Frente al paquete de leyes recientemente aprobadas por el Congreso Nacional, es necesario distinguir dos cuestiones que, de acuerdo a cómo se consideren, pueden definir el éxito o el fracaso del plan económico que a partir de esta semana el gobierno nacional se propone implementar.
Es que debido a una crisis que viene prolongándose desde hace ya varios años sin solución de continuidad, parece inevitable que algunas medidas excepcionales deban tomarse para recuperar plenamente el control del Estado y dirigir desde el mismo la superación de una situación que viene perjudicando a prácticamente todos los sectores de la comunidad argentina.
En ese sentido, algún tipo de concentración en las decisiones, aunque ello nunca es lo mejor que podría ocurrir, puede ser inevitable ya que no sólo todas las variables macro y micro económicas parecen alteradas sino que el mismo diálogo y consenso entre los distintos sectores sociales parece ha de demandar bastante más tiempo de lo que la urgencia requiere porque construir pactos de gobernabilidad es una obra para la cual hay que armarse de paciencia, poder escuchar las entendibles razones de todos y a la vez persuadir a cada uno de deponer sus pretensiones corporativas por las cuales se ha impuesto la costumbre en toda negociación de pedir en vez de dar.
Sin embargo, la emergencia que concentra poderes a través de la delegación legislativa, si no es algo que desde su primer momento gesta sus propios límites y su propio control, la historia y la experiencia vienen demostrando que la tentación de usar para siempre lo que en principio fue para la excepción temporal, es algo de lo que difícilmente la clase política puede prescindir.
En efecto, así se verificó a principios de siglo cuando también una crisis de gran envergadura llevó a solicitar algo parecido a la suma de los poderes públicos. Pero, sin embargo, luego de superados los peores momentos y cuando el país volvió a la normalidad e incluso mejoró sus potencialidades debido al incremento colosal de los valores internacionales de nuestras materias primas, el gobierno de aquel entonces -que partidariamente coincide con el actual- decidió mantener los poderes especiales durante los tres mandatos en los que ejerció la presidencia.
Si hoy llegase a ocurrir algo parecido, será muy difícil alcanzar una verdadera solución de los problemas, o más bien, por el contrario, lo que ocurrirá es que a las actuales dificultades se les agregarán otras con lo cual las soluciones se alejarán cada vez más.
Es que además de que está conceptualmente mal la concentración de poderes, por otro lado la situación que vivimos hoy es muy diferente a la anterior donde la competitividad internacional de nuestros commodities ofreció un alto margen para gobernar sin requerir de todos los apoyos posibles.
Hoy, en cambio, ante una situación económica tanto nacional como internacional que no ofrece las mejores perspectivas, tarde o temprano será imprescindible acordar con la mayor parte de los sectores posibles porque solo un plan concertado y un consenso profundo podrán llevar a buen puerto las reformas, cualesquiera estas fueran. Nadie, por más poderoso que sea o que se sienta, puede arreglar por sí solo la enormidad de cuestiones irresueltas que tiene hoy la República Argentina.
En síntesis, en el presente de nuestro país hay que tener el talento y la tolerancia políticas para poder determinar con absoluta precisión las diferencias entre lo urgente y lo importante. Ya que puede justificarse por razones de urgencia que se permita una concentración coyuntural y limitada de poderes en manos del Ejecutivo para encarar con la mayor eficacia posible aquellos problemas que no pueden esperar. Pero a la vez lo importante a mediano plazo es poder y saber acordar, lo que requiere mucha participación en vez de superpoderes.
