El nombramiento del obispo Alberto Bochatey como interventor de la congregación religiosa de la que depende el Instituto Próvolo es toda una señal. El propio Bochatey destacó que la decisión la tomó el papa Francisco a raíz de los primeros informes que los investigadores enviados del Vaticano -los curas Dante Simón y Juan Martínez- hicieron llegara la Santa Sede sobre la investigación de las denuncias por abuso sexual y corrupción de menores en la sede mendocina del instituto religioso para chicos sordos. Este proceso involucra únicamente a los curas Nicola Corradi (81) y Horacio Corbacho (58), puesto que solo los miembros del clero están sujetos a las investigaciones eclesiásticas.
La decisión de intervenir la congregación responde a la falta de respuestas -ante las denuncias de abusos- por parte de quienes hasta hace unos días eran las autoridades de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos, quienes fueron desplazadas. De hecho, fueron los propios investigadores quienes entregaron al Papa en sus manos el material, al tiempo que mantuvieron una reunión con el Sumo Pontífice.
Para entender en que consiste la intervención, es un mecanismo similar al del Poder Ejecutivo Nacional cuando -ante una determinada crisis- interviene una provincia y nombra a quien quedará al frente. Al igual que en estas intervenciones, la que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada ha ordenado sobre la orden del Próvolo va a gobernar "hasta que la Santa Sede lo disponga" y responde a fallas "gravísimas" que se han detectado.
Sin embargo -según pudo averiguar Los Andes- esta medida sería solo la primera y da respuesta a solamente una de las problemática con que los investigadores argentinos llegaron al Vaticano. La segunda parte de la investigación sería lapidaria y contundente respecto a la participación de Corradi y Corbacho en la comisión de los delitos por los que están denunciados. De hecho, los religiosos están seriamente comprometidos y ese sería el génesis de la decisión de nombrar un comisario obispo.
El desenlace de esta historia está ahora en manos del Vaticano, que debe dirimir entre 5 resoluciones posibles. La primera es solicitar mayores precisiones al considerar que hay faltante de información; otra posibilidad es solicitar el archivo del caso por considerarlo inconsistente; mientras que la tercera alternativa es la imposición de una pena temporal (suspensión) o máxima (expulsión).
En caso de esta última, se eleva la resolución al Papa para que dimita del estado sacerdotal a los culpables. Incluso hasta puede haber excomunión. La Iglesia además puede ordenar un proceso penal canónico administrativo, para lo cual confía a un obispo que haga el proceso y que investigue, recoja pruebas y brinde al acusado la posibilidad de que se defienda con abogado. Es el obispo, en nombre de la Santa Sede, quien dicta el decreto penal.
La quinta y última posibilidad es ordenar un proceso penal judicial. Acá intervienen 3 jueces eclesiásticos y un promotor de Justicia.
