El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) es una caldera. Con la llegada de la actual gestión se eliminó el máximo adicional horario que cobraban más de 50 empleados. La medida es resistida por todos los gremios y han elegido la Subsecretaría de Trabajo como campo de batalla.
El problema es que el adicional “Fonavi” ha sido observado en reiteradas oportunidades por el Tribunal de Cuentas, porque no hay respaldo legal que justifique su cobro (por ejemplo en los fallos 15.175 y 15.939 referidos a los ejercicios 2006 y 2010 respectivamente), así como también cuestiona el cumplimiento mismo del horario de trabajo requerido para cobrar ese adicional (fallo 16.531 correspondiente al ejercicio 2013).
El adicional “Fonavi” es un gran incentivo para ingresar al IPV, porque es un gran aporte a la conformación del salario; su nombre alude a que su origen son recursos que provienen de la Nación, del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), que llegan a la provincia para construir casas.
Cualquiera podría suponer, con cierto grado de razón, que no es conveniente usar plata para construir viviendas para pagar una parte sustancial de los sueldos de los empleados del Instituto. Y de hecho, el adicional empezó a percibirse a mediados de la década del ‘90 y con el argumento de que la ley 21.581 establecía que un 3% de los fondos remitidos por la Nación a las provincias podía usarse en gastos administrativos, en calidad de “comisión”. Desde ese momento ese 3% se transformó en un adicional salarial.
Esa norma fue derogada y reemplazada por la ley 24.464 en la que se establece que los gastos administrativos deben pagarlos las provincias. Hay que advertir que la nueva ley fue sancionada en el año ‘95, casi al mismo momento en que en el IPV empezó a pagarse el adicional.
El cambio de la ley es el fundamento de la observación del Tribunal de Cuentas. “No existe sustento legal para que el organismo disponga en materia de personal y régimen de remuneraciones, apartándose de las normas de fondo que rigen el régimen salarial de los empleados públicos” dice el fallo 15.939.
Es más, en la misma pieza del Tribunal, se indica que “por ello, por Fallo N° 15.175 se instruyó a las autoridades del IPV en el sentido indicado en el dictamen efectuado por Secretaría Relatora en Nota N° 3445: ‘promover los procesos necesarios a fin de que la Legislatura Provincial dicte una ley que establezca el citado haber y las condiciones de su percepción’”. Es decir, no sólo se pide el marco legal, sino también cómo se percibe y quién los percibe.
El único antecedente legal es un fallo de la Suprema Corte en la causa “Abal, Raúl Fernando y otros contra IPV por Acción Procesal Administrativa”. Esa causa nació en el gobierno de Arturo Lafalla (PJ), cuando las entonces autoridades del IPV intentaron cortar con el cobro del adicional; los empleados se resistieron en la Justicia y lograron que se reconociera el adicional como parte del salario de los trabajadores. Ese fallo fue emitido ya entrado este siglo, a mediados de la década pasada.
La cuestión es que muchos consultados admiten en voz baja, algo que también advierte el Tribunal de Cuentas: hay cierto grado de arbitrariedad en la selección de los beneficiarios del adicional. El “Fonavi” tiene cuatro categorías: A, B, C y D. Quienes perciben la A tienen que trabajar de 7.30 a 13.30; los de la B de 7.30 a 14; los de la C de 7.30 a 15.30 y los de la D de 7.30 a 17.
Todos perciben algo, las categorías A y B son las más numerosas, pero las más tentadoras son la C y D; a esas acceden unos pocos y no son pocas las voces que admiten algún grado de arbitrariedad, porque no se han determinado las condiciones objetivas para acceder a las mayores dedicaciones, sino que son “de acuerdo a las necesidades de cada área” tal como lo indica la resolución 1142 del año ‘94.
Más aún, el fallo 15.939 también pone en tela de juicio el control horario que es clave para justificar el pago del adicional: “No se puede afirmar que exista una partida ilegítima o no comprobada, dado que los empleados del IPV recibieron esos emolumentos y la decisión de pagar dichos conceptos, con o sin la acreditación de la carga horaria y de la puntualidad, es una facultad discrecional de la Administración que escapa al control de legalidad que efectúa el Tribunal de Cuentas”.
Esta falta de control en el cumplimiento del horario, particularmente en la categoría D (la de mayor dedicación) es algo que desde la conducción actual del Instituto e incluso algunos trabajadores plantean discretamente.
Cuando llegó la nueva conducción del IPV, se arrogó para sí la determinación de la necesidad de mayores prestaciones horarias. De acuerdo a la resolución 32 del 15 de enero y para “afrontar los compromisos contractuales asumidos en pos del cumplimiento de la función primaria de la Institución” o sea la construcción de viviendas, es que se decidió prácticamente eliminar la dedicación horaria D (quedan unos pocos empleados) y la C quedó sensiblemente disminuida, de algo más de 200 agentes que la percibían, quedaron cerca de 90.
Todos los que percibían las categorías C y D y que ya no las perciben, fueron pasados a la B.
Resistencia gremial
Los seis gremios que tienen injerencia en el IPV resisten la medida: ATE, Sitea, Ampros (representa a los trabajadores sociales), Sutravime, ATSA y UPCN. Sin embargo, los dos gremios que han plantado banderas en Trabajo son ATSA y Sutravime. El jueves hubo una audiencia y no hubo acuerdo alguno.
Lo que reclaman es que se vuelva atrás con la medida o, al menos, que se les mantengan los mayores adicionales a quienes están cerca de jubilarse. Eduardo Reynaud (Sutravime ) dice que “con el recorte los están invitando a jubilarse, pero al mismo tiempo se les genera un perjuicio porque el monto de la futura jubilación está vinculado a lo que cobren ahora” y luego recuerda que el directorio de la nueva gestión aún no está conformado y que el actual titular Damián Salamone está firmando resoluciones ad referendum de un directorio que aún no existe.
Juan Carlos Navarro de ATSA también señala que “se está perjudicando a gente que necesita el dinero” y si bien no responde acerca de cómo llegaron los beneficiarios a percibir el beneficio, dice “no es culpa de ellos, sino de las autoridades que se lo dieron; los trabajadores tienen un derecho adquirido”.
Es cierto, pero también es cierto que los montos del adicional Fonavi muchas veces superan largamente lo cobrado en concepto de salario. Hay casos de adicional que llegan a los 30 mil pesos y buena parte ronda entre los 15 y 25 mil pesos de adicional y el recorte practicado ronda entre 5 y 6 mil pesos en la mayoría de los casos.
