Un informe de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires en respuesta a un pedido de un juez generó gran inquietud y expresiones de repudio por lo que puede llegar a constituir un intolerable atropello a la libertad de prensa en nuestro país.
El citado organismo, presidido por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entregó un informe al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, vinculado al denominado “caso D’Alessio”, en el que se denuncia la existencia de una supuesta “red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos”. Es decir, se realizó una suerte de auditoría de trabajos periodísticos que han tenido como finalidad investigar hechos de corrupción, entre otros abordajes. En esa supuesta organización se incluye a agentes de inteligencia, personal judicial y reconocidos periodistas de nuestro país, mencionados con nombre y apellido como parte de un escrito de 200 páginas.
La decisión del juez y la acción del organismo a cargo de Pérez Esquivel despiertan mucho temor sobre el respeto a la garantías constitucionales puesto que con dicha acción se pone en riesgo el resguardo de las fuentes periodísticas que prevé la Constitución nacional en su artículo 43.
Entre las organizaciones que expresaron preocupación por lo sucedido se encuentra la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que expresó rechazo y alarma por el insólito informe. “Pretender que un organismo gubernamental audite la tarea periodística contradice la esencia misma de la libertad de prensa, vulnera la Constitución nacional y desconoce los tratados internacionales. En efecto, tanto la solicitud de dicho informe por el juez Alejo Ramos Padilla como la elaboración del mismo por la Comisión (de la Memoria) constituyen peligroso precedentes contra la libre expresión y el ejercicio profesional del periodismo”, sentenció la organización, que nuclea a las principales empresas editoras de diarios del país.
Por otra parte, Adepa también puso de manifiesto que “la gravedad de la situación se ve profundizada por el contenido del insólito informe, en el que se pretenden establecer interacciones y motivaciones de diversos periodistas para vincularlos con operaciones de inteligencia ilegal, desconociendo el oficio del periodismo y sus herramientas más elementales”. Y añade que “las cuestionables especulaciones del informe, lanzadas sin ninguna autoridad profesional ni debido proceso, configuran un hecho lamentable del que no se recuerdan antecedentes en democracia”.
En términos similares se expresó el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad que sostuvo que el accionar de la Comisión de la Memoria “representa un nuevo paso hacia la criminalización de la actividad de los periodistas” y acota que el organismo a cargo de Pérez Esquivel define la labor de inteligencia con un criterio tan amplio que abarcaría la actividad de cualquier periodista de investigación.
En similares términos repudiaron los hechos funcionarios y políticos, sectores del empresariado nacional y referentes de los derechos humanos no alineados con la Comisión de la Memoria boanerense ni con corrientes políticas y de la Justicia abiertamente identificados con la línea de pensamiento expresada en el desafortunado informe.
El hecho enciende muchísimas luces de alerta no sólo sobre el respeto a las libertades individuales; pone de manifiesto una vez más la tendencia de determinados sectores hacia la vulneración de la libertad de prensa, en este caso atacando al periodismo de investigación, fundamental para mantener la exigencia de transparencia en el manejo del Estado. Un abuso de poder detestable que nos remonta a prácticas no muy lejanas que debemos desear hayan quedado totalmente de lado.
