Mañana se realizará en la ciudad de Santa Fe el primero de los dos debates entre los candidatos presidenciales que competirán en la primera vuelta, el domingo 27 de este mes. Este evento es el resultado de la vigencia de una ley sancionada en el año 2016, luego del último recambio institucional en el país, que dispuso la obligatoriedad de dos debates presidenciales antes de las elecciones generales y un tercero si se necesitara convocar a segunda vuelta.
Si bien no se puede considerar al debate como determinante del resultado de una elección, sí permite que un amplio porcentaje de la ciudadanía se informe debidamente de propuestas o puntos de vista de los contendientes que muchas veces no son tenidos en cuenta por la saturación que genera la propaganda política previa a cada comicio o por cierto desencanto derivado de los contratiempos que genera la política cuando lo que se prometió en campaña no llega a cumplirse en la práctica. Además, se deja más expuesta tanto la formación como la capacidad de cada candidato en la búsqueda de funciones de tanta responsabilidad y compromiso.
En las presidenciales de 2015 hubo un avance en cuanto a la concreción de los debates a raíz del esfuerzo de una organización no gubernamental que, con dedicación e idoneidad, creó el ámbito para que los candidatos expusieran sus propuestas y las cotejaran. Por ello, dicho avance se corona a partir de esta convocatoria a las urnas con el respaldo legal correspondiente.
Este paso que da la Argentina pone a nuestras instituciones muy cerca de la calidad democrática que en tal sentido exponen desde hace décadas países como Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile, entre otros, en los cuales sus aspirantes a cargos públicos se exponen gustosos a la discusión de las políticas públicas.
Esta cita en la capital santafesina tiene, por otra parte, la particularidad de poner en un pie de igualdad a los seis contendientes que superaron las primarias abiertas de agosto para poder competir en esta instancia. Aunque en posturas minoritarias muy notorias en algunos casos, según los votos obtenidos en agosto, todos tienen derecho a cotejar democráticamente sus ideas con los más encumbrados.
Un detalle que no se puede dejar de lado es que los mendocinos ya sabemos del hábito de debatir. En esta provincia no hizo falta dictar una ley para llevar a los candidatos a exponer sus propuestas en público. Se trata de un mérito compartido desde el retorno de la democracia, en 1983, por organizaciones públicas y privadas y medios de comunicación del ámbito local y también de los dirigentes partidarios. Los Andes, en su condición de decano de la prensa regional, ha participado con entusiasmo de dichos llamados y, conforme ese rumbo, fue partícipe activo en la organización de varias deliberaciones.
Es de esperar que esta modalidad se mantenga y fortalezca y, a la vez, se propague hacia provincias de la Argentina en las que, en una notoria distorsión republicana, liderazgos políticos muy arraigados devienen en caudillismos que terminan siendo nocivos para el sistema político.
