Diversos acontecimientos, como lo ocurrido con la organización Tupac Amaru, de Milagro Sala, o antes con Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo, han puesto en duda la eficacia y la validez de las organizaciones sociales en cuanto a los apoyos para que las diversas comunidades puedan asumir directamente muchas actividades necesarias para ellas, donde al aporte estatal se le agrega el apoyo de los propios interesados y de las instituciones sin fines de lucro.
Eso es enteramente razonable porque el Estado no lo puede hacer todo y porque la autoorganización de los ciudadanos es un gran acicate para el fortalecimiento de la sociedad civil en las finalidades públicas.
Ahora bien, el riesgo que siempre han tenido las organizaciones sociales, que se ha incrementado sustantivamente en la última década por el estilo de los gobiernos, es que desde el Estado se pretenda cooptar a los líderes de esas instituciones libres de la sociedad para ponerlas al servicio del partido de gobierno, como un apéndice más de sus objetivos políticos.
Incluso ha ocurrido que instituciones enteramente respetadas, como la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo en vez de ocuparse de sus propósitos específicos en defensa de los derechos humanos, han tergiversado absolutamente su función al desviarse hacia actividades para las cuales no estaban capacitadas. En consecuencia, era casi inevitable que los más inescrupulosos del sector utilizaran esos desvíos para apropiarse de fondos públicos aprovechando la cobertura supuestamente ética que la Asociación ofrecía.
Otro caso parecido pero distinto es el de la Tupac Amaru porque, en este caso, lo que se buscó fue la construcción de un poder político paralelo a partir del apoyo institucional y económico que a la organización le ofrecía el gobierno nacional, en sus intentos de gestar estructuras partidarias que, en sus disputas internas, superaran a las justicialistas. Ello gestó inmensos abusos de poder que hoy ponen en tela de juicio todo lo realizado por la actuación de Milagro Sala y los suyos, al cambiar solidaridad social por cooptación política.
No obstante, ni éste ni muchos ejemplos más que proliferaron por estos años son suficientes para desprestigiar como concepto al de organización social, al de instituciones libres del pueblo, al de asociaciones sin fines de lucro o como se las quiera llamar. Ellas son las que suman aportes de la comunidad para gestar actividades sociales mediante el aporte solidario.
Toda sociedad desarrollada cuenta con tales organizaciones para dinamizar el espíritu público en la ciudadanía, ya sea individual o colectivamente. La Argentina no debe ser la excepción, en particular porque nuestro país tiene una larga tradición de cooperativismo y de asociacionismo que se ha continuado a lo largo del tiempo en instituciones que mucho han hecho por los demás, en particular por los más desfavorecidos o los discriminados.
Es por lo tanto necesario que las organizaciones sin fines de lucro, con finalidades públicas y sociales, sean apoyadas desde el Estado a fin de fortalecer los aportes de la sociedad civil al bienestar colectivo, pero con la clara acepción de que ello no signifique transformar a las mismas en meros apéndices de las políticas partidarias que eventualmente conducen el gobierno.
Por el contrario, lo que se debe hacer es ofrecer la mayor prescindencia posible para que ellas se desarrollen y crezcan en libertad. De ese modo se contribuirá fundamentalmente a que todo el pueblo, además de apoyar políticamente a sus representantes con el voto, participe también activamente en la construcción de la democracia que, básicamente, le pertenece.
Vaya entonces, con esta nota, nuestro apoyo a las organizaciones sociales cuando ellas no desnaturalizan los fines para los que han sido gestadas.
