Hace años que el incremento de los hechos de inseguridad viene siendo una gran problemática que padece la República Argentina, razón por la que debemos tomar cartas en el asunto.
Es de público conocimiento que la policía se ve limitada a la hora de actuar en el combate de la inseguridad por carecer de respaldo del Estado, que le permita llevar adelante el cumplimiento de su tarea. A lo mencionado, se le suma la corriente jurídica garantista de delincuentes que se instaló durante el gobierno anterior, de la mano del doctor Raúl Zaffaroni.
Se cuestiona constantemente el accionar de la Policía en cumplimiento de su deber, con “ataques” desde algunos sectores que creen que los Derechos Humanos son aquellos derechos que permiten cometer ilícitos sin ser aprehendido, donde el actuar de la Justicia y la Policía tiene que velar por los derechos de las personas que actúan al margen de la ley, y no en defensa de los ciudadanos que día a día salen a trabajar para poder asistir a su familia. Ciudadanos que ven cómo sus sueños son destruidos por personas que se apropian de sus pertenencias y que en algunos casos terminan con la vida de algún familiar.
Es por todo lo detallado que estoy a favor del nuevo protocolo. Hay que resaltar que la resolución emitida por el Poder Ejecutivo nacional, lo único que busca es dotar a la policía de normas claras de actuación que le permitan lograr un efectivo cumplimiento de su deber en la prevención del delito, asegurando así, la vida y los bienes de la ciudadanía.
En caso de que el delito se hubiese consumado, se debe aprehender a quien lo cometió e impedir que el mismo se evada. La policía no puede saber de antemano, si esa persona que cometió un hecho ilícito y evade su presencia, está armada y dispuesta a cometer otro delito, o ¿acaso la policía tiene que esperar que mate a alguien para actuar? Si la persona no ha cometido nada malo, ¿por qué escapa de la presencia policial?
Hay que destacar que de ninguna manera se tiene que permitir el abuso por parte de las fuerzas de seguridad. El protocolo les indica cómo tienen que cumplir sus funciones, pero no los autoriza a apartarse de la ley.
Confío en el buen actuar de nuestra fuerza de seguridad provincial, ya que se refleja en el agradecimiento de nuestra sociedad, al resaltar que día a día arriesgan su vida en post de nuestra tranquilidad. Por ello, estoy convencido de que Mendoza debe adherir al protocolo de seguridad del Ministerio de la Nación.
Se ha tratado de desacreditar este protocolo definiéndolo como de “mano dura”, cuando en realidad, el nombre correcto es el de “mano justa”. Con un correcto accionar de la policía, como va a suceder, los ciudadanos vamos a ir de a poco recuperando nuestra armonía, para que nosotros, nuestros familiares y amigos, podamos realmente vivir en una ciudad justa y segura.
