Oscar Alfredo Thomas (63 años) está prófugo desde el viernes y podría presentarse recién mañana ante la Justicia: se trata nada menos que del administrador durante doce años del "monumento a la corrupción", la hidroeléctrica Yacyretá.
Entre 2003 y 2015, Thomas manejó presupuestos anuales de entre 700 y 1.000 millones de dólares y acumuló denuncias del Estado paraguayo, que comparte la administración de la hidroeléctrica construida en forma conjunta.
En 2003, Thomas tenía en su patrimonio sólo una casa en Candelaria, una ciudad del sur misionero. Pero en 2014 contaba, según los expedientes judiciales, con cuatro casas, diez lotes, locales comerciales, nueve departamentos en Posadas y una casa en Brasil.
La Justicia sospecha que Thomas convirtió a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la “caja política” con la que se solventaba el despliegue electoral del kirchnerismo y el justicialismo en todo el nordeste argentino, con “aportes” también para la provincia de Buenos Aires.
Tras una auditoria interna ordenada en 2016 por la nueva administración comandada por el dirigente del PRO Humberto Schiavoni, se reformularon gastos irregulares por la friolera de 850 millones de dólares sólo del Presupuesto de ese año, que había sido diseñado por Thomas.
Hubo una serie de denuncias penales ante la Justicia Federal de Posadas, a las que aportaron pruebas de la supuesta corrupción también los empleados de carrera dentro de la compañía binacional, ubicada en el extremo norte de la Argentina sobre el río Paraná.
El ahora prófugo está acusado también de nombrar en 2011 a 200 personas en la empresa hidroeléctrica con sueldos que iban de 40.000 a 60.000 pesos mensuales sin cumplir ningún rol e incluso sin haber ingresado jamás a las instalaciones de la EBY en Posadas, Misiones.
Según informaron fuentes judiciales de Misiones a este diario, se sospecha que las personas nombradas se quedaban con el 50% de lo cobrado y el resto lo entregaban a Thomas, sin que por ahora existan indicios claros sobre el destino final de ese dinero.
Incluso, el 23 de noviembre de 2015, al día siguiente de la elección que convirtió en presidente a Mauricio Macri, 185 personas se presentaron en la EBY para saber cómo continuaría su “relación laboral” con la empresa. Thomas no los atendió.
En octubre de 2016, el exdirector paraguayo de la EBY Enrique Cáceres Rojas denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos de su país a Thomas por “lesión de confianza” contra el patrimonio del ente. Lo acusa de haberse autopagado 1,5 millones de dólares antes de renunciar en diciembre de 2015.
Entre otras acusaciones que ya están en manos de la Justicia federal, se señala que Thomas había firmado también en 2011 un contrato de mantenimiento de las 20 turbinas de la hidroeléctrica por 100 millones de dólares, subiéndolo sin explicación alguna a 218 millones ocho meses después.
Thomas llegó al cargo de director argentino en la EBY de la mano de su amigo íntimo, el ex ministro de Planificación Federal y actualmente detenido Julio De Vido. Reportaba a él y al secretario de Coordinación, también detenido, Roberto Baratta.
Según la imputación realizada por el fiscal Carlos Stornelli, Thomas “realizó pagos en Juncal 1704” de la Capital Federal, en 2008. Allí estaba el departamento privado de Néstor y la ya por entonces presidenta Cristina Kirchner. En seis entregas, el acusado habría movido más de 4 millones de dólares, de acuerdo al expediente.
Así, bajo un manto de sospechas, denuncias y acusaciones Thomas administró durante doce años lo que alguna vez supo denominarse el “monumento a la corrupción”. ¿Por qué? La construcción de Yacyretá fue puesta en marcha con un presupuesto original de 1.500 millones de dólares, pero terminó costando 11.500 millones a fines de 2016.
De ese presupuesto monumental, 7.000 millones correspondieron a costos financieros; 1.000 millones fueron para “estudios de consultoría”. Y hasta hoy se ignora el paradero de 3.500 millones, que “se esfumaron” entre 1983 y 2015.
