La media sanción dada en el Senado de la Nación a un proyecto que declara la emergencia social por un año en todo el país, es un dislate por donde se lo mire. El proyecto fue presentado por legisladores del FpV y del GEN, apoyado por las distintas fracciones del peronismo.
Se trata de un ejemplo perfecto de demagogia y chantaje político, por cuanto quienes lo elaboraron y apoyaron en el Senado saben que es inviable. Entonces “quedemos bien con los necesitados y que el Gobierno cargue con el fardo político de vetarlo”. El proyecto propone un aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 15%, dispone un aumento de 50% de las partidas alimentarias y previsionales, crea un Salario Social Complementario, propone la creación de un Consejo de la Economía Popular. La perla del proyecto es que instruye al Ministerio de Desarrollo Social “a crear un millón de puestos de trabajo en todo el territorio nacional”.
Dos datos son interesantes sobre estos dislates: el legislador neuquino Guillermo Pereyra, integrante de la CGT, pidió infructuosamente sacar la palabra “trabajo” y poner en su lugar “subsidio”, porque es lo que se está otorgando, no un sueldo. A su vez el proyecto que crea el Salario Social Complementario, destinado al parecer a los trabajadores informales, dice que será establecido por el Consejo de la Economía Popular en base a un índice de precios de una canasta popular que definirá el mismo Consejo.
Al discutirse cómo financiaría un proyecto que, según los propios legisladores proponentes, sería de un costo de 50.000 millones de pesos y según el gobierno del triple de esa cifra, volvieron vaguedades siempre peligrosas: nuevos impuestos. Tales como gravar los plazos fijos de las personas físicas, el juego, reinstalar las retenciones a la minería. Resulta increíble que en un país que necesita desesperadamente bajar el gasto, el déficit fiscal y la carga impositiva si quiere crecer, se proponga y apruebe lo contrario.
La ministra de Desarrollo Social señaló con claridad que la emergencia social y alimentaria está vigente desde 2003, aunque durante el gobierno de CFK se afirmara que teníamos “menos pobres que en Alemania” y que medir la pobreza era “estigmatizante”. Con estos criterios, todos los pobres, casi un tercio de la población según un Indec serio, los creó este gobierno; los kirchneristas lo afirman sin ponerse colorados.
Se ha dicho bien que se trata de una ley para expandir la cultura de la dádiva. En su habitual informe semanal Idesa, posiblemente la organización profesional que mejor conoce el tema social, es lapidario en la crítica al proyecto: “Los partidos de la oposición se alinearon para aprobar en el Senado un proyecto de ley que implica multiplicar los planes asistenciales. La iniciativa pareciera ignorar que el Presupuesto para el próximo año ya contempla que un cuarto de los ingresos públicos se asigne a esa función. Pero lo más criticable es la tozuda apelación al asistencialismo tradicional en lugar de aportar ideas que ayuden a encontrar soluciones estructurales a los problemas sociales”.
Los números de la asistencia social son contundentes en el Presupuesto 2017. El Ministerio de Trabajo asignará 6.400 millones a planes de empleo y capacitación laboral. El de Desarrollo Social 128.000 millones a planes asistenciales y la Anses 363.000 millones a la AUH, el plan Progresar y las jubilaciones sin aportes. Se trata de casi 500.000 millones, el 26% de lo que recauda, es decir 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado Nacional va a planes asistenciales. A esos hay sumar el gasto de las provincias y municipios.
La pobreza es demasiado grave como para hacer electoralismo con ella.
