La tarifa eléctrica se encuentra congelada hasta julio para los consumidores finales, pero aún así las distribuidoras eléctricas reclaman una adecuación de lo que se les paga por el Valor Agregado de Distribución. En concreto, piden un incremento del 60% sobre ese ítem, que tendría un impacto del 13% sobre el costo de la factura.
Dicho aumento responde al aumento de la estructura de costos de las distribuidoras, relativos a los materiales (a veces con componentes importados), salarios y otros costos operativos. Sin embargo, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) presentará el 26 de febrero, durante una audiencia pública, su propia estimación de costos para cada distribuidora y la adecuación que les correspondería.
Audiencia pública
"En el marco de las medidas oportunamente anunciadas por el Gobernador de la Provincia respecto del congelamiento de la tarifa del servicio público de distribución eléctrica, por un plazo de 180 días y sin perjuicio de las mismas, corresponde que el EPRE, dé cumplimiento a lo que prevé el procedimiento de adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) de cada una de las empresas que prestan dicho servicio, tal como dispone el Decreto 48/2017 y como consecuencia de las variaciones en los costos de la economía producidas intra-período tarifario", informó el EPRE este miércoles.
Según informaron, el cálculo de adecuación, así como la audiencia pública, tienen que darse, más allá de que luego el Ejecutivo provincial autorice o no el incremento. Así, la audiencia tendrá lugar desde las 9 del 26 de febrero en el hotel Savoia (ex Ejército de los Andes) en Bermejo, Guaymallén. El organismo ya habilitó la inscripción para quienes deseen ser parte (www.epremendoza.gov.ar).
La audiencia es un paso necesario para la toma de decisión, pero no es vinculante. Por lo tanto, el incremento que soliciten las empresas, o el que presente el EPRE, estarán sujetos a la decisión del gobernador Rodolfo Suárez.
La estructura de la tarifa
La factura de la luz se compone en un 40% por el Costo de Abastecimiento (precio de la energía), en un 28% por el Valor Agregado de Distribución (VAD), y el resto responde a impuestos.
No obstante, todos esos conceptos están congelados por 180 días para los usuarios, el costo de la energía por decisión del Gobierno Nacional, y el precio del servicio o VAD, por decisión del Ejecutivo provincial. Esto último tendría un costo calculado en más de $ 3.000 millones que se ahorrarían tanto familias ($ 1.800 millones) como Pymes (aproximadamente $ 1.200 millones).
El pedido de las empresas
Desde Edemsa, la mayor distribuidora de la provincia, explicaron que el EPRE se encuentra armando un expediente con las necesidades de todas las distribuidoras, pero se reservaron el derecho de hacer comentarios hasta tanto no se den a conocer los detalles del mismo.
En tanto que José Álvarez, titular de la cooperativa Alto Verde, y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), señaló que han mantenido reuniones con las autoridades del EPRE y manifestaron que trabajarán en conjunto para que, a pesar del congelamiento, no se resienta la prestación del servicio.
"Pedimos alrededor del 60% de incremento. El EPRE tiene un cálculo un poco menor, pero la decisión final la tendrá el Gobernador. Nosotros aspiramos a que el VAD se actualice. Entendemos la situación, pero estamos preocupados porque los costos han subido, y también la mora en el pago, sobre todo en las zonas rurales y eso nos trae un retraso financiero de 45 días para poder pagar la energía que le compramos a Camesa", explicó.
Como titular de FACE, Álvarez señaló que se le solicitó al secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, un aporte para que las provincias puedan afrontar sus congelamientos, pero hasta el momento no han podido obtener una respuesta satisfactoria.
El titular de Edeste, Raúl Stasi, se mostró "conforme con que se haya disparado el procedimiento de adecuación" con el llamado a audiencia. "Se está cumpliendo con los pasos, pero no es una revisión de tarifas sino un ajuste por inflación", advirtió, lo que implica que no da lugar a nuevas inversiones.
"Nosotros enviamos un comprobante de distintos rubros que demuestran cuánto se han desfasado nuestros costos. Después el EPRE tiene su propio mecanismo reglamentario, con una polinómica diferente para cada empresa, y la aplica para estimar la adecuación. Hasta ahora no sabemos de cuánto será", comentó Stasi.
Igualmente, Julio Gallego, coordinador de gerentes de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, destacó que la audiencia "no tiene que ver con el congelamiento", ya que éste se aplica sobre lo que paga el usuario final, "pero las distribuidoras tienen que seguir funcionando y el EPRE tiene que calcular cuál es la actualización tarifaria que les corresponde".
"Si después se aplica sobre la factura (el porcentaje de aumento del VAD calculado), o se va a conseguir por otro lado, ése es otro problema, pero la actualización tarifaria se tiene que hacer", comentó Gallego. El empresario indicó que los costos se han quedado muy detrás respecto de la inflación (53,8%), y requieren una compensación por ello.
