Comenzó la etapa de alegatos del sexto juicio por delitos de lesa humanidad que realiza el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 en los tribunales federales de Mendoza.
Ayer Dante Vega, fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, comenzó a acusar a 2 de los 28 imputados pertenecientes a las fuerzas de seguridad en 12 causas donde están incluidas 86 víctimas de desapariciones forzadas y homicidios ocurridos antes y durante la última dictadura.
Esta sexta megacausa había arrancado en octubre de año pasado y tenía como principal acusado al multicondenado genocida Luciano Benjamín Menéndez. Pero el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército murió el 27 de febrero a los 90 años, quedando así fuera del debate.
Quien sí estaba en el banquillo de los acusados era Carlos Rico, ex oficial del Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza e instructor en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC). Rico, tal como los restantes imputados, responden por varios delitos: privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos, homicidio agravado y asociación ilícita.
Vega centró su alegatos en la acusación de miembros de la Policía Federal: Marcelo León y José Luis Mirotta, acusados de haber participado en el secuestro y posterior homicidio de los integrantes del ERP: Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar.
Sánchez Andía era un estudiante de la carrera de Comunicación y presidente del centro de estudiantes y fue secuestrado por un grupo armado cuando estaba internado en el hospital de San Martín el 5 de junio de 1975. Diez días después fue fusilado en Canota. En tanto que Romano Rivamar fue secuestrado el 22 de abril de 1976 y su cadáver fue hallado luego en el dique Papagayos, con un tiro en la nuca.
Actuación de la Federal
El fiscal Vega valoró positivamente las más de 10 testimoniales -una de ellas registrada en un documental por el periodista Rodrigo Sepúlveda- que a través del tiempo ha ofrecido el ex federal Carmelo Cirella. Luego explicó que Cirella escuchó a Francisco Cardello (un federal fallecido) decir que se habían llevado a Sánchez Andía “en una ambulancia”.
Sobre la muerte de Romano Rivamar, Vega dio como válida la versión de Cirella, quien declaró cómo el integrante del ERP fue llevado hasta Papagayos, donde fue ejecutado.
Se estima que la etapa de alegatos se extenderá por los menos unas dos semanas y luego habrá sentencia.
