La independencia de la Justicia respecto de los demás poderes del Estado es una de las garantías de funcionamiento de las instituciones republicanas destinada a proteger los derechos de las personas frente a eventuales avasallamientos de los otros poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo y toda voz que se alce en su contra debe encender luces de alerta en la sociedad.
El propio juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, de clara afinidad con el kirchnerismo, advirtió en recientes declaraciones sobre la intención del oficialismo de impulsar la elección popular de los jueces, al considerar que su implementación podría generar “demagogia” y “corrupción” en el mecanismo para la selección de los candidatos a ejercer la magistratura.
La referida opinión resulta en esta oportunidad de suma importancia, ya que se produce en momentos en que las presiones sobre los jueces en general, y sobre los integrantes de la Corte en particular, es creciente por parte del Gobierno con motivo del polémico abordaje judicial de la Ley de Medios.
La idea de elección “democrática” de los miembros del Poder Judicial se movilizó fuertemente en el kirchnerismo en diciembre, luego de que la Presidenta de la Nación pidiera públicamente un “proyecto para democratizar” a la Justicia nacional a raíz del impacto que significó el fallo absolutorio de un tribunal de Tucumán de los 13 imputados por el secuestro de María de los Ángeles Verón.
Lamentablemente, la idea de que los jueces sean elegidos por el voto popular se interpreta como una reacción más del poder político nacional sobre la Justicia a raíz de fallos y resoluciones que no han respondido a la voluntad y las estrategias del Gobierno.
Recientes apreciaciones de la titular de Madres de Plaza de Mayo, la señora Hebe de Bonafini, una de las voces más representativas del kirchnerismo, se sumaron a la embestida oficialista contra los jueces al reconocer públicamente que ella ejerce “presiones” sobre la Corte para que ésta emita fallos favorables al Ejecutivo. La actitud de Bonafini llevó al fiscal general, Diego Nicholson, a denunciarla por amenazar a los jueces con sus conceptos periodísticos.
Es de esperar que las actitudes hostiles hacia la Justicia de parte de funcionarios, legisladores y demás personajes públicos vinculados al oficialismo, cesen y que no sólo el accionar de los magistrados goce de la necesaria independencia, sino que en los distintos ámbitos del poder político de turno se acepten, se respeten y se cumplan las decisiones judiciales más allá de conveniencias circunstanciales.
Es indispensable entonces que jueces, abogados, entidades intermedias y académicas, ilustren a la ciudadanía, a la dirigencia política y en particular a los gobernantes, sobre la gravedad de estas presiones y los alcances y consecuencias que pueden tener para los miembros de la sociedad, ideas que, bajo un ropaje democrático, muchas veces son lanzadas con otras intenciones como pueden ser las de someter a los jueces a la voluntad de los gobernantes.
