La elección directa de las autoridades en la Universidad Nacional de Cuyo ha pasado su primera prueba con amplia participación de todos los claustros en la primera vuelta, cuando se confirmó a casi la totalidad de los decanos; y si bien en la segunda vuelta la participación fue menor, no por eso dejó de ser significativa y tanto el rector como el vicerrector electos se encuentran con amplia legitimidad para iniciar su tarea en el próximo mes de agosto.
La ventaja principal de este nuevo método electivo es que limita la excesiva corporativización con que los candidatos se proponían en los comicios indirectos, donde a veces los compromisos particulares o sectoriales asumidos para obtener la voluntad de los claustros eran más importantes que los programas con que los aspirantes se presentaban frente a la comunidad universitaria.
Ahora ese riesgo parece menor, pero sin embargo existe el peligro de que sea reemplazado por una negativa politización de tipo partidario, en la que aquellos candidatos que cuenten con “aparatos” electivos universitarios o extrauniversitarios puedan tener ventaja sobre quienes no los poseen, ya que la convocatoria a los electores puede depender en gran parte de la capacidad de movilización de las estructuras, lo que se constituye en un nuevo obstáculo para que todos los que se proponen para los cargos tengan igualdad real de condiciones.
Sin embargo, en esta primera oportunidad, los candidatos triunfantes no respondieron a la continuidad oficialista universitaria ni partidaria peronista sino a su principal oposición, aunque ésta también haya movilizado el importante aparato electoral que posee tanto Franja Morada como el radicalismo en Mendoza.
Ese es un mensaje que se debe tener en cuenta para que los perdedores realicen la autocrítica necesaria, sobre todo si no se actuó con algún tipo de criticable ideologismo en la designación de los colaboradores, particularmente en estos últimos tiempos. Y también resta como muy opinable en sentido negativo que el rector saliente haya hecho un balance de su gestión dentro de los tiempos de la campaña política, cuando bien podría haberlo realizado, con mucha mayor legitimidad, en los momentos previos a entregar el mando.
Ahora bien, del mismo modo en que la elección directa parece haber apostado mucho más por el cambio que por la continuidad, eso no significa que las autoridades electas tengan un cheque en blanco, porque aparte de demostrar capacidad de gestión mejorando lo que los claustros consideraron como mal hecho o no hecho lo suficientemente bien, desde el primer día de su asunción deberán evitar transformarse en el brazo universitario del partido político del cual proviene una importante mayoría de los electos, demostrando así que los probables riesgos más significativos de este tipo de renovación electoral podrán evitarse con la debida prudencia y responsabilidad de las futuras autoridades.
Porque, y esto sirve tanto para los que se van como para los que vienen, es imprescindible dejar de lado proclamas tales como la de universidad militante, que bien puede ser una consigna movilizadora a nivel estudiantil, respetable aunque opinable, pero en lo referente a las autoridades universitarias, éstas tienen que respetar los principios de la Reforma Universitaria en la que se sigue inspirando nuestra Academia y los reclamos de apertura social de la institución, que requieren de una universidad científica y plural en lucha constante contra el aislamiento y el sectarismo en que suelen caer los ideologismos que parecen haber sido castigados en esta elección recién acontecida.
