Designar a gente incompetente en las embajadas es un gran contrasentido, puesto que desde hace varias décadas, nuestro país se encarga de la formación de un cuerpo diplomático profesional.
La creación, en 1963, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación sirvió para consolidar la labor profesional de quienes eligen dedicarse a las relaciones internacionales por nuestro país. La Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación (20.957), indica que aquel Instituto es “el organismo único de selección, formación e incorporación del personal para el cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación”.
Esto resulta de vital importancia, porque los más caracterizados expertos en relaciones exteriores han coincidido en que el ejercicio de la carrera diplomática exige una gran convicción, como es tener plena conciencia de que el cargo que se ejerce, cualquiera sea su jerarquía, representa los intereses de nuestro país.
En base a estas consideraciones, los gobiernos argentinos, en general, deberían confiar toda representación exterior a quienes han elegido como profesión la diplomacia.
Precisamente, un equipo encabezado e integrado por diplomáticos de carrera fue el que condujo la postura de la Argentina en el arbitraje que adjudicó a nuestro país la zona de Laguna del Desierto y que tuvo sentencia el 21 de octubre de 1994.. Se trató de otro importante diferendo con Chile.
Los países más organizados y coherentes suelen priorizar a sus diplomáticos de carrera para encabezar las sedes que dependen de su Cancillería. No resulta apropiado hacer comparaciones, pero sí debe advertirse que naciones vecinas sirven como claros ejemplos.
Ni qué hablar de las grandes potencias mundiales. Sí es oportuno destacar que Brasil ha alcanzado un importante grado de profesionalización, ya que tanto el canciller como el resto de las máximas autoridades del área y los embajadores en el exterior suelen ser funcionarios de carrera.
En cambio, en la política exterior argentina se va haciendo una costumbre destinar a diferentes embajadas a políticos no especializados en las relaciones internacionales, a modo de recompensa o compensación por servicios prestados.
Postura que contradice el espíritu del Servicio Exterior de la Nación, que sólo admite dichos nombramientos con una fundada excepcionalidad. Muchas veces las designaciones recaen en personajes que han hecho de la función pública su medio de vida y ante la imposibilidad de seguir ocupando un cargo en el país encuentran en la vía diplomática el camino para seguir dependiendo del Estado, sin importar su eficiencia como políticos, que es lo que se debería evaluar y meritar en estos casos. Indudablemente, una desacertada estrategia, puesto que los más experimentados embajadores sostienen enfáticamente que el talento del diplomático difícilmente pueda ser remplazado por el oportunismo político.
Por otra parte, es sumamente perjudicial partidizar la política exterior a través de designaciones de funcionarios afines al gobierno de turno.
Sin dejar de reconocer que el mal viene estando enquistado desde hace décadas, es lo que ocurre con la actual gestión nacional. Muchos nombres engrosan la lista de quienes acceden a la diplomacia por recompensa política, parentescos o cercanías partidarias o afectivas.
Es de esperar que el aparente cambio de estilo de gestión del gobierno nacional también incluya un severo replanteo de la política exterior del país, y con él la profesionalización de sus representaciones diplomáticas.
