El decreto de declaración de la emergencia económica, financiera, social, y administrativa, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y ratificada por la Legislatura esta semana, provocó reacciones negativas del sector sindical. De hecho, el gremio de trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) decidió ir a la Justicia y plantear una acción de inconstitucionalidad, ya que asegura que se le descuenta "en promedio" un 50% de los salarios del sector, que abarca a unos 520 empleados.
La presentación no se realizó contra el decreto 401 completo, que declara la emergencia para poder conseguir créditos externos y poder reordenar partidas para volcarlas a mitigar la pandemia del coronavirus. El gremio rechaza en concreto el artículo 7 que deja "sin efecto el piso determinado para el cálculo de la bonificación compensatoria y mayor productividad que perciben los empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos durante la vigencia de la emergencia dispuesta por el Decreto 359" (que plantea la emergencia sanitaria).
Según el titular del gremio, Martín Caín, el martes se realizó una presentación ante la Suprema Corte local pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 7, pero además se planteó una medida precautoria "a fin de resguardar los salarios" de los trabajadores mientras se estudie la resolución de la misma.
"Creemos que esta medida fue arbitraria, discriminatoria y además inconstitucional. En base a esos conceptos hicimos la presentación en la Justicia, porque la merma de salarios será bastante alta, sobre todo para los empleados que cobran menos", expresó el gremialista a Los Andes. No obstante, dejó en claro que el gremio "no está en contra de la emergencia en sí, sino del artículo que baja los salarios de los empleados".
Consultados por Los Andes, desde el Gobierno prefirieron no pronunciarse sobre el tema señalando que esperarán "a que llegue el planteo para tener conocimiento de los fundamentos que planteó el gremio".
No obstante, en el oficialismo entienden que el reclamo no debería ser aceptado por la Corte porque sostienen que en una situación de emergencia, los casinos cerrados “no tendrá recaudación, pero el salario se seguirá pagando”, aunque sin este adicional.
El monto de los descuentos
Caín, quien es además secretario gremial del Partido Justicialista de Mendoza, consideró que el decreto de Suárez significa un recorte “de alrededor del 50%” en los salarios de los 520 trabajadores de las diferentes dependencias del Instituto. Sin embargo, en el Gobierno rechazan este dato y señalan que es de un 50% solo “para aquellos que tienen sueldos más altos, pero para los que ganan menos el mismo ronda el 30 o 35%”.
De hecho, indican además que este ítem fue "distorsivo" durante la gestión del peronismo, ya que "durante varios años hubo baja recaudación y este ítem se aplicaba a un piso histórico más alto, en el que siempre el 'punto' que se pagaba era más que lo que recaudaba el Casino. Recién a mediados del 2016 la recaudación fue mayor al porcentaje que se abonaba en este concepto", acotaron.
Respecto a los salarios los números también difieren en ambos lados. Según Caín, un empleado clase 9 con 15 años de antigüedad "cobra unos $ 50.000, y con el descuento baja a los $25.000". Pero en el Ejecutivo argumentan que los sueldos sin el ítem cuestionado "no bajan de los $ 30.000".
Interna política
Desde el gremio se mostraron desilusionados por la actitud que tomó gran parte de la oposición en la Legislatura, ya que Protectora y el Frente de Todos votaron a favor del decreto de Suárez, a excepción de los legisladores que pertenecen a la rama sindical, como Natalia Vicencio, Marcelo Aparicio y Carlos Sosa. Además de ellos, Mailé Rodríguez y Lautaro Jiménez (ambos del Frente de Izquierda) rechazaron el decreto.
“La razón por la que la oposición no votó en contra es la misma por la que aprovechó el Ejecutivo para reducir salarios. Al parecer quisieron evitar un repudio, por si votaban en contra de la emergencia. Hubo miedo a rechazar un decreto que tiene un artículo inconstitucional”, enfatizaron desde el gremio.
También hubo también críticas de Jiménez al resto de la oposición: "Llamativos y peligrosos los argumentos del PJ y Protectora para votar a favor de los decretos de Suárez (Cambiemos). 'Estamos convencidos de que estos decretos son inconstitucionales, pero los votaré a favor porque el Gobernador lo necesita y que los revisen en sede judicial'", tuiteó el senador del FIT.
