Por Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires
El Gobierno mira con atención los primeros resultados de su plan económico. La incógnita predominante gira en torno al camino que queda por recorrer hasta que la economía comience a experimentar comportamientos positivos. ¿Cuán largo es ese trecho?
En la Casa Rosada conviven varias miradas. Están los más optimistas que siempre han creído que hay que dejar hacer a los empresarios y capitalistas. Son los mismos que piensan que el deber del Estado es allanar el terreno para que el sector privado realice inversiones y genere trabajo.
Pero también están los funcionarios que entienden que el Estado debe ser más agresivo a la hora de actuar y regular, son los que hoy deben lidiar con los reclamos del sindicalismo y las demandas de contención social que llegan desde todos los rincones del país.
El presidente Mauricio Macri intenta hacer equilibrio entre ambas posiciones, aunque por su formación en el mundo de los negocios se inclina más por la primera postura. De ahí sus reproches a los empresarios en las dos últimas semanas, a quienes les habló como colega.
El problema con el que se está topando el Presidente y su gabinete es que por ahora los industriales nacionales están muy cautos.
La alta inflación, de la que sin duda son responsables por su eterna compulsión de remarcar precios, conspira contra las buenas intenciones del Gobierno de reactivar la economía. También juega en contra la principal y casi única política antiinflacionaria que sostiene el macrismo a través del Banco Central: una tasa de interés altísima, del 38% promedio, que invita a no desembolsar pesos en la economía real y a especular con el rendimiento financiero.
Ante este escenario de incertidumbre, el Gobierno ha tenido que salir a dar señales políticas con anuncios de inversión de infraestructura y programas de empleo. Tan presionado se vio el Presidente por el repentino enrarecimiento del clima político que tuvo que anunciar el lunes el envío de la ley de “Primer Empleo” sin que el proyecto estuviera redactado por los técnicos del Ministerio de Trabajo.
Lo que antes era una amenaza hoy es una realidad: el peronismo comenzó a exigir respuestas. Fueron inocuas las gestiones hechas por la Casa Rosada ante los gobernadores del PJ para frenar la ley anti-despidos que el Senado sancionó por abrumadora mayoría.
El puente entre el Gobierno nacional y el justicialismo dialoguista está hoy cerrado al tránsito. De ahí el malestar público del Presidente para con el jefe del bloque del PJ-FpV de la cámara alta, Miguel Pichetto. El jueves, durante el lanzamiento de su plan de viviendas, Macri golpeó varias veces el atril para cuestionar a Pichetto por la norma que fija la emergencia ocupacional por 180 días y reinstaura la doble indemnización.
El senador rionegrino le había avisado con mucha anticipación al oficialismo que el proyecto solicitado por las cinco centrales obreras iba a ser tratado. Es más: le dejó saber a Federico Pinedo y Ángel Rozas, las principales espadas de Cambiemos en el Senado, que el peronismo territorial tiene los votos para sancionar la norma en Diputados. Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, coordina la estrategia legislativa de su espacio con Pichetto. El veto presidencial es un final que todos ven como posible.
Macri está enfrentando la debilidad que le dieron las urnas: un Congreso opositor. No tiene otra opción que negociar con los gobernadores peronistas que están esperando respuestas a una larga lista de promesas incumplidas de la Casa Rosada.
El Ministerio de Interior y Obras Públicas está apurando las negociaciones con las empresas constructoras a las que se les adeuda 12.000 millones de pesos desde los últimos meses de la gestión kirchnerista. Buena parte de los casi 7 mil millones de dólares que el Tesoro consiguió de excedente en la exitosa colocación de los bonos con los que Argentina se fondeó para pagarles a los holdouts irán a programas de infraestructura.
Una vez que estas deudas se cancelen, se espera que las obras que están frenadas en todo el territorio nacional comiencen a moverse nuevamente y se recuperen al menos unos 50.000 empleos que se perdieron en los últimos cinco meses. Retomar esos trabajos públicos es uno de los principales pedidos de los gobernadores, aunque no el único.
La puja distributiva tensiona la relación del Gobierno con la oposición. El macrismo y el PJ están dejando salir a la luz sus diferencias de concepción sobre la relación entre lo público y lo privado. Pichetto y Massa vienen sugiriendo a la Casa Rosada que se formalice una mesa de diálogo entre sindicatos y los empresarios para que el Gobierno pueda diseñar un esquema en el que todos ganen y resignen por igual. Pero Macri desconfía: una vez más su formación como hombre de la elite empresarial le dicta el camino a seguir. Prefiere evitar un marco amplio de negociaciones, en el cual el gremialismo podría apurar la unidad de las centrales obreras que ayer marcharon y dieron un potente gesto de poder.
En este marco de tensiones con el empresariado y el peronismo, el Gobierno analiza la hoja de ruta que se trazó. La interna entre los funcionarios más cercanos a la visión de un Estado presente, que defienden Alfonso Prat Gay y Jorge Triaca, y las voces más pro-mercado como la de Marcos Peña y Federico Sturzenegger, está al rojo vivo.
Los primeros aconsejan a Macri no enfriar tanto la economía y ponerle límites claros a los empresarios que sólo buscan rentabilidad en el corto plazo. Los segundos creen que es primordial darle instrumentos para agilizar las inversiones. Entre unos y otros hay diferencias ideológicas. Cómo sortear estas disyuntivas es la gran incógnita que hoy mantiene en vilo a la Casa Rosada.
