Luego del revés que recibió de la Suprema Corte de Justicia con el ítem Aula (al que declaró constitucional), el SUTE vuelve a presentar un pedido de inconstitucionalidad.
Esta vez lo hace contra el decreto 530/18 del gobernador, Alfredo Cornejo, que a su entender "limita la autonomía" de los institutos de educación superior, tema contra el que protesta hace semanas.
La norma (que lleva la firma de Cornejo y del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, justamente propuesto para integrar la Corte) varía la forma de Gobierno y de selección de docentes de esos entes educativos provinciales, entre otros puntos.
"El decreto modifica el régimen político electoral y limita en exceso el derecho electoral de las personas", dijo Mauricio Tomaselli, abogado del sindicato que conduce Sebastián Henríquez.
“Lo más preocupante es que viola la autonomía”, añadió.
Cabe explicar que los institutos son gobernados por un rector, un vicerrector, un gerente y un director, además de un consejo directivo.
El decreto 530 quita la figura del director y plantea una elección abierta de las autoridades y el Consejo Directivo. Pero el SUTE dice que subsume esa elección "a la decisión de la DGE", específicamente a la Comisión General de Educación Superior (CGES).
En el Gobierno rechazan el planteo. "El decreto no atenta contra la autonomía", aseguró Emma Cunietti, coordinadora de Educación Superior. "Al contrario, avanza hacia una democracia directa, porque las autoridades que antes elegía el Consejo Directivo, ahora las votan todos", señaló.
“Además ahora los docentes se eligen por concurso público y oposición, eso agrega calidad”, añadió.
Para pedir la inconstitucionalidad, el gremio basó su reclamo en que el decreto “viola la jerarquía de normas” que ordena la Constitución nacional, ya que “un decreto no puede contradecir a una Ley”.
Desde su visión, el decreto busca suplir las leyes que avalan la autonomía de las entidades, como la ley nacional de Educación Superior, y la ley provincial de Educación (6.970).
“No es así. El decreto reglamentar una Ley que estaba sin reglamentar”, dijo Cunietti. Lo hizo en base a la 6.970, sancionada en 2002. “Esa Ley plantea precisamente estos cambios que estamos promoviendo”, concluyó.
