En Santa Rosa, donde la población no supera las 18.000 personas en todo el departamento, hay un déficit habitacional que alcanza las 1.500 viviendas. El dato, que a priori parece exagerado, surge del mismo municipio y en medio de ese escenario, que el Ejecutivo califica como “muy complicado”, es que el Concejo acaba de aprobar la emergencia habitacional, una herramienta que permitirá a la comuna salir a buscar recursos específicos para dar inicio a un programa de construcción de viviendas sociales, similar al que ejecutan departamentos vecinos como Junín y Rivadavia.
“Es una situación delicada, que se agravó mucho en los últimos años en los que el gobierno apenas entregó unas pocas casas en Santa Rosa”, dice la intendente Norma Trigo.
“Hoy, conseguir una vivienda es complicado, mucha gente vive de prestado, en lo de algún familiar o en condiciones muy precarias. Tampoco hay alquileres o están muy caros”, precisa.
Es por este panorama, el de un departamento empobrecido donde el Estado ha construido en la última década unas pocas casas en comparación con la demanda (en 2015, por ejemplo, el cupo de viviendas del IPV para Santa Rosa fue de apenas 19 viviendas), que la intendente envió al Concejo Deliberante un proyecto que declara la emergencia habitacional y que permite diagramar un proyecto de construcción de viviendas sociales.
Desde hace años, Amanda vive con su marido y un nieto en los terrenos del ferrocarril de Santa Rosa y hace algunos días, se sumó su cuñada con siete hijos. Todos ocupan el viejo edificio de estación y se han repartido los espacios de lo que fue hasta los años 90, la oficina ferroviaria.
“Mi marido fue empleado de los trenes y por eso nos dieron este el lugar”, cuenta la mujer mientras cocina milanesas, aunque admite que no tiene papeles de propiedad: “Nos dijeron que nos quedemos hasta que consigamos una casa, pero eso es muy difícil. Hemos querido entrar en algún barrio, pero no hay manera. Hace más de 20 años que peleamos por una casa”, cuenta la mujer y agrega que han comprado materiales para agregarle una pieza a la construcción que ocupan.
“Hay problemas de vivienda en toda la provincia, pero en Santa Rosa el tema es más grave, ya que la población del departamento es de 18.000 personas y nos faltan 1.500 casas”, subraya la concejal Débora Quiroga. “No es que tengamos 1.500 familias viviendo en la calle, pero sí que están alquilando, en casas de prestado, en lo de familiares, con los suegros o en condiciones muy precarias, como ocurre, por ejemplo, en el barrio Cosquín, de La Dormida”, aclara.
La idea del municipio es implementar un programa para construir casas sociales: “Viviendas muy baratas, de unos $ 250.000 de costo, en terrenos del propietario, que se edifican a partir de la colaboración entre el dueño y el municipio y que se pagan según las posibilidades”, resume el Ejecutivo, que gestionará un crédito para comenzar con el proyecto en los próximos meses.
Carina tiene 40 años y vive con sus cuatro hijos en una humilde vivienda que alquila en la villa cabecera. Desde hace doce años está detrás de conseguir casa propia: “Soy celadora y casi la mitad del sueldo se me va en alquiler”, cuenta y explica que la casa que alquila, en realidad es una pieza con cocina y un baño compartido en el patio.
Este año, el IPV avanza con la construcción de dos barrios: Esperanza Santarrosina, que incluye 32 casas en el carril Norte y las 26 que se levantarán de la tercera etapa del barrio Santa María, en 12 de Octubre. “Vienen bien, pero no alcanzan”, resumen en la comuna.
Además, el déficit de viviendas hace que sea difícil conseguir algo para alquilar y por ello mismo, los valores muchas veces rondan los $ 5.000: “Similar a lo que se paga en San Martín, pero acá es mucha plata para, por ejemplo, un municipal que no llega a $10.000 de sueldo”, dice Quiroga.
El proyecto ya fue aprobado, crea un Fondo de Emergencia Habitacional con afectación presupuestaria y que se nutrirá con el crédito que negociará el municipio, pero también con fondos de la nación o la provincia destinados a viviendas. que negociará el municipio, pero también con fondos de la nación o la provincia destinados a viviendas.
Un plan similar al de Junín
El sistema de casas sociales que implementará Santa Rosa es copia del que desarrolla Junín desde 2009, cuando el municipio anunció que construiría casas por una quinta parte del dinero que necesita el IPV para levantar una vivienda.
El asunto causó entonces gran conmoción: un departamento cuestionaba claramente los números oficiales para la construcción de barrios, por lo que el asunto enfrentó a la comuna radical, con el ex gobernador Celso Jaque (FpV), debido a la notable diferencia. La Provincia se defendió sosteniendo que Junín no tenía entre sus costos el precio del terreno ni la urbanización.
Hasta fines de 2014, Junín edificó casi 300 viviendas bajo ese sistema: con fondos de la comuna, en terreno del futuro dueño de la casa y con mano de obra municipal o aportada por el propietario. El sistema fue imitado por otros departamentos, Rivadavia entre ellos.
En 2016, Junín retomó el programa y desvió diez millones de pesos que bajaron de la Provincia para obras de cordón, cuneta y banquina (un proyecto que la comuna había encarado con fondos propios) y los destinó a la construcción de 31 casas a bajo costo.
