La elección de los jueces de la Corte Suprema nacional ocurrida a principios de este siglo, podría decirse que fue la excepción que justifica la regla. Allí los nuevos magistrados fueron seleccionados, más allá de las ideologías políticas que pudieran suscribir o no, por sus habilidades profesionales, por los méritos en sus respectivas carreras.
Debido a eso la Corte Suprema de Justicia así constituida mereció los elogios de casi toda la sociedad argentina. Pero no fue ni es esa la práctica común que se utiliza para la elección de funcionarios judiciales ni en la provincia ni en la Nación, ni antes ni después.
En efecto, sin tener en cuenta la extrema politización que intentó el kirchnerismo al pretender que los miembros del Consejo de la Magistratura encargado de la selección y destitución de jueces fueran elegidos mediante el voto popular incorporando a los postulantes en las boletas de los partidos políticos, aun así la práctica habitual con que se designan magistrados tiene visos de elevada politización, porque lo más frecuente es que se designen jueces que provienen de la militancia, donde los antecedentes profesionales pesan mucho menos que los méritos partidarios.
Así, en los mejores casos, en las provincias donde hay alternancia política se ha llegado a una mala síntesis de hecho, ya que cada gobierno elige a un juez de su color político que además sea un hombre de confianza del Poder Ejecutivo, y para volver a equilibrar la ecuación el próximo gobierno de otro color hace lo mismo. Terminando así con una Corte o un Poder Judicial cubierto de ex funcionarios políticos que en general no abandonan su militancia, con lo cual en la inmensa mayoría de los casos tiñen sus fallos con los intereses de la facción política a la que pertenecen.
Una buena selección judicial debería contemplar, ante cada alejamiento de un miembro, las opciones entre profesionales con amplia experiencia en las actividades que ahora deberán seguir ejecutando desde un lugar institucionalmente superior, mediante un consenso (para eso están previstos los Consejos de la Magistratura) entre mayorías y minorías políticas, sumando a las mismas el aporte y el voto de personas que no provengan de la política sino de la Academia o de la misma Justicia.
Sólo así será posible tener un Poder Judicial sustancialmente mejorado al presente, en el que la suma de políticos devenidos magistrados, aunque existan de todos los colores políticos, no basta para asegurar la imparcialidad y la objetividad que se debería tener para efectivamente asegurar justicia a todos los ciudadanos.
En Mendoza, donde solemos jactarnos de nuestra alta institucionalidad en relación con el promedio nacional, lo cierto es que, salvo contadas excepciones, los jueces supremos han sido elegidos -y siguen siéndolo- tratando de solucionar las internas partidarias del gobierno de turno. Así, los jefes políticos de cada facción obtienen cargos judiciales o de organismos de control más por ser jefes de facción que por sus méritos profesionales. Estas prácticas deberían cambiar si queremos ser lo que decimos que somos.
