El ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado y parte del gabinete que lo acompañó deberán pagar multas por una serie de irregularidades que el Tribunal de Cuentas detectó en el manejo de la comuna durante 2014.
Salgado y su equipo fueron sancionados casi tres años después del ejercicio observado, en un fallo donde se enumeran una serie de irregularidades, entre las que destacan la relación con algunas cooperativas de trabajo, el manejo que se hizo de la feria La Salada o los gastos que demandó el Festival de la Cueca y el Damasco.
Fue por entonces que comenzó la crisis financiera que, un par de años después, obligaría a Salgado a renunciar, acusado por delitos contra la administración pública.
Desde el Ejecutivo, a cargo de la radical Norma Trigo, celebraron el fallo, aunque lamentaron “que la sanción llegó tarde. Reconforta saber que tuvimos razón, pero las cosas por las que ahora se multa a Salgado las denunciamos en 2014. Si hubiesen escuchado nos habríamos evitado la debacle del 2015, los seis meses que el personal no cobró sueldo y la crisis de los cheques sin fondo”, señalaron en el entorno de la intendente.
Salgado y casi una decena de sus funcionarios deberán presentar la documentación respaldatoria que no encontró el Tribunal de Cuentas o pagar las multas que se les impuso.
“Hay multas y hay cargos, es decir que se los sanciona por procedimientos irregulares, pero también por haber usado fondos fijos sin ningún tipo de rendición, casi como un sobresueldo”, dijo Mario Rivero, asesor letrado de la comuna.
Como intendente, Salgado fue condenado a pagar una multa de $ 35.000; su secretaria de Gobierno, Marcela Lanzavequia, otros $ 20.000; Franco Ojeda, director de Hacienda, $ 40.000 y así, con multas similares figuran el entonces contador, la jefa de Rentas y el tesorero, entre otros ex funcionarios.
También objetó el Tribunal de Cuentas el manejo de la playa de estacionamiento de La Salada: “Por resolución, la feria debía pagar tasas por $ 27.500, pero no hay constancia de qué se hizo con el dinero”, explicó el abogado.
En la finca familiar, Sergio Salgado atendió a Los Andes: “No me han notificado de lo que me pregunta y si es cierto, no he tenido derecho a defenderme.
Voy a hablarlo con mis abogados, pero supongo que iremos a la Corte. Como cualquier intendente, hay muchos expedientes sobre los que no tenía detalle, para eso estaban los contadores”.
