondos.
Esa fuerza recibió del Estado poco más de $ 10 millones para las elecciones de 2015. Poco más de 5 millones fueron rendidos con duplicados de facturas, es decir, de forma inadecuada.
Pero el resto directamente no se rindió, tal como lo demuestra el pliego de observaciones del Tribunal. Así, el peronismo debe rendir exactamente $ 10.382.116,65.
En consecuencia, el Tribunal responsabiliza -por no haber rendido los fondos- a los representantes partidarios Mariano Domínguez, Alejandro Jardón y al ex subsecretario de Trabajo, Mauricio Guzmán.
Pero además, “por falta de reclamación de rendición”, conmina a Lafalla y a Garay, además del director de Administración en 2015, Ariel Povez, a su remplazante desde el 9 de diciembre de ese año, Silvia Ruiz y a la secretaria habilitada, Josefina Cappello.
Estas autoridades (ex y actuales) también deberán dar cuenta en todos los otros casos.
Cambia Mendoza tampoco hizo los deberes. Si bien esa alianza que hoy gobierna la provincia recibió del Estado unos 5,3 millones de pesos y presentó las facturas correspondientes por 4,4 millones, aún no justifica gastos por 805 mil pesos, que son los que ahora debe rendir.
Quien tiene que presentar las facturas correspondientes -y que podría ser multado si no lo hace- es el actual presidente de la Cámara de Diputados, el radical Néstor Parés.
La lista sigue con casi todas las fuerzas. El Partido Federal no rindió bien (presentó copias y no originales de facturas) $ 826.910,40. Por lo tanto, su representante, Adolfo Innocente, debe hacer esa presentación ante las posibles sanciones.
El partido Es Posible adeuda la documentación válida por casi $ 750 mil. El Movimiento Al Socialismo (MAS), también debe originales por $ 694 mil. A su apoderado, Gerardo Uceda, le faltó rendir $ 79 mil, faltándole entonces justificar unos $ 763 mil.
También el FIT adeuda documentación por $ 1,4 millón y no rindió casi $ 50 mil.
Unidad Popular, que lidera el senador peronista Guillermo Amstutz, rindió mal 28 mil pesos.
Entre los aliados del radicalismo, el Partido Demócrata debe rendir adecuadamente $ 532.100; el Pro, $ 88 mil; el partido Nueva Acción, $ 2.400 (recibió $ 35.200); el Partido Socialista, $ 11 mil y el Partido “Para la Victoria”, $ 57.200.
En el Tribunal de Cuentas aclararon que la mayoría de las fuerzas han estado llevando -luego del emplazamiento- los documentos. En tanto el ministro Garay señaló que “ya se enviaron todas las intimaciones” para que los partidos cumplan con las rendiciones.
La Junta Electoral también debe regularizar rendiciones
El pliego de observaciones del Tribunal de Cuentas también pide a la Junta Electoral -entre otros puntos- que regularice las rendiciones de los gastos operativos de las elecciones de 2015.
Entre los cuestionamientos que se plantean a ese organismo, están los llamados “gastos operativos" de las elecciones de aquel año, tanto las provinciales como las municipales de Godoy Cruz, pero también las primeras que se realizaron en aquel tiempo: las de Capital y San Carlos.
Además, el Tribunal pide que se expliquen claramente ciertas “inconsistencias” en las contrataciones de trabajadores -que habitualmente revistan tareas en la Junta- para los operativos electorales.
Finalmente el Tribunal pide a la Junta que justifique una diferencia de $ 450 mil de pagos al Correo Argentino, que no estuvieron “adecuadamente documentados” y otro $ 1,9 millón del pago a los presidentes de mesa que actuaron en esos actos electorales, que se abonaron también mediante el Correo, y de los cuales no hay documentación adecuada.
En el Tribunal de Cuentas confirmaron que el secretario electoral, Luis Alfredo Puebla, ya ha hecho contacto para responder a estas observaciones.
