Que en apenas cuatro meses el Presidente Mauricio Macri haya puesto fin al default en el que la Argentina estaba desde hace catorce años y medio, supone un logro mayúsculo de política económica pero a la vez acota los plazos de una meta aún más difícil para su gestión y más importante para la sociedad argentina y las propias perspectivas políticas del gobierno: empezar a mostrar señales claras de desaceleración de la inflación y ponerle freno, primero, y revertir, después, la recesión económica y el aumento del desempleo.
No son objetivos sencillos en un contexto de debilidad de los precios de las materias primas y el comercio mundial, desaceleración de la economía china y profunda crisis en Brasil, que atraviesa su recesión económica más grave en 85 años y está a las puertas de un juicio político a su presidenta, Dilma Rousseff, cuya probable destitución no habilitaría el inicio de un gobierno de transición de horizonte acotado pero cierto, sino uno -el de su vicepresidente, Michel Temer- tan cuestionado e inestable como el actual.
El fin del default se materializó con la colocación exitosa de títulos del Tesoro argentino por 16.500 millones de dólares, de los cuales casi 12.000 millones se destinarán al pago de la deuda a buitres y holdouts. Pero lo más revelador no son esas cifras sino la tasa de interés de la colocación: un promedio de 7,1%, menos de la mitad del costo que la Argentina llegó a pagar en 2007 (antes de la crisis internacional) para conseguir fondos a corto plazo de su único financista de entonces, el gobierno venezolano del ahora difunto Hugo Chávez.
Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda y Finanzas, cuantificó el mayor costo financiero que cualquier inversión en la Argentina -sea del Estado nacional, de las provincias, de empresas privadas o de cualquier particular- debió afrontar en la década K en unos 120.000 millones de dólares, equivalentes a unos dos millones de empleos productivos. Esto es, empleos que no se crearon en nombre de una retórica vacua y una política irresponsable.
Los cálculos de ese tipo son escurridizos pero tienen un núcleo duro de verdad. El costo del crédito es, en definitiva, el mojón más usado para evaluar y decidir una inversión. Y sin inversión no hay crecimiento ni empleo ni economía que aguanten demasiado.
Ahí es que aparecen los dilemas. Para acotar la inflación y el corcoveo del dólar, por caso, el BCRA llevó a 38% mensual a 30 días la tasa que paga para colocar sus Letras a 30 días. Así absorbe liquidez y quita combustible a la inflación pero también, a través de los bancos, transmite a la economía un impulso recesivo y anti-inversión. Este martes (por ayer), mientras esta nota va a imprenta, el BCRA decide si mantiene esa tasa o la reduce en unos pocos puntos.
El riesgo de una reducción prematura es cierto: en febrero pasado hizo que el dólar, que se había portado mansamente tras la temida salida del cepo cambiario, comenzara a trepar hasta superar los 16 pesos, lo que a su vez llevó al BCRA al nivel de tasas ahora en revisión. La decisión no es fácil, porque si bien el dólar estuvo tranquilo desde entonces, el ritmo de dolarización de carteras no cedió, promediando casi 800 millones por mes.
Tal el panorama bien entrado el trimestre en el que se concentra la liquidación sojera, cultivo castigado ahora por las inundaciones, cuyo efecto será en parte compensado con la mejora, desde marzo pasado, de 16% en el precio internacional de la soja. Además de su perjuicio directo sobre las casi 50.000 personas evacuadas y miles de productores, las inundaciones también afectarán la oferta y precios de frutas, verduras y carnes, complicando la promesa oficial de que en el segundo semestre la inflación cederá.
En estas semanas terminarán también las paritarias salariales y se definirá la actitud de las cúpulas sindicales frente al gobierno de Macri. Las negociaciones, hasta ahora, se vienen cerrando entre 30 y 35% anual, rango que al Gobierno le parece excesivo pues conspira contra su objetivo de reducir la inflación, y al sindicalismo, insuficiente, porque es inferior al ritmo de inflación de los primeros meses del año y, en particular, de abril, que cerrará en torno del 6% (una tasa anualizada cercana al 100%).
La salida del cepo cambiario y comercial, el fin del default, la reducción del riesgo-país, son logros ciertos y hasta hay quienes afirman que el traslado a precios de una devaluación de casi 50% fue relativamente acotado si se tiene en cuenta que la economía también está digiriendo el cambio de precios relativos que significó duplicar el precio del transporte público a los más de 12 millones de habitantes del área metropolitana porteña y aumentar entre 100 y 500% el costo de la electricidad y el gas en todo el país.
En consecuencia, los datos del Indec de ventas en supermercados y shoppings muestran fuertes caídas del consumo y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella, uno de los indicadores más fiables del humor de la clase media, cayó fuertemente.
Mientras procesa esos pesares, que muchos asumen y entienden como costo inevitable de la “década ganada”, y en medio del revuelo por las investigaciones judiciales en torno de la corrupción del largo ciclo kirchnerista (más cercano a los 13 que a los 12 años), la sociedad necesita ver que hay luz al final del túnel.
