El próximo 26 de julio, Sebastián Henríquez (Lista Marrón) asumirá la conducción del SUTE, el gremio más grande de Mendoza que parece haberse transformado en un "imperio" gremial, tras 19 años de conducción ininterrumpida de la ahora derrotada lista Celeste.
Es que el sindicato que heredará Henríquez es varias veces millonario. Además de ser el más numeroso, con 25.877 afiliados y representar a 60 mil docentes, tiene ingresos que superan los $ 82 millones, una veintena de propiedades, 150 empleados y dos instituciones educativas.
No hay datos actualizados pero el último balance aprobado, en setiembre del año pasado y correspondiente al ejercicio 2015-2016, arrojó un superávit de $ 20.235.285,30, con ingresos por $ 82.421779,56 y gastos por $ 62.186.494,26.
De los ingresos, $ 44,3 millones correspondieron a la cuota de afiliación gremial de sus casi 26 mil adherentes, que aportan 1,5% de su sueldo. Pero, además, otros $ 26 millones ingresaron por un 1% adicional que se les retiene a los trabajadores como "cuota social".
Hay otros ingresos, tanto gremiales como sociales, entre los que se destacan la explotación de los campings que el gremio posee ($ 1,4 millón); la venta de “planes de turismo” ($ 1,7 millón) y los “intereses de plazos fijos y cajas de ahorro” ($ 1,2 millón).
Los ingresos son altos a pesar de no haber logrado en 2016 la llamada cuota “solidaria”, esa que recibe el gremio por negociar con la patronal en la paritaria.
Se dice que por no haber acordado en estos dos primeros años de gestión cornejista (el aumento salarial salió por decreto), el SUTE dejó de percibir $ 14 millones. En el gremio juran que para ellos es un tema “secundario” y que “por orden del plenario”, la cuota solidaria va “a infraestructura”.
Entre los gastos, unos $ 50,3 millones salen del área “gremial” del sindicato y el resto, del área “social”.
El mayor gasto es el destinado al personal que trabaja en el gremio, unas 70 personas de forma permanente, que pueden llegar a 150 al incluirse los “temporarios”, es decir médicos, bañeros, pileteros y personal de apoyo de los campings en el verano, se informó.
El pago de “sueldos y jornales” en 2015-16 fue de $ 13,4 millones. Siguieron las “cargas sociales”, con $ 7,2 millones. Y los “suplementos no remuneratorios”, por $ 5,2 millones. También se cuentan los $ 3,7 millones gastados en “honorarios y servicios de terceros”.
Es notable el gasto en “prensa y difusión” de la actividad gremial, que sumó $ 4,4 millones. También son importantes los aportes a organizaciones nacionales. Por participar en Ctera, el SUTE pagó ese año $ 2,5 millones y por estar en la CTA, $ 810 mil. Una duda será qué hará con estos gastos la nueva conducción de Henríquez.
En la faz social también hay varios rubros. Los más altos correspondieron al “costo de planes de turismo”, que llegaron a $ 3,9 millones.
Es llamativo el gasto en “festejos y homenajes”, que superó los $ 2 millones. “Es alto porque los festejos son multitudinarios”, explicaron voces internas. “El día del maestro hay que atender a 1.700 personas, no es barato”, ejemplificaron.
Gran patrimonio
El patrimonio edilicio del SUTE sumó en 2015-16 casi $ 34 millones, aunque para el próximo balance se espera una fuerte suba de ese valor.
Como sea, según el último balance aprobado el SUTE posee veinte propiedades. Son suyos el edificio central del gremio y las sedes de Capital, Rivadavia, Alvear, San Rafael, Tunuyán, San Martín, San Carlos y Junín.
Además, los campings de La Paz, de Tunuyán (valuado en $ 9 millones) y de Maipú (finalizado en 2016 y cotizado en $ 7 millones). También un hogar en calle Coronel Plaza, la sede de San Rafael y el camping de San Martín (figuran como “obras en construcción”).
Se informó que “hace 20 días” terminó la construcción de la sede Tupungato. También son propias las nuevas sedes de Guaymallén y Maipú, y dos terrenos en Lavalle y General Alvear para futuros campings.
No se sabe si la inversión seguirá con Henríquez, pero cuando su grupo era oposición, las grandes discusiones pasaban por el destino de las cuotas solidarias. “Mientras el oficialismo proponía inversiones sociales como inmuebles, ellos pedían que fuera a un fondo para la lucha gremial”, dijeron en el sindicato.
Cargos cuestionados
Al nuevo SUTE también le tocará renegociar uno de los puntos más cuestionados por el Gobierno provincial. En la actualidad, el gremio tiene 90 dirigentes con licencia gremial. “No trabajan y cobran un sueldo del Estado”, acotan en el Ejecutivo. Nadie dice nada oficialmente, pero es casi seguro que cuando asuma la nueva conducción, ese número se revisará.
También puede pasar lo mismo con los cargos del SUTE en el criticado “co-gobierno” de la DGE. Se sabe que en la actualidad son 29 los gremialistas que ocupan lugares en las juntas calificadoras y de disciplina y en las comisiones de zona y de titularización. “Todos cobran como un supervisor, cerca de $40 mil”, se quejan en el Gobierno, que espera reducir ese número. Además, el gremio tiene actualmente más de 1.800 delegados escolares.
Todos aspectos que Henríquez tendrá que contemplar cuando llegue al mando de un gremio que más que un sindicato, parece un imperio.
La Azul Naranja irá a la Justicia penal
La lista Azul Naranja, que terminó segunda por apenas 52 votos, presentó a la Junta Electoral del SUTE cinco impugnaciones que fueron denegadas en el escrutinio definitivo. Por esa razón, la agrupación que llevaba a Graciela González como candidata principal decidió acudir a la Justicia.
“Vamos a denunciar penalmente a los miembros de junta responsables de haber cometido la adulteración de instrumento privado (art. 292 CP) sobre los ilícitos a los que hicimos referencia en las denuncias que presentamos y que fueron omitidos arbitrariamente”, señala un comunicado que envió la agrupación, en el que también reconoce el triunfo del FURS de Henríquez “por escaso margen”.
El enigma del Instituto Simón Rodríguez
El imperio SUTE también contempla la posesión de dos ámbitos de formación educativa, un CENS para capacitar a celadores y el Instituto de Educación Superior Simón Rodríguez.
Éste es un caso paradójico por ser un ente de educación privada en un gremio que defiende la educación pública.
Es nula la información administrativa sobre el IES. Se dice que en 2015, su primer año de existencia, “todo el gasto fue del gremio”. Y que ya en su segundo año, “el aporte total fue del Gobierno”.
En el Ejecutivo negaron eso, mientras que en el sitio web del IES dice claramente que “depende del SUTE”.
En el balance sindical no hay datos explícitos de su presupuesto, ingresos ni gastos. Algunos dicen que hay rubros “implícitos”, pero sin certezas. Lo único que se pudo saber es que la cuota “ronda los 1.000 pesos” por estudiante.
“El que sabe todo eso es Gustavo Maure”, dijeron en el gremio. El ex secretario general y principal derrotado en la elección pasada (finalizó tercero) es el rector del IES, pero se excusó: “Institucionalmente corresponde que no hable con ningún medio hasta que asuma la nueva conducción”.
La nueva conducción no tiene intenciones de darle continuidad al instituto, precisamente por la contradicción conceptual. “El SUTE no puede ser patronal de docentes”, argumentó Henríquez.
