La Cámara de Diputados aceptó por mayoría simple la iniciación del juicio político al juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm, por lo que ahora sigue el análisis que hará la comisión de juicio político. El plazo que tiene son 30 días hábiles, según lo establece la Constitución provincial en el artículo 109. En este período se abocarán los legisladores a buscar pruebas.
“Éstas pueden ser testimoniales (cuando van a declarar determinadas personas), o informativas, (cuando se piden expedientes e informes”), explicó Alejandro Jofré, abogado administrativista. “Tenemos amplísimas facultades para investigar y pedir peritajes”, agregó Cassia, uno de los integrantes de la comisión.
Junto a él, también estarán en la investigación los diputados peronistas Gustavo Arenas, Claudio Díaz y José Muñoz; los radicales Edgardo Pintos y Lorena Meschini, y el demócrata Aldo Vinci (PD). De la comisión surgirá un dictamen acusatorio o absolutorio, o ambos (situación en la que se tendrá que elegir uno), y en el caso de que se decida seguir el juicio, será el Senado, con dos tercios de votos, el que dirá si Böhm sigue en sus funciones o si debe ser destituido.
El pedido de juicio para el magistrado es porque se lo acusa de haber favorecido a la jueza Stella Maris Ontiveros. La denuncia fue realizada por la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y el senador Gustavo Valls (Frente Renovador), quienes creen que Böhm cometió “incumplimiento de sus deberes de funcionario público” y elevaron el pedido a la instancia de juicio político.
Según argumentan los legisladores, Böhm favoreció a la jueza a través de su firma para que cobrara una indemnización por un accidente sufrido en 2001. La polémica se da porque años atrás, ante un pedido de Jury contra Ontiveros, el juez se excusó de participar en el proceso alegando “íntima amistad” con la mujer.
