El juez federal subrogante de San Rafael Eduardo Puigdéngolas dispuso el embargo preventivo por 5.000.000 de pesos sobre los bienes de cuatro imputados en la causa en la que se investigan maniobras de evasión tributaria a través de facturas apócrifas y declaraciones juradas engañosas, y que involucra al empresario multimediático Gustavo Mátar y su esposa la diputada Evangelina Godoy (Frente Renovador), su hijo Brahim y la contadora de la empresa familiar, Lorena Ríos.
El magistrado así lo dispuso al considerar posibles maniobras de lavado de activos con el dinero originado en la evasión, tal como lo publica la web del Ministerio Público Fiscal. Además de trabar el embargo preventivo por 5.000.0000 de pesos sobre bienes de los imputados, los citó a indagatoria. Los acusados habrían utilizado facturas apócrifas y declaraciones juradas engañosas para reducir sus obligaciones impositivas.
Mátar es el principal implicado en la denuncia por presunto cobro de sobreprecios en facturaciones al gobierno de Mendoza durante la gestión justicialista de Celso Jaque en concepto de servicios de comunicación. Ahora también es investigado por la Justicia Federal por el presunto delito de evasión simple, evasión agravada y lavado de activos junto a su esposa, la diputada Godoy, uno de los hijos de la pareja y la contadora de la empresa.
Cabe recordar que a mediados de octubre, personal de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional allanó la casa particular de Mátar, la de algunos parientes, su esposa y domicilios comerciales donde funciona una empresa del hijo. También Sur Talent SRL, firma que figura en la causa que tiene el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay.
En estos procedimientos se secuestró documentación, equipos informáticos y 4 vehículos.
En el mismo tenor de lo solicitado por el fiscal Pablo Garciarena, se incluyó en la investigación la “posible comisión del delito de lavado de activos con los montos originados en la evasión, utilizando como canal de blanqueo un grupo de firmas comerciales especialmente constituidas con ese fin”. La Fiscalía Federal de San Rafael contó con la colaboración del área de Delitos Tributarios y Contrabando, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, de la Procuración General de la Nación.
Puigdéngolas ordenó “en forma precautoria” la intervención judicial de las sociedades comerciales vinculadas a los imputados con el objetivo de fiscalizar y establecer la eventual existencia de bienes “que puedan constituir el producto o provecho del delito”, y que hasta el momento no hayan podido ser identificados.
En forma simultánea el magistrado ordenó el congelamiento por 90 días de una cuenta corriente a nombre de una de las sociedades comerciales de los imputados, la cual mostró saldos superiores a los 1.500.000 de pesos entre los meses de marzo y mayo de este año. Y ordenó múltiples allanamientos, el secuestro de vehículos y citó a prestar declaración indagatoria a la totalidad de los acusados.
Una denuncia efectuada por la Dirección Regional Mendoza de la AFIP sobre irregularidades detectadas en el proceso de verificación y fiscalización del contribuyente y una sociedad comercial cuya responsabilidad compartiría con otros tres socios, sería lo que originó esta causa.
La AFIP señala que el imputado habría evadido el pago del impuesto a las Ganancias de 2010 y 2011 por $440.560,01 y $3.144.752 respectivamente, y de IVA del 2011 por una suma de $1.586.962,87.
La evasión se habría cometido a través de declaraciones juradas “engañosas”, que no habrían reflejado la verdadera situación económica del contribuyente. Las facturas fueron consideradas apócrifas ya que no provendrían de quienes en realidad vendieron la mercadería facturada.
Mientras que la posible comisión del delito de evasión del IVA del impuesto a las Ganancias, también a través de declaraciones juradas ficticias surgiría de la fiscalización de la sociedad comercial con otros tres socios.
En ese caso, la imputación quedó encuadrada originalmente como “evasión agravada”.
